Читать книгу Economía del Estado de bienestar - Luis Ayala Cañón - Страница 16

A la luz de lo señalado en el apartado anterior, es fácil deducir que el sector público interviene tratando de mejorar el bienestar social por razones muy diversas y con fines muy distintos. La mayoría de las medidas que se fueron adoptando en las primeras etapas del Estado de bienestar trataban de dar respuesta a los requerimientos del proceso de modernización económica. Como resultado, los estudios suelen encontrar una relación estadística significativa entre el crecimiento de la economía y el crecimiento de los gastos sociales, así como niveles mayores de estos últimos en los países con un nivel de renta más alto (Gráfico 1). Aun siendo importantes los factores políticos e ideológicos, existe una relación de complementariedad entre el crecimiento económico y el aseguramiento público de unos niveles mínimos de renta, salud, vivienda y educación para cada ciudadano. Desde esta perspectiva, el aseguramiento de rentas aparece como elemento necesario para el desarrollo del mercado. No resulta extraño que el Estado de bienestar se encarnara principalmente en sus inicios en aquellos países en los que el capitalismo era una realidad más consolidada.

Gráfico 1. Gasto social y PIB per cápita en los países de la OCDE, 2019

Fuente: Aggregate National Accounts y Social Expenditure: Aggregated data (OCDE).

Los economistas han tratado de explicar esta relación poniendo el foco, sobre todo, en los determinantes generales del gasto público. Una de las aproximaciones más habituales para explicar su crecimiento es la conocida como ley de Wagner. Dicha ley establece que, cuando se intensifica el proceso de crecimiento económico de un país, en el largo plazo aumenta también la demanda de prestaciones y servicios públicos. Se trata de una regularidad empírica, observable con datos de distintos países y períodos, que puede explicarse por dos razones fundamentales:

1.– Los procesos de desarrollo económico modifican las relaciones sociales, al sucederse cambios socioeconómicos de gran calado, como la pérdida de peso del sector primario, los movimientos migratorios hacia las ciudades o el aumento de la participación laboral de las mujeres. Estos cambios modifican los modos tradicionales de producción privada de bienestar, con la quiebra de las redes informales de protección familiar. Suponen también nuevos riesgos y conflictos, generándose en ambos casos una creciente demanda de intervención pública.

2.– Que la demanda de prestaciones sociales aumente más que proporcionalmente cuando lo hace la renta de un país permite caracterizar el Estado de bienestar como un bien de alta elasticidad-renta. El crecimiento a largo plazo da lugar a una creciente demanda de gastos sociales, que podrían interpretarse, por tanto, como bienes superiores.

Hay otros argumentos que pueden añadirse a estas interpretaciones. Detrás de esta complementariedad entre nivel de renta y desarrollo del Estado de bienestar, hay un elemento que va a ser muy importante en la justificación de varias de sus políticas, como es la aversión al riesgo. La incertidumbre reduce el bienestar y la seguridad lo aumenta. La aversión al riesgo de los agentes económicos también explicaría el aumento de la demanda de gasto social, necesario para dar protección a quienes se ven afectados negativamente por las consecuencias de la modernización económica. Como se verá en el capítulo 4, aunque inicialmente nada impediría que esa cobertura la proporcionara el sector privado, las imperfecciones de los mercados de aseguramiento justifican la intervención del sector público.

Recuadro 1

PRINCIPALES PROGRAMAS DE PRESTACIONES MONETARIAS

El cuadro básico de actuaciones dirigidas al sostenimiento de rentas que comparten la mayoría de los países incluye las siguientes:

– Un programa de prestaciones por desempleo destinado a sustituir las rentas que se pierden con el puesto de trabajo. La intensidad protectora de estas prestaciones varía en cada país, así como su duración y el tipo de prestación que predomina –contributiva o asistencial.

– Existen también prestaciones por invalidez o enfermedad, que tratan de proporcionar una renta que sustituya a los salarios de los trabajadores que han contraído algún tipo de enfermedad que les incapacita para el trabajo. Casi todos los países establecen sistemas paralelos de prestaciones contributivas y asistenciales, destinadas estas últimas a aquel segmento de la población sin cotizaciones previas suficientes.

– Una de las prestaciones más importantes en el aseguramiento de rentas es la destinada a proporcionar ingresos en la etapa de retiro de la actividad económica. Las pensiones de jubilación constituyen en la mayoría de los países de la OCDE el mecanismo preventivo de la pobreza más relevante y el programa más redistributivo. Aunque a priori no son instrumentos diseñados con este fin, elementos como las cuantías mínimas y máximas o los criterios de revalorización hacen de ellas una fuente muy importante de corrección de la desigualdad. Su extensión a lo largo de las últimas décadas ha supuesto una reducción muy notable del riesgo de pobreza de las personas mayores. Dentro de los esquemas de protección económica de la vejez puede existir también un subsistema asistencial destinado a las personas que no reúnen los criterios exigibles para recibir una pensión contributiva.

– Estas prestaciones se completan en la mayoría de los sistemas de protección social con una última prestación cuyo principal objetivo es ofrecer cobertura económica a los hogares que agotan su derecho a otros recursos públicos. Son las rentas mínimas, que constituyen en muchos países el principal recurso de los poderes públicos para combatir la pobreza. Se trata de uno de los instrumentos más controvertidos de la política social, al criticarse a menudo su potencial creación de desincentivos al trabajo o la cronificación de situaciones de dependencia.

Desde esta perspectiva, la meta principal del Estado de bienestar es ofrecer seguridad frente a los riesgos asociados al nivel de actividad económica. Tal cobertura guarda relación con las funciones citadas de evitar fluctuaciones drásticas en el nivel de ingresos de los hogares, causadas, por ejemplo, por la enfermedad o el desempleo, o de reducir la inestabilidad de esos ingresos, favoreciendo la reasignación del consumo de los hogares a lo largo de su ciclo vital. Tales funciones pueden llevarse a cabo a través de prestaciones muy diferentes, cuya tipología es analizada en el Recuadro 1.