Читать книгу La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y regulatorio de las finanzas sostenibles - José María López Jiménez - Страница 99

Más allá del debate público acerca de la consideración del problema climático como un bien común digno de tutela, a la vista de la complejidad del problema es necesario estudiar y coordinar nuevos mixes y combinaciones de políticas tales como la fiscal, monetaria, prudencial y contable así como otras relacionadas con la inversión en infraestructuras y tecnología, fundamentales para la transición del modelo productivo. A pesar de la rápida expansión de la literatura que apunta a una mejor coordinación entre la regulación fiscal, monetaria y prudencial, los argumentos esclarecedores sobre la combinación óptima de políticas para hacer frente al cambio climático siguen siendo escasos. Sin embargo, cabe destacar que los instrumentos fiscales, como el establecimiento de un impuesto al carbono suelen ser considerados como unos de los mayores catalizadores a la hora de acelerar la transición, mientras que los instrumentos prudenciales y monetarios pueden ser útiles en su carácter limitado de apoyo y complemento.

La incorporación de los costes sociales del cambio climático constituye uno de los temas más discutidos en materia económica, cuya principal medida tendría como resultado la implementación del impuesto sobre el carbono. Dicho gravamen se corresponde con la subtipología de impuestos pigouvianos (“Pigovian Carbon Taxes”), característicos porque su finalidad no es meramente recaudatoria, sino que pretende corregir una externalidad negativa. En este punto, hay cierto consenso entre los economistas en que tal imposición haría aflorar los “costes ocultos” del cambio climático, poniendo precio al coste social generado por parte de las empresas más intensivas en consumo de energías fósiles. De esta forma, el incentivo sería ir migrando paulatinamente hacia una economía “descarbonizada” con las reformas necesarias para conseguirlo, con el contrapeso adecuado para no tensar demasiado la cuerda de la estabilidad financiera.

Para que las acciones y políticas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático sean eficaces, los Bancos Centrales necesitan coordinar sus esfuerzos con una amplia variedad de medidas que deben ser implementadas por parte de otros participantes como gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidad internacional. Mediante el programa de las Cinco C´s se pretende llamar a la acción a multitud de agentes, pues los cambios estructurales lo requieren. Sin embargo, se pone el foco de atención en las medidas que deberían ser coordinadas con otros poderes públicos con los que se debería iniciar el diálogo, como los gobiernos nacionales. A pesar de que la importancia de canalizar la inversión sostenible no deja de ser una tarea complementaria a las políticas fiscales y de inversión estatal (adaptación de infraestructuras, transportes, etc.) para el desarrollo de la tecnología y medios que permitan la transición energética hacia un modelo no dependiente del carbono. El sector público habitualmente se encuentra en mejor posición para el fomento de las inversiones en I+D para las tecnológicas de reciente adopción y con inciertos resultados en el largo plazo. En este sentido y en línea con las disposiciones anteriores, se buscaría que la acción gubernamental “predicara con el ejemplo” más que hiciera una plena cobertura de los riesgos climáticos en sus planes de acción. Las inversiones públicas para la transición hacia un bajo nivel de emisiones de carbono supondrían, por un lado, la captación de la atención hacia la reevaluación y reconsideración de los riesgos climático y, por otro, servir de impulso para la próxima gran innovación tecnológica, con estímulo tanto para la inversión pública como privada.