Читать книгу La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y regulatorio de las finanzas sostenibles - José María López Jiménez - Страница 55

En la exposición de motivos se explica que las obligaciones que se asumen en la ley forman parte de aquellas asumidas en el acuerdo de París de 2015 adoptando los acuerdos de París de la 21ª conferencia de las partes de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Las conclusiones del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPC) también establece Como objetivo las medidas para no superar en 1,5 °C los niveles de temperatura preindustrial este aumento se produciría entre 2030 y 2052 según lo indicado en dicho informe. Por ello la ley establece que la próxima década es crucial para preservar estos niveles y por tanto actuar a corto plazo dentro de una estrategia más amplia. Esto supone, mejorar las acciones y el planeamiento, De cara a paliar los riesgos asociados a la vulnerabilidad frente a cambios del clima y evitar inversiones costosas en dicha materia.

Según lo indicado en el propio preámbulo “retrasar decisiones supondría asumir más riesgos, más costes y más injustamente distribuidos y renunciar a oportunidades de modernización de nuestra economía y de nuestra sociedad, poniendo en riesgo objetivos fundamentales para la seguridad nacional”. Es precisamente en los planes de seguridad nacional en los que se va a ver reforzada la actuación en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, siguiendo así en la línea de lo establecido en legislaturas anteriores.

Lo que se pretende con esta ley, en línea con las reglas desarrolladas en el acuerdo de París de 2015, es marcar una agenda de desarrollo sostenible y también de transformación del modelo económico a través de un nuevo contrato social en materia de cambio climático y energía. Este punto ha sido controvertido en la evaluación de la ley puesto que supone una intrusión sin precedentes en la libertad de la empresa privada y del individuo. Pese a ello, se supone que los acuerdos de París son una manera universal de concretar objetivos globales de manera compartida. Estos objetivos, además de mantener la temperatura, pretenden promover una homogeneidad de flujos financieros alineados con el aumento de la resiliencia ante fenómenos climáticos extremos. Esto quedó reflejado en la vigésimo cuarta Conferencia de las Partes de la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP24) que se celebró en diciembre de 2018 en Polonia punto y seguido. Para nosotros 2020 es un año crítico para la implementación de los citados acuerdos ya que, en este contexto, La Unión Europea estableció unos objetivos para la reducción de gases de efecto invernadero en un 40% con respecto al año 1990 en una década. Todo ello, queda reflejado en la nueva documentación aportada sobre el pacto verde europeo coma en el que se estima una voz movilización de inversiones por encima de los 180.000 millones de euros coma de los cual es la gran mayoría provendrá del sector privado. Esto queda reflejado en el reglamento sobre taxonomía de la Comisión Europea.

Todo lo anterior obliga a la limitación de emisiones con una repercusión directa en diversos sectores económicos e industriales qué coma a su vez coma variarán los patrones de consumo a medio y largo plazo. En el caso español indicado en la ley, se intenta regular a través de la intensidad energética primaria de la economía para que mejore en un 3,5% cada año hasta 2030; esto supone que el consumo energético ha de ser acordé al PIVE y qué, si se reduce este último, el consumo lo de hacer de manera proporcional, del mismo modo que si aumentase el consumo debería aumentar en menor medida punto y seguido este es el famoso objetivo que persigue la Comisión Europea para desacoplar crecimiento económico y emisiones punto y seguido el problema fundamental qué puede surgir, es pretender que la reducción de la intensidad energética se realice en detrimento del producto interior bruto. En el caso español, dada la alta dependencia energética que poseemos el principal problema puede provenir de la dependencia tecnológica; es decir, si no apostamos por industria y propiedad intelectual con relación al crecimiento verde podemos generar una dependencia tecnológica superior a la dependencia energética actual conllevando una reducción neta de la competitividad económica de nuestro país. Con esta ley, se pretende aumentar el empleo neto entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo indicado, lo que no sé refleja en la estimación de la potencial pérdida de empleo o si éste es cualificado o sin cualificar punto y seguido pese a ello, se pretende que los objetivos de reducción de misiones sean previsibles para crear un marco jurídico estable tanto inversores como a reguladores.