Читать книгу La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y regulatorio de las finanzas sostenibles - José María López Jiménez - Страница 90

En materia de planificación macroeconómica, los aspectos climáticos han sido habitualmente ignorados en favor de otros predominantemente financieros, tales como el PIB, la inflación o la tasa de paro que, son más fácilmente estimables a través del desarrollo de modelos predictivos tradicionales (construcción de modelos regresivos en atención a datos históricos). A pesar del enorme reto que supone predecir los riesgos climáticos, la tendencia actual va dirigida a incluir el factor climático en los procesos de planificación (financiera, presupuestaria, de riesgos), sin perjuicio de que sea a través de criterios y herramientas más cualitativas a las que estamos habitualmente acostumbrados en el mundo financiero. Los riesgos físicos y de transición relacionados con el cambio climático, suponen una especial amenaza para el buen funcionamiento del sector financiero, que corre el peligro de verse contagiado rápidamente por la multitud de frentes del impacto, ya que, potencialmente puede afectar a cada agente económico y al valor de cada activo. El BCE entiende que los canales de transmisión de los riesgos climáticos hacia el sector financiero comprenden fundamentalmente dos aspectos.

En primer lugar, se considera que el cambio climático puede suponer un riesgo físico capaz de afectar directamente a la estabilidad financiera, tanto a través del daño material a los activos físicos como en el empeoramiento de las condiciones laborales, suponiendo una menor productividad del factor trabajo. Los compromisos e indemnizaciones establecidos en los distintos productos de seguros se verán fuertemente expuestos, sobre todo aquellos orientados a cubrir el daño sobre activos físicos (hogar, incendios, etc.) y a cubrir perturbaciones en la prestación de servicios. Por otra parte, tanto la generación de pérdidas y destrucción de capital junto con la menor renta de los particulares puede traducirse en un aumento del riesgo de crédito, variable fundamental para la supervivencia del sector bancario. De materializarse dichos riesgos físicos se puede dar un impacto relativamente rápido en las provisiones en los balances del sector bancario, a través de la caída del valor de los colaterales y demás activos en balance.

En segundo lugar, los mercados pueden verse negativamente afectados por el riesgo de transición, en cuanto a la diferente dinámica y velocidad con la que se lleve a cabo la reconversión necesaria para ajustar la economía a las exigencias de una economía con bajas emisiones de carbono. El riesgo de transición se materializa cuando las políticas de mitigación, los avances tecnológicos o los cambios en la opinión pública dan lugar a revisiones en el valor (normalmente de manera abrupta) por parte de los participantes en los mercados financieros. Potencialmente se podría traducir en un abrupto incremento del riesgo por las distintas formas en que cada nación pueda desarrollar sus distintas políticas de mitigación. Un cambio brusco e inesperado en la política gubernamental o una mayor disrupción tecnológica en materia de energías renovables podría provocar un alejamiento muy rápido de los combustibles fósiles, con repercusiones divergentes en los distintos sectores (aviación, automóviles, energía). Dicha situación, supondría un contagio inmediato al sector financiero por la generación de los stranded assets comprometiendo fuertemente la capacidad de repagar las deudas en los sectores más afectados y con el consecuente efecto arrastre al resto de la economía. Por otra parte, el propio desarrollo y materialización de dichas catástrofes, puede empujar hacia la toma de decisiones más drásticas. Por ejemplo, el cambio radical tomado por parte del gobierno alemán, en materia de política energética nuclear tras los incidentes de Fukushima en 2011.

A todo lo anterior cabe incorporarle un riesgo adicional por paradójico que suene a priori. Las propias políticas y acciones de los bancos centrales, los supervisores y el refuerzo de las regulaciones y estándares sostenibles a cumplir, pueden acabar siendo tan estrictos que acaben contribuyendo al incumplimiento financiero e impago en el mercado de crédito. Todo esto podría dar lugar a que una reasignación abrupta en inversiones bajo los criterios ESG, reforzadas por el efecto adverso reputacional de seguir contribuyendo a actividades “marrones”, que ocasione un endurecimiento en las condiciones financieras para las empresas altamente dependientes de las actividades del carbono que podría provocarse una suerte de “momento Minsky climático” (Mark Carney, 2018). Mediante dicha expresión, los analistas se han referido al momento en que los inversores presentan una situación de endeudamiento en la que, para atender a sus necesidades de financiación más inmediatas, recurren a la venta acelerada de sus inversiones más rentables comprometiendo su rentabilidad futura y, por tanto, transformando un problema de liquidez en uno de solvencia y viabilidad. Dicha situación, pretende ser evitada a toda costa por parte de los Bancos Centrales, ya requiere de enormes inyecciones de liquidez ocasionadas por su alta demanda en los mercados financieros.

Por otra parte, de darse el caso de la aparición de los stranded assets la situación estaría lejos de ser pacífica, pues será una fuente enorme de generación de ventajas y amenazas competitivas alterando las reglas de juego y el level playing field (es decir, la igualdad de condiciones). La discriminación entre industria y servicios dependientes de fuentes de energía emisoras de gases con efecto invernadero (“brown assets”,” activos marrones”) y unos limpios (“green assets”, activos verdes) puede polarizar a la sociedad generándose una combinación de factores proclive al conflicto social, que obstaculice el despliegue de medidas a través de un fuerte movimiento anticambio climático. El posible conflicto y resistencia social hacia el nuevo modelo y la transición, es un dato clave que también debe ser tenido en cuenta a la hora de identificar las posibles barreras a la transición energética pues condiciona el avance en la implementación de medidas y la posibilidad de conseguir los compromisos nacionales establecidos en el Acuerdo.

Entre los ejemplos más recientes nos encontramos la revuelta de los “chalecos amarillos”, que tomaron las calles de toda Francia ante el denominado “plan de transición ecológica” propuesto por Emmanuel Macron, cuya principal medida consistía en subir el precio del combustible. Por su mayor incidencia en los trabajadores de las zonas rurales la medida fue criticada por su carácter elitista, acabaron formando parte de un movimiento más amplio contra la desigualdad social. La experiencia anterior nos trae dos conclusiones claras. La primera, es que a menudo tanto el impacto del cambio climático como las medidas para mitigarlo, inciden de forma distinta en los agentes. La segunda, la difícil problemática que supone el reparto de costes sociales generados por la externalidad de la industria “marrón”.