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Más allá de las obligaciones internacionales y las violaciones de derechos humanos

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Una parte importante de la literatura sobre derechos humanos se ha enfocado en el nivel de cumplimiento de los Estados de sus obligaciones internacionales (Risse, Risse-Kappen, Ropp y Sikkink, 2013; Simmons, 2009). Esto no es casual. Después del fin de la Guerra Fría, y sobre todo de la Conferencia de Viena de 1993, el desarrollo y comprensión de estos derechos adquirió un matiz internacional insoslayable. No llama entonces la atención que en las últimas tres décadas una parte del esfuerzo intelectual sobre el tema se haya enfocado en identificar los factores y procesos que contribuían a que los Estados moldearan sus conductas de acuerdo con estos compromisos. América Latina no es la excepción.

Este énfasis tiene varias implicaciones. La más importante es que los derechos humanos se han considerado un sinónimo de los acuerdos plasmados en los tratados internacionales al respecto (Landman, 2005b) y, por tanto, gran parte de la investigación se ha dirigido al nivel de cumplimiento de los Estados con tales obligaciones (Hillebrecht, 2012), y más recientemente al potencial transformador de estas últimas (Hopgood, 2013; Sikkink, 2017).

Así, el foco es la conducta de los Estados y no las condiciones de vida de las personas, aunque en forma creciente se problematizan los “resultados” de los derechos humanos agregando en la ecuación el nivel de disfrute de estos por las personas distinguiéndolo del cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados (Fukuda-Parr, Lawson-Remer y Randolph, 2015).

Los resultados del estudio de los casos de México, Ecuador y Uruguay son elocuentes respecto de la diversidad de concepciones sobre derechos humanos que operan en un determinado lugar, y de sus modificaciones en el tiempo. Los efectos de la institucionalización de derechos humanos está mediada por el acuerdo estatal en que aquella se desarrolla, lo que supone que, además del imperativo de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos, hay otras agendas con las que se concatena como la justicia social y la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, por dar un par de ejemplos. Estas agendas tienen sus propias dinámicas temporales y de recepción en el acuerdo estatal.

Lo anterior se traduce en diversas configuraciones de instituciones de derechos humanos acordes con la concepción prevaleciente de estos en un lugar; y en diferentes secuencias y trayectorias de la narrativa de los derechos humanos, que se enraízan en las dinámicas de acuerdos estatales específicos que pueden o no potenciar el disfrute.

Por ejemplo, las connotaciones de los derechos humanos en los tres países de este estudio son elocuentes. En Uruguay, su sentido social más fuerte son los reclamos de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1973-1985. Si bien esta noción se ha ampliado con el paso del tiempo, en esta diversificación de la escena de derechos humanos, la institucionalización de mecanismos vinculados con la verdad y justicia por las violaciones de derechos humanos en el pasado muestra un importante peso gravitacional en la institucionalización y el disfrute en ese país. En México, en cambio, los derechos humanos entran en la agenda por vías como la transición a la democracia y la violencia institucional, y, fundamentalmente, a través de los abusos en el sistema de justicia penal y los reclamos de derechos indígenas. En Ecuador, la discusión de derechos humanos ingresa a la agenda como reivindicación de derechos indígenas por lo que se vinculan más a problemas de igualdad y derechos sociales.

Estas trayectorias llaman la atención en relación con la diversidad en las concepciones de derechos humanos, aunque ciertamente algunas agendas despertaron más interés que otras. Sin lugar a dudas, una buena parte de la producción académica sobre América Latina (Ansolabehere, 2019) se concentró en el análisis de los procesos de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en el pasado reciente en que esta región ha avanzado más que otras del mundo (Payne, Lessa y Pereira, 2015). Los resultados del presente trabajo son elocuentes en señalar la importancia relativa de esta agenda de acuerdo a los contextos lo que influye en las particularidades de las trayectorias de la institucionalización.

El Estado y los derechos humanos: México, Ecuador y Uruguay

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