Читать книгу Sociedad, cultura y esfera civil - Liliana Martínez Pérez - Страница 13

En mayo de 2012, la CNTE instaló un campamento en el Zócalo desde donde trató de presionar e impedir la promulgación de las leyes secundarias y revertir la reforma constitucional en materia educativa. El conflicto se recrudeció en los siguientes meses ante el rumor de que el Congreso daría tratamiento expedito a las leyes secundarias durante el periodo extraordinario de sesiones que iniciaba el 22 de agosto (Poy, Becerril y Ballinas, 2013). Ante la confirmación del rumor, la CNTE bloqueó los accesos de las Cámaras de Diputados y Senadores, impidiendo que se llevaran a cabo las sesiones. Por primera vez en décadas, los legisladores debieron trasladarse a una sede alterna (Méndez y Garduño, 2013). Al mismo tiempo, los manifestantes bloquearon las vialidades de acceso al aeropuerto de la Ciudad de México, mostrando así su capacidad para colapsar la circulación vial en la ciudad e incluso el acceso a las vías aéreas.

Para disminuir la conflictividad, y a propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) (Garduño y Méndez, 2013), los legisladores retiraron de la agenda parlamentaria la discusión acerca de la LGSPD, proponiendo un debate más amplio que sería postergado para el periodo ordinario que comenzaba el 1 de septiembre. Las dos leyes secundarias restantes, la LGE y la LINEE, fueron aprobadas por ambas Cámaras el 23 de agosto. Los integrantes de la CNTE consideraron insuficiente el aplazamiento de la discusión de la LGSPD por lo que entonces se replegaron hacia el Zócalo e incrementaron su presencia de cara al primer informe de gobierno y a la celebración del Grito. No obstante, se reunieron con legisladores de ambas Cámaras de las que no guardaban esperanza alguna. Las reuniones, que prometían superar la falta de diálogo que denunciaban los líderes magisteriales y una parte de la izquierda partidista, confrontaron posiciones irreductibles: por un lado, la exigencia de derogar la reforma constitucional y las leyes secundarias ya aprobadas; por otro, impedir cualquier regreso en lo andado y discutir exclusivamente el proyecto de la LGSPD. Simultáneo a estas reuniones, la CNTE marchaba sistemáticamente hacia los sitios donde aquellas se celebraban y, mediante “operaciones hormiga” (Olivares y Avilés, 2013), cercó en distintas oportunidades las principales televisoras del país —a las que exigía derecho de réplica ante una postura que consideraba de “linchamiento mediático”— (Olivares y Avilés, 2013) y las embajadas de Estados Unidos, Francia y España, pretendiendo “internacionalizar el conflicto” (Olivares y Avilés, 2013).

Frente a las posiciones irreductibles, a finales de agosto el gobierno federal presionó para que se diera el tratamiento de la ley secundaria pendiente. Los legisladores partidarios de la reforma solicitaron entonces a los gobiernos federal y capitalino que garantizaran el inicio de las sesiones ordinarias y el funcionamiento del Congreso (Becerril y Ballinas, 2013a, 2013b). Así, el gobierno federal habló por primera vez del uso de la fuerza en acciones que “lastimen” a terceros, de que “todo tiene un límite” (Becerril y Ballinas, 2013b), y de aplicar “el imperio del estado de derecho” (Becerril y Ballinas, 2013b). La CNTE respondió con una marcha de cincuenta mil maestros desde el Zócalo hasta la residencia de Los Pinos. Los gobiernos de los estados de donde provenían los maestros movilizados amenazaron con el descuento de los días no laborados y desde el SNTE se ofrecieron estímulos a los maestros que apoyaran la propuesta oficial (Cano, 2013). Las autoridades del PRD se apartaron de las posiciones de la CNTE en la materia y la instó a revisar con “responsabilidad” la propuesta oficial (Muñoz, Becerril y Ballinas, 2013; López, 2013a). Antes habían declarado no compartir las “formas” utilizadas por la CNTE (Muñoz y Miranda, 2013).

El 30 de agosto, el Partido Acción Nacional (PAN) ordenó a sus legisladores interceder para votar de inmediato la LGSPD. Desde su punto de vista, compartido por las principales organizaciones empresariales del país (impulsoras de la reforma educativa), la postergación del tratamiento de la misma había sido una concesión al chantaje de la CNTE y la calificaron de “golpe de estado al Congreso” (De la Redacción, 2013a). Ambos actores promovían, además, la represión de las manifestaciones magisteriales, hablaban de la connivencia del GDF —en manos del PRD— para solaparlas e impulsaban un juicio político para el jefe del GDF —quien sistemáticamente sostenía que no reprimiría a los manifestantes—. A esta petición se sumaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) (Garduño, 2013). En medio de un fuerte cerco policial, la Cámara de Diputados aprobó la LGSPD el 1 de septiembre, a lo que los maestros respondieron con una amenaza de “insurrección magisterial” (Avilés y Olivares, 2013). Mientras que en un nuevo procedimiento fast track, el Senado aprobó la LGSPD el 3 de septiembre. La CNTE respondió paralizando la ciudad y exigió que el presidente vetara las leyes secundarias.

El día de la presentación del mensaje relativo a la entrega del primer informe de gobierno cinco mil policías federales custodiaron la sede (Méndez, 2013b), cuya relocalización en la residencia de Los Pinos había sido anunciada el 29 de agosto por la Presidencia de la República.⁶ Si bien este evento, otrora performance central del presidencialismo mexicano —llamado coloquialmente el “día del presidente”—, había perdido fuerza sobre el final del gobierno de Fox y durante el de Felipe Calderón (Alcocer, 2013a), pretendía ser un ejercicio de recuperación de la ritualidad priista. No obstante, la movilización del magisterio había puesto en cuestión incluso la posibilidad de realizar dicha ceremonia, a tal punto que tuvo que realizarse en la propia residencia presidencial para garantizar el control de su desarrollo.

Ante la promulgación de las leyes secundarias, la CNTE decidió permanecer indefinidamente en el Zócalo e impedir la celebración del Grito. La Segob y el GDF realizaron negociaciones para reubicar a los manifestantes para permitir la celebración del acto cívico, mismas que fracasaron. La noche del 12 de septiembre las autoridades federales advirtieron a la CNTE que al día siguiente desalojarían el Zócalo. Los dirigentes magisteriales respondieron con una asamblea en la que si bien decidieron resistir no pudieron evitar el éxodo masivo de los manifestantes. Al mediodía del 13 de septiembre las autoridades lanzaron un primer ultimátum y ordenaron cerrar las oficinas y los comercios en una amplia zona aledaña al Zócalo y se suspendieron los servicios de las estaciones cercanas del metro (Poy, Jiménez, Martínez et al., 2013). A las dos de la tarde las autoridades lanzaron un segundo ultimátum, a lo que los dirigentes magisteriales respondieron con una solicitud para negociar. Luego de las negociaciones, las autoridades concedieron a los manifestantes dos horas para desalojar el Zócalo (Poy, Jiménez, Martínez et al., 2013). Una parte de los que aún permanecían decidió abandonar la plaza, mientras que otros montaron barricadas, encendieron fogatas y se armaron con piedras, palos y tubos.

Quince minutos después del plazo otorgado, tres mil seiscientos policías federales avanzaron sobre el Zócalo armados con toletes, escudos, chalecos antibalas, cascos, rodilleras y espinilleras, desde los dos ángulos del norte de la plaza. El avance de los policías fue apoyado por carros hidrantes y helicópteros (Martínez, Poy y Jiménez, 2013). A su paso destruyeron el campamento y los maestros fueron conducidos hacia la avenida 20 de Noviembre. Alrededor de las cinco de la tarde ingresaron al Zócalo veinte camiones del GDF para hacer la limpieza y empezar con los preparativos de la ceremonia del Grito (Martínez, Poy y Jiménez, 2013). El grueso de los maestros que emigró del Zócalo se concentró en el Monumento a la Revolución, sitio en el que acordaron con las autoridades continuar con su protesta. Una hora antes del inicio del desalojo, en la sede del Colegio Militar el presidente afirmó que “México [era] un país de paz, de armonía social, y para fortuna de los mexicanos cuenta con instituciones democráticas que están dedicadas a velar por el Estado de Derecho, y tienen la obligación de hacerlo por los derechos de los ciudadanos” (Castillo, 2013).