Читать книгу Economía del Estado de bienestar - Luis Ayala Cañón - Страница 20

Los primeros pasos de la política social que configura lo que hoy conocemos como Estado de bienestar tuvieron lugar en las últimas décadas del siglo XIX y se extendieron durante el primer tercio del siglo XX. Las condiciones de trabajo de las sociedades industrializadas, unidas al auge de los movimientos obreros, a la concentración de la población en zonas urbanas y a las necesidades de una mano de obra más formada, dieron lugar a la aprobación de distintas normas que, en última instancia, pretendían mejorar las condiciones de vida de la población, favoreciendo al mismo tiempo el crecimiento económico. Esta fase embrionaria es la que se conoce como despegue de los Estados de bienestar.

En primer lugar, se aprobaron distintas normativas laborales que regularon cuestiones como la jornada máxima, los descansos, el formato de la retribución, etc. Además, comenzaron a crearse los primeros mecanismos colectivos de aseguramiento frente a riesgos diversos, como la vejez, la enfermedad, los accidentes laborales y otras contingencias. Se trataba, en todo caso, de marcos institucionales muy fragmentados. No sería hasta mediados del siglo XX cuando se unificarían los sistemas de aseguramiento bajo mecanismos de seguridad social más o menos universales.

En segundo lugar, la concentración de la población en núcleos urbanos derivada de la industrialización puso en evidencia la necesidad de mejorar las infraestructuras asociadas a la provisión de aguas y canalización de residuos, así como la de mejorar los servicios de atención sanitaria. Todo ello con el fin de mejorar el estado de salud de la fuerza de trabajo para hacerla más productiva.

En tercer lugar, la industrialización de los países, que implicaba procesos productivos cada vez más complejos, requería de una fuerza de trabajo más formada, lo que condujo a la aprobación de las primeras normativas sobre escolarización obligatoria y provisión pública de servicios educativos.

De manera muy resumida, durante esta fase embrionaria del Estado de bienestar se instrumentaron algunas medidas de intervención estatal que tenían en última instancia un impacto redistributivo al mutualizar los riesgos de los trabajadores.