Читать книгу Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas públicas y derecho administrativo frente a la despoblación - José Luis Domínguez Alvarez - Страница 6

El título de la obra de Marco Terencio Varrón (de cuya villa en Cassinum podría contarse una inmensa historia que llega hasta la destrucción final de la abadía benedictina en la segunda Guerra Mundial, y su reconstrucción en los años sesenta del pasado siglo) me sirve como referencia para iniciar esta nota. Varrón escribe cuestiones de técnica agrícola, para agricultores, en un mundo agrícola que pervivirá largo tiempo. Pero hablar hoy del mundo rural es, ante todo, hablar de las personas, de la vida rural de las personas que han optado por ese modo de vida.

Desde mediados del siglo anterior “lo rural”, las cosas rurales, han estado en más o en menos (muchas veces en menos) en la órbita política. Basta recordar aquella España de los Planes de Regadío, de la colonización y las Zonas de ordenación de explotaciones, después sustituida ya en terminología europeo-comunitaria, por la temática de la modernización técnica y ambiental de las explotaciones, y finalmente por el desarrollo rural de los años 80. También en la órbita jurídica, lo agrario y rural ha tenido su propia trayectoria, aunque el tratamiento que se impuso resultó finalmente ser el ecológico y no el económico inicial.

Cierto que la dimensión territorial que quiso darse a todas las políticas europeas desde 1988 con la reforma de los Fondos Estructurales, la instauración de un Fondo propio de desarrollo regional (FEDER) y la formulación del desarrollo rural como un “segundo pilar” de la PAC, parecía abrir una completamente nueva política, que tuvo en la Declaración de Cork y en el Reglamento (CE) 1257/1999 (desarrollo rural) su mejor expresión. Pero ya en la vinculación ambiental de la reforma de la PAC de 2003 y finalmente en Reglamento (CE) 1698/2005, es apreciable el marcado signo ambientalista con que se contempla los ámbitos rurales.

El carácter transversal de la política ambiental y la formulación en los Tratados del desarrollo sostenible, apuntaban a que se acentuaría la preeminencia de esta visión. La creación de la Red Natura 2000, y las Directiva 92/43/CE (hábitats) y 2009/147/CE (aves), serian solo la punta de lanza inicial. De la concepción de una agricultura multifuncional, se pasará inmediatamente a una condicionalidad medioambiental, enseguida, a la protección de la biodiversidad e inmediatamente, a la preocupación climática (la reglamentación de cambios de usos del suelo, Reglamento (UE) 2018/841). La estrategia de la granja a la mesa, [COM(2020)381] termina por situar el ámbito rural como una suerte de granja medioambiental, es decir, como dador (pero no proveedor o contraparte en un intercambio comercial) de bienes y servicios ambientales gratuitos.

El valor de los territorios no urbanos queda reducido, tras las profundas alteraciones demográficas de todo un siglo, a la de proveedor de ocio para el mundo urbanita, suministrador de biodiversidad y parajes de naturaleza y valor medioambiental. Vivir del campo se transforma en una ocupación desarraigada, económicamente incierta (al menos en España, donde es patente que la política de conformación de la oferta agrícola-ganadera no ha evolucionado al ritmo de la demanda) y vitalmente discriminatoria: los territorios no han sido equipados para ofrecer el sustento de una residencia permanente, y su falta de servicios, sus carencias de equipamientos (por ejemplo, los culturales) su misma identidad, solo recientemente han comenzado a ser reivindicadas.

El fenómeno afecta por igual a todos los territorios rurales, pero se deja sentir con especial fuerza en aquellos donde no fue posible mantener un sector primario activo y competitivo en la cadena alimentaria. Esa consecuencia fue resultado de diversas razones, y entre ellas la inadecuación de los suelos, la falta de capitales, la mala estructura de la propiedad de las explotaciones, la carencia de estructura en la oferta. La pobre agro-ganadería de subsistencia apenas pudo acomodarse a un contexto diferente al de la primera mitad del siglo pasado y hace tiempo que ofrecen una perspectiva no muy lejana a la de territorios asilvestrados, abandonados, (donde ahora sí, cierta biodiversidad prolifera) en abierta oposición a la dinámica de núcleos centrales, ya sean nacionales o regionales.

Se suele enfatizar en este punto del discurso más habitual, la dinámica de la emigración interior de la segunda mitad del siglo pasado hacia los centros industriales de Europa primero después de la propia península ibérica. Pero, si bien se piensa, ¿de dónde surgieron esos miles de médicos, enfermeras, arquitectos, físicos, educadores, ingenieros, farmacéuticos, veterinarios y clases medias profesionales que hoy son componente esencial del Estado del Bienestar en el Reino de España? ¿acaso los hemos importado de las mejores academias francesa, italianas o inglesas? ¿son hijos, en su mayor parte, de las clases medias urbanas tradicionales? No lo creo.

Tras el relato común de la despoblación y el abandono de lo rural, hay también, aunque no siempre sea visible, una historia demográfica de movilidad social en la que el empleo industrial y, fundamentalmente la, educación, desempeñaron un papel esencial. Nietos y bisnietos de la España campesina de los cincuenta son hoy muy competentes biotecnólogos que han cursado parte de su formación en los más envidiados centros mundiales, y como puede relatar cualquiera medianamente atento, no son pocos los ejemplos (no es una cuestión aislada ni puntual) de hijos de la España vaciada que se desempeñan con éxito en el Massachussets Institut of Technology, en Airbus, en Google, o en cualquiera de los Max Planck Institutes. Es el precio que pagamos por lo que tantas veces se lamenta como despoblación interior, sin perjuicio de que esta se vea también afectada por una demografía que responde plenamente a patrones occidentales.

La verdadera cuestión es la de qué futuro ofrecer a quienes, residentes de un territorio antes asistido ambientalmente por su presencia y sus formas tradicionales de relacionarse con el medio (el laboreo y la silvicultura tradicional, el pastoreo extensivo, los sistemas de rotación de cultivos, la autoproducción artesanal y la asistencia de ciertos fondos PAC), han optado por mantener su presencia en un entorno productivo, económico y normativo que ha sido esencialmente alterado desde patrones urbanos.

El agricultor medio europeo gana actualmente en torno a la mitad que el trabajador medio en el conjunto de la economía de la UE, según los indicadores de contexto de la PAC sobre renta empresarial agraria. Y, no obstante, sobre él se quiere hacer pesar en buena medida el cumplimiento del Pacto Verde, que ha sido interpretado por el Parlamento Europeo como el eje del paquete de recuperación y reconstrucción frente a la crisis de la COVID-19. La futura Ley Europea del Clima [COM(2020)80], y la Propuesta de Reglamento Ley Europea del Clima [COM(2020)563], pese a sus reiteradas apelaciones a la transición justa hacia la neutralidad climática, y aunque reconoce los incrementos de productividad sostenidos del sector agrícola-ganadero y la significativa reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (20% sobre el año base) todavía pide a la agricultura un esfuerzo adicional. Pese a que se afirma que los edificios y el transporte son, junto con la industria, los principales consumidores de energía y la mayor fuente de emisiones, se insiste [COM(2020) 562], en achacar a ese sector parte importante de la actual reducción del sumidero de carbono de la UE.

Sobre estas bases se propone incrementar y generalizar la captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas y la certificación de las absorciones de carbono. Una ruralidad de la captura del carbono:

“Otro paso para aumentar las absorciones puede pasar por incorporar las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura distintas del CO2 al sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, y crear un nuevo sector regulado que abarque la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra. Este último tendría potencial para convertirse rápidamente y de forma rentable en climáticamente neutro en torno a 2035 y, posteriormente, generar más absorciones que emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, se requiere un nuevo enfoque político que i) establezca objetivos y parámetros de referencia nacionales y subsectoriales, ii) genere flexibilidad en toda la UE garantizando incentivos rentables y movilice los recursos financieros necesarios, y iii) desarrolle la certificación de las absorciones de carbono. Una iniciativa de la UE para la captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas en el marco del Pacto por el Clima demostrará y promoverá estos nuevos modelos de negocio. Con el tiempo, la Comisión cree que realmente merece la pena crear un sector de la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra con un marco político específico propio que englobe todas las emisiones y absorciones de estos ámbitos y se convierta en el primero en alcanzar la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (…)”1.

Quizá no se perciba la importancia de reformular ese único sector regulado en el que se incluyan conjuntamente la agricultura, la silvicultura, el uso de la tierra y los cambios de uso a efectos de cálculo de emisiones. Pero la posibilidad, para un Estado miembro, de computar e incluir en su compromiso de reducción de emisiones, conjuntamente las tierras agrícolas y sus cambios, los terrenos forestales y deforestados, los humedales, y los pastos gestionados o no, debería permitir valorar (y certificar) la aportación a la reducción de emisiones de la mayor parte de lo que hoy consideramos “terrenos abandonados” que, por no constituir bosque o terrenos forestales, o humedales, o tierras agrícolas, no se toman en cuenta, aunque realicen una importante misión de captura de carbono. Captura que puede mejorarse mediante prácticas y actividades humanas (pero nótese, prácticas no necesariamente agrícolas o forestales) si esa posibilidad de captura de carbono se pone en valor. La posibilidad de que la aportación al sumidero de carbono pueda ser certificada es ya un primer paso. Y quizá la idea triunfe, pero para ello, hace falta solucionar algunos conflictos o patologías que el Derecho público ha introducido en el mundo rural.