Читать книгу Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas públicas y derecho administrativo frente a la despoblación - José Luis Domínguez Alvarez - Страница 13

Como se ha subrayado al inicio de estas líneas, la inmensa mayoría de las zonas rurales españolas se han visto inmersas en un profundo proceso de despoblación, el cual está haciendo peligrar en gran medida la pervivencia de estas sociedades39. Dicho fenómeno trata de ser paliado a través de la articulación e implementación de diversos tipos de medidas económicas y sociales, enmarcadas desde hace varias décadas dentro de una paupérrima y fallida política de desarrollo rural sostenible.

Entre las causas directas de este despoblamiento del medio rural40 encontramos el importante proceso migratorio que ha provocado el desplazamiento masivo de población del campo a la ciudad, proceso que comenzó a principios del siglo pasado y ha provocado un severo vaciamiento demográfico, sobre todo en los municipios de menor tamaño. Este éxodo rural ha estado motivado principalmente por la falta de recursos económicos y de trabajo en las zonas rurales, dada su vocación principalmente agraria. Los mejores equipamientos y servicios sociales en las zonas urbanas, así como la atracción de la forma de vida imperante en las ciudades, son factores que también explican este proceso migratorio41 y, por último, el crecimiento vegetativo negativo, resultado tanto de la caída de la natalidad42 y de la tasa de fecundidad, generalizadas en nuestro país a partir de los años setenta, como del envejecimiento de sus habitantes fruto de la emigración y del aumento de la esperanza de vida43.

Si a esta problemática propia derivada de los factores sociodemográficos de las áreas rurales le añadimos la progresiva y paulatina supresión de servicios esenciales para garantizar el bienestar y la dignidad de las poblaciones del medio rural; el continuo abandono y olvido al que los diferentes poderes públicos han sometido a los territorios rurales, dejándolos al margen de las grandes políticas públicas transformadoras de la sociedad española –avances digitales, infraestructuras, fortalecimiento del estado del bienestar, etc.–; y el establecimiento de un marco normativo exacerbado, caracterizado por el desconocimiento absoluto de la realidad rural y la constitución de barreras (i)lógicas e (in)franqueables que impiden el desarrollo de cualquier iniciativa personal o profesional en este preciado entorno, entendemos buena parte de los factores que han hecho de la España vaciada un territorio yermo y enmudecido44.

Este panorama desolador se recrudece aún más en el territorio rural de algunas Comunidades Autónomas, como ocurre en el supuesto concreto de Castilla y León45, siendo una de las zonas más afectadas por la despoblación del sur de Europa. En palabras de García Sanz, esta situación se debe principalmente a dos cuestiones transcendentales46:

En primer lugar, debido a su importante tradición agraria. Las peores condiciones de vida de las zonas rurales con respecto a las ciudades, junto con la creciente demanda de fuerza de trabajo en sectores típicamente urbanos, fueron los factores que motivaron el inicio del éxodo rural. Posteriormente, la modernización del sector agrario acentuó dicho éxodo, expulsando numerosos activos agrarios hacia la industria y los servicios localizados en las ciudades. Este proceso ha sido más acusado cuanto mayor era el peso de la agricultura en la economía tradicional de las zonas rurales, tal y como sucedía en la mayor parte de los municipios de Castilla y León47.

Y, en segundo lugar, el menor tamaño inicial de sus núcleos de población. Tal circunstancia ha dificultado que en estos municipios se hayan generado las economías de escala necesarias para el mantenimiento de las actividades productivas en un mundo cada vez más competitivo. Asimismo, la distribución de la población en pequeños núcleos ha implicado que la expansión de los servicios sociales durante el pasado siglo, educación y sanidad, principalmente, haya sido muy inferior a la acaecida en los núcleos urbanos.

La coincidencia de ambas circunstancias ha motivado que en los últimos 50 años los municipios de menos de 2.000 habitantes de Castilla y León (el 95% del total de municipios de la Comunidad Autónoma) hayan reducido su población en más de un 58%. En algunas zonas específicas esta reducción ha sido mayor, e incluso algunos pueblos han sido abandonados por completo, dinámica regresiva que lejos de cesar se incrementa de forma exponencial en nuestros días48.

No obstante, conviene subrayar que la enorme despoblación que ha puesto en jaque a buena parte de los municipios que conforman el mapa del Estado español, ya que Castilla y León49 no es la única región que se encuentra en una situación de emergencia social, no solo se debe al crecimiento vegetativo de la población y al éxodo rural acentuado por la reconversión del modelo económico que nuestro país ha experimentado en las últimas décadas. En este punto conviene señalar otra serie de factores que pese a tener una menor transcendencia han contribuido a enfatizar este contexto de abandono del medio rural.

Entre estos factores podemos destacar, en primer lugar, la puesta en marcha de ambiciosos instrumentos normativos sin la correspondiente inversión presupuestaria que permita implementar las medidas aprobadas legalmente, como ocurre en el caso concreto de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, con la que se pretendía revertir la situación de olvido de las zonas rurales. Esta falta de desarrollo presupuestario ha propiciado el fin de numerosas iniciativas que tenían como objetivo primordial insuflar oxígeno en un mortecino medio rural, entre las que cabe destacar la puesta en marcha de nuevas actividades económicas como el turismo rural, la modernización y el fomento de la industria agroalimentaria o la recuperación de elementos patrimoniales, socioculturales o históricos.

La falta de coordinación y planificación a la hora de diseñar el elenco de actuaciones a desarrollar para revitalizar el medio rural por parte de las diferentes Administraciones Públicas, unido al olvido paulatino de los órganos encargados de la coordinación y el fomento de la participación en la consecución de un nuevo modelo de desarrollo territorial sostenible, sería otra de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de ponderar las causas que han contribuido al avance de la despoblación en nuestro país.

Especial atención merece también, la ausencia de un marco normativo caracterizado por adaptarse a las necesidades concretas y específicas de los pequeños y medianos municipios. Atendiendo a esta cuestión, debemos señalar el impacto restrictivo que ha tenido la aplicación de un régimen jurídico general, desprovisto en muchos casos de preceptos orientados a normativizar la realidad rural, alejada del ruido de las grandes urbes. Esta cuestión puede observarse con meridiana claridad en lo que se refiere al abundante elenco de normas medioambientales, las cuales lejos de garantizar el objeto último del Derecho Ambiental50, han terminado por convertirse en una barrera más encargada de entorpecer y dificultar extraordinariamente la puesta en marcha de nuevas actividades económicas o empresariales que contribuyan a fijar población en el medio rural. Todo ello nos permite advertir la necesidad de explorar novedosas alternativas, de la mano de la articulación de un nuevo marco regulador que contemple las necesidades específicas de las zonas rurales, flexibilizando las exigencias requeridas para proceder a la puesta en marcha de nuevas actividades económicas sin que ello suponga una merma de los estándares de protección medioambiental de las zonas más despobladas51.

Finalmente, a la hora de analizar las circunstancias que poseen una incidencia significativa en el incremento paulatino de la despoblación en el medio rural, no podemos olvidarnos del importante papel que desempeña la Unión Europea en la cuestión que nos ocupa. Si bien es cierto que la Unión Europea ha llevado a cabo una extraordinaria apuesta por potenciar el medio rural a través de la adopción de la distinguida Política Agrícola Común (PAC), llegando incluso a invertir un tercio del presupuesto comunitario total, se puede percibir con meridiana claridad la ausencia de políticas específicas alternativas que contribuyan a potenciar el asentamiento de población en el medio rural. Por ello, conviene que la Unión Europea tome conciencia de la necesidad de desarrollar con urgencia y de forma coordinada nuevas actuaciones concretas que permitan poner freno a la despoblación, para lo cual es necesario replantear incluso la concepción actual de la Política Europea de Desarrollo Rural y la Política Agrícola Común52, vinculando la misma de forma directa con la fijación de población en el medio rural, algo que en la actualidad no se produce, ya que beneficia a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas, las cuales se convierten en agentes fundamentales para llevar a cabo el asentamiento de población efectiva en el medio rural.