Читать книгу Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas públicas y derecho administrativo frente a la despoblación - José Luis Domínguez Alvarez - Страница 4

Francesc Boya Alós

Secretario General para el Reto Demográfico

Vicepresidencia Cuarta del Gobierno

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Aunque sea una idea repetida, vivimos un momento de crisis y de cambio. Una crisis marcada por elementos coyunturales, como es la pandemia originada por el coronavirus, pero también con aspectos estructurales, desajustes sistémicos del modelo de crecimiento económico y de desarrollo territorial.

España ha avanzado en las últimas décadas a partir de un modelo de dos velocidades, que opera de manera diferente en las áreas urbanas y en el medio rural. Un modelo que ha polarizado las actividades económicas, la creación de riqueza, y la población, concentrándose en un número cada vez más reducido de zonas urbanas, mientras la mayor parte del interior y el conjunto de las áreas rurales se han visto muy afectadas por un proceso continuo de despoblación y de declive socioeconómico.

Si la evolución general y el crecimiento de algunas áreas pudo explicar un modelo que quebraba la funcionalidad y las opciones de la mayor parte de nuestro territorio, ni la situación actual ni, sobre todo, las perspectivas de futuro justifican persistir en él. La pandemia ha puesto de manifiesto que la situación actual genera condiciones que no son positivas ni para las grandes áreas urbanas, afectadas por la desigualdad y la precarización socioeconómica, la inviabilidad del sistema urbano, y la exposición a los efectos más nocivos de la crisis ambiental, ni mucho menos para las áreas rurales, castigadas por el largo declive demográfico, la falta de oportunidades y la creciente pérdida de calidad de vida. ¿Tiene sentido perseverar en un modelo que impide la cohesión social y territorial y que, por ello, afecta a nuestro modelo de convivencia, y, si no se aborda de forma urgente, puede poner en cuestión los principios democráticos sobre los que se asienta nuestra sociedad?

Es el momento de afrontar la cohesión territorial como uno de los grandes objetivos de nuestro país, con un claro sentido de estado. Hemos de aprovechar que se alinean tres grandes impulsos: desde el territorio, desde la cultura y la opinión pública, y desde la acción política. Si es un tiempo de crisis, también es un tiempo de oportunidades.

Poner la cohesión territorial en el centro de las políticas públicas exige repensar toda la acción realizada hasta este momento, y también implica evitar en el análisis y en la acción muchos tópicos o lugares comunes. El medio rural no está abandonado, aunque se haya sentido abandonado. No está vacío, ni vaciado, aunque haya visto inmerso en un proceso de despoblación y de pérdida de actividad económica y de servicios. Tiene futuro, pero ve que cada vez hay menos oportunidades. Forma parte de la solución, pero para ello han de abordarse sus problemas con actuaciones adaptadas a cada realidad concreta. No es lo opuesto a las áreas urbanas, sino que son dos conceptos unidos a un mismo modelo de desarrollo, orientados a un futuro cada vez más híbrido.

Si se han llevado a cabo numerosas políticas públicas en el medio rural, si ha habido numerosos planes para impulsar el futuro de estos espacios, cabe preguntarse qué puede cambiar ahora, hacia dónde se deben orientar las políticas públicas para alcanzar los objetivos esperados en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

Precisamente, el reto demográfico supone cambiar el foco y poner en el centro ya no el desarrollo rural, sino la cohesión social y territorial, en línea con la reflexión y la acción pública que se está llevando a cabo en otros países del entorno –Francia, Italia, Portugal, entre otros–, de los que hemos de aprender y con los que se han de poner en marcha iniciativas y análisis comunes.

El objetivo del reto demográfico es la igualdad de derechos y oportunidades de las personas, vivan donde vivan, en las áreas urbanas y en las zonas rurales. En el contexto socioeconómico actual, resulta imposible generar dinámicas de desarrollo que inviertan las tendencias económicas y demográficas, si previamente no se ha puesto a la cohesión social y territorial en el centro. Sin cohesión no habrá desarrollo rural, o el desarrollo rural no será capaz de revertir los desajustes en términos de fijación de población, de creación de oportunidades para jóvenes o mujeres, de bienestar social, de igualdad de rentas, etc.

En este proceso, es fundamental que las políticas públicas pongan al medio rural en el centro, pero no de forma genérica, sino desde la singularidad de estas áreas. Sabemos que no es sencillo, teniendo en cuenta las condiciones de partida de los pequeños municipios, de las zonas rurales, y más en un contexto de crisis.

Pero también es el momento de aprovechar las oportunidades económicas, sociales y políticas que convergen, y avanzar en, al menos, cinco objetivos básicos:

Garantizar la existencia de las infraestructuras indispensables y una adecuada prestación de servicios básicos. Sin una adecuada conectividad física y digital, sin un marco energético adaptado a la transición ecológica, sin el acceso universal a unos servicios públicos de calidad, en condiciones de equidad, será imposible una convergencia en términos de calidad de vida y cohesión territorial.

Adaptar la legislación y el marco normativo a la especificidad de las áreas rurales, y de los pequeños municipios. Debemos crear marcos legales que incorporen de facto la perspectiva demográfica, y se adapten a la singularidad de nuestras áreas rurales, favoreciendo el impulso y el liderazgo político de los ayuntamientos y las diputaciones, y facilitando que las iniciativas socioeconómicas se adapten a las condiciones geográficas, sociales, culturales, etc. del medio rural.

Generar políticas que faciliten la fijación de población y el desarrollo de proyectos personales, familiares y profesionales, especialmente para mujeres y jóvenes. Es imprescindible reformar la formación básica y profesional en las áreas rurales, que faciliten el emprendimiento y la empleabilidad de los jóvenes en el propio territorio; es necesario garantizar en las áreas rurales la conciliación y la corresponsabilidad que permita una más plena e igualitaria incorporación de la mujer al mercado laboral; y han de crearse las condiciones que faciliten el acceso a la vivienda en los pueblos, impulsando procesos de rehabilitación y la promoción de un mercado de alquiler de vivienda pública.

Diseñar procesos de desarrollo basados en la inteligencia y la innovación desde el territorio. Ninguna política pública que aborde el reto demográfico alcanzará los objetivos deseados si no se asienta en un proceso de impulso socioeconómico de abajo a arriba. Y ningún proceso de desarrollo será sostenible y de futuro si, en estos momentos, no incorpora en su definición y su proceso la innovación como fundamento, y la inteligencia y el talento del territorio como recurso primario. Las políticas públicas deben acompañar y garantizar las condiciones para que los territorios definan sus propios procesos de desarrollo, sin que sirvan recetas preestablecidas.

Construir un nuevo relato de la ruralidad, o, más bien, de las ruralidades, que, basado en la cultura y el patrimonio heredado, permita enlazar con los nuevos paradigmas de desarrollo y que incorporen el cambio climático, la transición ecológica, la digitalización, la descarbonización, y la creación de comunidades locales sostenibles.

La despoblación, el abandono, el declive territorial no son procesos casuales ni son el signo de los tiempos; son el resultado de políticas con impacto en el territorio durante décadas.

El reto demográfico, frenar y revertir el proceso que lleva al declive, al abandono y a la desesperanza de los ciudadanos en su territorio, exige tomar decisiones. Es hacer política, en el sentido más pleno del término, el de orientar el gobierno de un territorio y de las personas que lo habitan para alcanzar un objetivo superior: el de la cohesión social y territorial, el de la igualdad de las personas, vivan donde vivan.

El proceso no va a ser sencillo. Supone virar un rumbo marcado desde hace décadas, diseñar políticas de otra forma, y evaluar el resultado de las acciones que se vayan realizando. Habrá aciertos y habrá errores, que deberán minimizarse pero no obviarse. Entramos en terrenos desconocidos, y deben ser recorridos desde la coherencia política, el conocimiento científico y la evaluación sistemática.

E implica nuevas formas de gobernanza. Necesita de la cooperación de todos los niveles de la administración, en un ejercicio de coordinación de iniciativas, de asunción de responsabilidades y de colaboración horizontal y vertical que no sólo sea nominal, sino que se traduzca en acciones concretas día a día.

Y, a la vez, la nueva gobernanza requiere un empoderamiento de abajo a arriba, fortaleciendo el principio de subsidiariedad. Es muy difícil que un proceso de desarrollo revierta la despoblación si no viene de abajo, si no es liderado por las administraciones locales, y si no genera un liderazgo social que movilice el talento y los recursos existentes en el territorio. Es la base que sostendrá una colaboración público-privada rica y simbiótica para la sociedad y el territorio.

Es el momento: lo demanda la sociedad, contamos con los medios, y existe una voluntad política general. Este cambio habrá de durar décadas y deberá avanzar en una probable alternancia de opciones políticas. El medio rural necesita políticas que garanticen su futuro, con impacto a corto plazo y visión a largo plazo.

El futuro de nuestro medio rural, de las personas que habitan y trabajan en nuestros pueblos, es también el futuro de nuestro país, y de las generaciones próximas. Solo así se avanzará de manera efectiva en la cohesión social y territorial, y se cumplirá con el mandato superior de nuestro ordenamiento constitucional de la igualdad.