Читать книгу El Estado y los derechos humanos: México, Ecuador y Uruguay - Karina Ansolabehere - Страница 20

Los resultados del análisis cuantitativo realizado en Entre el pesimismo y la esperanza nos permitieron observar una relación positiva entre institucionalización y disfrute de derechos humanos cuando existen condiciones políticas y económicas favorables. En este volumen nos concentramos en analizar cómo la institucionalización se acopla con el acuerdo estatal para producir resultados en materia de derechos humanos. Para ello hemos optado por un diseño de investigación orientado a comprender las condiciones y mecanismos presentes en cada uno de los casos seleccionados para así refinar nuestra explicación acerca de la relación entre institucionalización y disfrute de derechos humanos.

Con el diseño propuesto no buscamos comparar los casos sino profundizar en nuestra explicación mediante el estudio de casos atípicos (Uruguay y Ecuador) y de uno típico la mayor parte del periodo (México).

Para lograr tal propósito, hemos ubicado el foco en la mediación que genera el acuerdo estatal en la relación entre la institucionalización y el disfrute de derechos humanos en el tiempo, específicamente entre 1985 y 2017, en Uruguay; entre 1978 y 2017, en Ecuador, y entre 1988 y 2017, en México. La elección de la fecha de corte se relaciona con la identificación de eventos relevantes que conforman el acuerdo estatal, como lo fueron la transición a la democracia en Uruguay o Ecuador, y el conflicto poselectoral de 1988, en México, que supuso una crisis de legitimidad fuerte del sistema presidencialista de gobierno hegemónico. Estas relaciones se representan gráficamente en el esquema 1.2

Se busca comprender tanto la influencia de la institucionalización en el disfrute de los derechos humanos, como el papel de intermediación de los acuerdos estatales en esta relación. Las condiciones de contexto son las demandas nacionales en materia de derechos humanos y las acciones de presión internacional que tienen lugar en el periodo.

Es importante destacar que hay varios tipos de instituciones de derechos humanos que cumplen funciones específicas (desde promover un enfoque de política pública hasta controlar funcionarios), que en el marco de un determinado acuerdo estatal contribuyen a impulsar el disfrute de derechos, pero que en el marco de otro pueden ser del todo inocuas por carecer de fuerza para revertir la tendencia de las decisiones políticas fundamentales sobre el ejercicio del gobierno, la igualdad, y las relaciones económicas.

Para identificar las particularidades de la relación entre la institucionalización de derechos humanos y el acuerdo estatal, se elaboró un análisis de clústers⁶ en los que se identificaron tres grupos de países: uno de alta institucionalización y bajo disfrute de derechos, otro de media en ambos, y uno más de baja institucionalización y alto disfrute. Para este trabajo fue seleccionado un caso de cada clúster a fin de profundizar el análisis de la relación entre institucionalización y acuerdo estatal, nos referimos a Uruguay, Ecuador y México. A lo largo del libro analizamos en profundidad estos tres casos para resaltar la importancia de la institucionalización de derechos humanos en el entorno de acuerdos estatales específicos. Cada uno de estos tres países se analizó buscando relevar sus particularidades (Haglund y Stryker, 2015; Landman y Carvalho, 2009). No se trata de un análisis comparado, sino de tres estudios de caso para entender el proceso integrado por las tres variables principales: institucionalización de derechos, acuerdo estatal, y ejercicio de derechos.

Se utilizaron distintos instrumentos para documentar la institucionalización de derechos humanos, las características del acuerdo estatal, el lugar de los derechos humanos en el acuerdo estatal, y el rol de la sociedad civil en la estructuración de demandas, así como el nivel de disfrute de los derechos, tal como se ha relatado en el desglose de las tres categorías principales en los acápites que anteceden.

Para el relevamiento de información se utilizó una diversidad de técnicas y fuentes. Se realizaron grupos focales con organizaciones de derechos humanos, con expertos en sistema político, con funcionarios y expertos en economía, y con expertos en el sistema legal y el sistema de justicia. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas con expertos o funcionarios clave en los temas del estudio y se recolectaron y analizaron documentos como, por ejemplo, programas de campañas electorales, textos legales, reportes sobre la situación de los países, documentos oficiales, etcétera.

El trabajo de campo fue realizado por equipos de investigadores locales de forma meticulosa y excelente. La investigación sobre Uruguay estuvo a cargo de Flacso Uruguay, cuyo equipo fue coordinado por la doctora Silvana Darré.⁷ La investigación en Ecuador estuvo coordinada por Andrés Lemos,⁸ miembro de la Universidad Central del Ecuador, y la investigación sobre México estuvo a cargo de Álvaro Martos⁹ de Flacso México.

El mecanismo central en el estudio es el acuerdo estatal por ser el suelo en el que prosperan o no las instituciones de derechos humanos. A fin de caracterizar a los acuerdos estatales que se dieron en los tres países, se analizaron los acuerdos y prioridades de gobierno en materia de régimen político democrático, división de poderes, y rol del gobierno respecto de la economía y de la igualdad social. Para trazar las características de los acuerdos estatales vigentes durante el periodo abarcado se recurrió a diferentes fuentes. primero se usaron fuentes secundarias para la historia política del periodo, las que se complementaron con grupos focales a economistas, expertos en sistema político y en sistema de justicia, y con entrevistas hechas a actores relevantes.

En vista de que en el campo de estudio es central el rol de la sociedad civil (nacional e internacional) en la institucionalización, específicamente del movimiento de derechos humanos, se revisó la trayectoria de este movimiento, sus principales demandas y las formas de relación con el gobierno como condiciones de contexto sin las cuales no sería posible comprender la institucionalización. Con este fin se consultaron documentos de las principales organizaciones, se realizaron entrevistas y grupos focales con los actores principales para relevar agendas, estrategias, prioridades a través del tiempo, concepciones sobre la relación con el Estado y eventos destacados.

La identificación de una relación indirecta entre la institucionalización y el disfrute probablemente fue el principal hallazgo de nuestro anterior libro Entre el pesimismo y a esperanza. El estudio en profundidad de las características de las instituciones de derechos humanos construidas en los países nos permitió identificar que su principal objetivo es moldear la conducta del Estado, nombrar, delimitar, señalar, habilitar, reconocer, etcétera. Todo ello se acopla de modo distinto con los objetivos específicos de los acuerdos estatales, los cuales generan o frenan el impulso necesario para el disfrute, lo reorientan, abren posibilidades para nuevos grupos, generan argumentos para resistir retrocesos, entre otros.

El análisis de los casos que se presentan en los capítulos que siguen es elocuente al señalar la potencialidad de la institucionalización de derechos humanos, la cual nos ubica más allá de la discusión de si importan los factores domésticos o internacionales, porque observamos que en diferentes momentos del proceso uno adquiere preeminencia por sobre el otro, pero ambos están presentes. Y también nos lleva más allá de si la institucionalización de los derechos humanos es positiva y negativa porque fue evidente que en ciertos momentos tiene efectos positivos de impulso transformador y en otros no.

Haremos un último apunte en relación con la violencia, ya que uno de nuestros tres países se ve marcado por esta problemática en los últimos años analizados. Sabemos que América Latina es la región más violenta del mundo cuando se le analiza utilizando como indicador la tasa de homicidios. Veamos los lugares que ocupan los tres países elegidos durante 2017en la gráfica 1.1.

Uruguay es el tercero mejor posicionado, en tanto que Ecuador y México se ubican en los lugares 9 y 10 de 17 países. Lo cierto es que la violencia en México es un fenómeno reciente, que se ha incrementado de 2007 a la fecha, mientras que el lapso de análisis parte de finales de la década de los setenta para llegar a 2015. Además, si bien los niveles de violencia han aumentado en México —pasó de 7.8 homicidios por cada 100 mil personas en 2007 a 29 en 2018—, en realidad todavía se encuentra dentro del promedio de América Latina, de hecho, precisamente al lado de Ecuador en 2017. Por ende, no parece que el incremento de la violencia en México modifique la capacidad de explicación de la interacción entre el acuerdo estatal, la institucionalización de los derechos humanos y el ejercicio de estos. En cambio, sí será relevante mirar cómo, en el periodo en estudio, el acuerdo estatal en este país permitió el aumento de la violencia, incluidas las violaciones graves a los derechos humanos.¹⁰ Llevaremos a cabo esta reflexión en las conclusiones.