Читать книгу Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas públicas y derecho administrativo frente a la despoblación - José Luis Domínguez Alvarez - Страница 16

El 31 de marzo de 2019, una muchedumbre venida desde las diferentes partes del Estado español irrumpió en las calles de Madrid con la finalidad de denunciar, pancarta en mano, la constante discriminación y el abandono al que los poderes públicos habían sometido durante décadas a la España rural, frente a otra España que crece, prospera y concentra la práctica totalidad de los recursos e inversiones públicas. Surge así la Revuelta de la España Vaciada, un movimiento capaz de visibilizar el hartazgo de la población rural y de transformar el sentimiento de agonía72 y apatía latente en la mayor parte de los municipios rurales despoblados en una ola de esperanza, inconformismo y anhelos de cambio necesario para revitalizar este preciado entorno73.

Esta movilización histórica vino precedida de importantes vientos de cambio en el seno de la Administración pública, propiciados, en parte, por una variación sustancial de la sensibilidad y de la percepción del fenómeno de la ruralidad en la Administración General del Estado74. Así, el Consejo de Ministros aprobó, con fecha 29 de marzo de 2019, un importante Acuerdo sobre las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico75, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Dichas directrices plantean una Estrategia de carácter global y transversal, desde una perspectiva multidisciplinar y con la participación de todos los departamentos a través del trabajo de un grupo interministerial, incorporando una perspectiva demográfica en el análisis de las actuaciones sectoriales.

Las directrices centran la Estrategia en las tres cuestiones demográficas acordadas en la IV Conferencia de Presidentes76: despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante. Asimismo, recoge un diagnóstico de las principales variables de población en España, presentado previamente a las comunidades autónomas.

Todos los ministerios incorporan a las directrices de la Estrategia más de 80 medidas, referidas a jóvenes, mujeres, atención a la población rural, emprendedores, turismo, implantación de la Administración en el territorio o actividad económica, las cuales se agrupan en torno a siete objetivos transversales:

a) Garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020.

b) Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio.

c) Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social.

d) Avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos.

e) Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos.

f) Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir todos los territorios, sin exclusiones, en escenarios de oportunidades.

g) Alinear las líneas de acción y los propósitos de la Estrategia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

En lo que respecta a las líneas de acción prioritarias, las directrices contemplan los siguientes extremos:

1.- Afrontar la despoblación

– Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la despoblación y la baja densidad.

– Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento.

– Favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural.

2.- Afrontar los desequilibrios de nuestra pirámide de población

– Coordinar las acciones referidas a personas mayores, envejecimiento activo y atención a la dependencia en todo el territorio.

– Apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo socioeconómico de jóvenes, que garanticen el relevo intergeneracional.

– Facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad de residencia efectiva de las mujeres en el territorio.

– Garantizar las condiciones que favorezcan la crianza de hijas e hijos, y que faciliten la equiparación de la tasa de natalidad al promedio de la UE.

– Asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la infancia por ámbito de residencia.

– Trabajar, en coordinación con la UE, para canalizar una migración regular y ordenada, y su arraigo en todo el territorio.

– Facilitar la vuelta de los españoles residentes en el exterior que deseen regresar a España.

3.- Gestionar los efectos de la población flotante

– Garantizar la prestación de servicios básica para la población residente y flotante en todo el territorio.

– Asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo socioeconómico sostenible de las áreas con intensos flujos de población flotante.

Con la aprobación de las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, el Gobierno avanza en el cumplimiento del acuerdo de la Conferencia de Presidentes. Sin embargo, es urgente acelerar77 las actuaciones conducentes a la aprobación de una auténtica Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que permita afrontar con eficacia los desafíos demográficos y los desequilibrios territoriales como una Política de Estado cohesionado y compartida por los diferentes actores implicados.