Читать книгу La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y regulatorio de las finanzas sostenibles - José María López Jiménez - Страница 64

Instigado por la gran visión del economista e industrial italiano, Aurelio Peccei, se crea en 1968 el Club de Roma55. En 1972 encarga al Instituto de Tecnología de Massachusetts el informe “Los límites al crecimiento”56, que establece una serie de simulaciones para concluir qué sin variaciones en las tendencias demográficas, en la explotación de recursos naturales, en la producción de alimentos y sobre una industria crecientemente contaminante, la tierra no resistirá el crecimiento.

Esta primera ruptura con el modelo fordista57 es el antecedente directo de la primera Cumbre de la Tierra, qué en 1972, bajo los auspicios de Olaf Palme y Naciones Unidas, enuncia los principios para preservar y mejorar el medio humano.

Veinte años después, un grupo de investigación, de nuevo bajo la coordinación de Donella Meadows, introduce datos actualizados en el mismo modelo informático (Word3) para dar lugar a una nueva versión recogida en el informe “Más allá de los límites del crecimiento”58.

El estudio revela que “A pesar de las mejoras tecnológicas del mundo, la mayor conciencia, las políticas ambientales más firmes, muchos flujos de recursos y de contaminación habían crecido más allá de sus límites sostenibles”. Para concluir: “La transición a una sociedad sostenible requiere un cuidadoso equilibrio entre los objetivos a largo y a corto plazo y más énfasis en la suficiencia, la equidad y la calidad de vida que en el monto de la producción”.

Ese año de 1992 también acoge la segunda Cumbre de la Tierra, más conocida como La Cumbre de Rio. En la misma, se completan los principios la Declaración de Estocolmo y, lo más importante, se crea el marco conjunto de actuaciones para afrontar globalmente las amenazas sobre el planeta.

De la declaración de Rio nace oficialmente el término “Desarrollo Sostenible”, y la Agenda 21 para su implementación, cuyos paulatinos ajustes dan pie a la definición en 2000 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que marcan una profunda agenda social para el periodo 2000-2015, reforzada mediante un plan de acción en la Tercera Cumbre de la Tierra, celebrada en 2002 en Johannesburgo.

Su principal propósito se centra en erradicar la extrema pobreza y aliviar el hambre y sus logros vienen en buena parte explicadas por las altas tasas de crecimiento registradas en las economías emergentes, eximidas de los objetivos de reducción de emisiones.

En paralelo, a partir del acuerdo en 1999 en el marco del Foro Económico Mundial59, se crea en 2000 el Pacto Mundial de Naciones Unidas60, iniciativa por la sostenibilidad corporativa para “alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universales de gestión ética inspirados por las declaraciones y convenciones universales sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente, y lucha contra la corrupción”.

Lo componen más de 11.000 empresas con origen en 156 países que, de forma voluntaria y en base a sus programas de responsabilidad social corporativa (RSC), constituyen el referente internacional para facilitar la contribución del sector privado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que marcan a partir de 2015 la Agenda 2030.

En términos más específicos, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, según su acrónimo en inglés) ve la luz en 1988 en el seno de Naciones Unidas, con el propósito de evaluar de forma periódica las evidencias científicas disponibles sobre el cambio climático. Su primer informe data de 1990 y el quinto de ellos, publicado en 2015, da pie al Tratado de Paris sobre cambio Climático, sellado en diciembre de 2015.

Entre ambos, se sitúa el protocolo de Kioto. Aunque adoptado en 1997 en la Conferencia anual sobre Cambio Climático (COP 3) su entrada en vigor se retrasa hasta 2005. Para el quinquenio 2008 y 2012, se marca el objetivo de reducción de un 5%, como promedio, de las principales emisiones que contribuyen al efecto invernadero. Lamentablemente, EEUU, el país más contaminante hasta que en 2005 toma el relevo China, nunca suscribió el protocolo.

La Unión Europea hizo bandera de los sucesivos compromisos de reducción de emisiones, pero algunos países, como España, incumplieron su parte, ignorando el hecho de que fuera jurídicamente vinculante.

Para dar continuidad a los insuficientes compromisos de reducción de emisiones, en diciembre de 2012 se suscribe in extremis la enmienda de Doha (COP 18), aumentando de cara a 2020 el compromiso de reducción de emisiones a un 18%. La meta consiste en no superar los 2˚C en el aumento de la temperatura global, respecto al nivel preindustrial (se fija el año 1880).

Si el quinto informe del IPCC arrojaba cifras muy inquietantes, el informe especial de 2018 indica que superar los 1,5˚C es suficiente para provocar grandes impactos de consecuencias impredecibles. A su vez advierte que “limitar el calentamiento global a 1,5°C requeriría transiciones rápidas y de gran calado en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Las emisiones netas mundiales de CO2 de origen humano tendrían que reducirse en un 45% para 2030 con respecto a los niveles de 2010, y seguir disminuyendo hasta alcanzar el “cero neto” aproximadamente en 2050”.

Paradójicamente, hasta octubre de 2020, la enmienda de Doha no ha podido entrar en vigor, por la insuficiencia de países adherentes (el umbral se fijó en 144).