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La problemática planteada por la relación Estado/Sociedad ha sido objeto de los más diversos abordajes teóricos a lo largo de la historia que recorre el desarrollo de las ciencias sociales. Se trata de un objeto permanente de análisis y de reflexión que adquiere actualización y diferenciaciones en cada etapa de la sucesión histórica. Un objeto de estudio necesario para distinguir los diversos modos de vinculación que han determinado el surgimiento de sistemas de ejercicio del poder y dominación política con el propósito de regular la dinámica de tensiones y conflictos entre los individuos y grupos humanos, imponiendo jerarquías de valores e intereses en función del ejercicio del poder en la sociedad.

En principio, cabe señalar que nos estamos refiriendo a dos conceptos –Estado/Sociedad– que no se conciben el uno sin el otro, ya que cada vez que nombramos a uno estamos implicando al otro término de la relación. Es cierto que, a lo largo de la evolución histórica, ambos términos han tenido significados alternativamente semejantes y hasta de identidades confrontadas. En algunos períodos el término Estado se asimila al de sociedad política y en otros momentos, la noción de sociedad civil contrasta con el carácter político, referido exclusivamente a la institucionalidad del poder.

Ciertamente, los términos y sus significados son contextualizados históricamente; en tal sentido, podemos decir que la separación entre la esfera del Estado como encarnación de lo público, con la misión de garantizar el bien común de la totalidad social, y de la sociedad como sociedad civil, dominio de los individuos, aparece con nitidez con el surgimiento del Estado moderno a fines del siglo XVII. Con anterioridad, la distinción entre ambas dimensiones: lo político/lo social, lo público/lo privado; estaba poco desarrollada, aunque existía una supremacía de la dimensión política entendida como ejercicio de la función de dominación.

Es así que el concepto de sociedad civil emerge como resultado de la “división del trabajo”, que implica el proceso de diferenciación de las funciones que se desarrollan en el contexto de las relaciones de producción y del trabajo en el seno de la estructura social. Esta diferenciación también ocurre en el dominio de lo que podríamos denominar lo político como ámbito de institucionalización del ejercicio del poder, como la nueva formación político-jurídica que impone las normas que regulan el funcionamiento del sistema de dominación que caracterizará a la política moderna. En este contexto, la sociedad civil emerge como la contracara del Estado, como el límite a su potencia sobre la autonomía de los individuos.

El Estado moderno hace su aparición a fines del siglo XVI y su proceso de formación y desarrollo constituirá el período “absolutista” que se extenderá durante los siglos XVII y XVIII. Desde entonces, la institucionalidad del Estado será reconocida en su fundamento de legitimidad, que está dado por su capacidad para reclamar el monopolio de la coerción física y ejercerlo con éxito en manos del poder soberano, que de este modo tiene plenos atributos para imponer la ley como una necesidad racional, constituyendo la forma universal que determinará el modo de relación entre los individuos que conviven en un territorio determinado.

Todo derecho depende de leyes. Pero una ley pública que determina para todos lo que debe estar jurídicamente permitido o prohibido, es el acto de una voluntad pública (...) tal voluntad no puede ser sino la voluntad del pueblo entero (1).

La sociedad civil, a su vez, constituye el ámbito de las libertades no sometidas, en principio, al poder despótico del soberano. Recordemos que para Thomas Hobbes, fundador del Estado moderno, la soberanía está fundada sobre el monopolio de los medios de fuerza que permiten el ejercicio del poder en el ámbito interno. Esta situación tiene dos dimensiones fundamentales: por una parte expresa la división del trabajo entre las esferas de lo público y lo privado; por otra parte, y es lo más importante, garantiza el ejercicio de las libertades individuales en un marco de previsibilidad, en la medida que la amenaza que detenta el Estado en términos del uso de la coerción, garantiza la confianza de todos en el cumplimiento de la ley, reduciendo la incertidumbre en el cumplimiento de los contratos.

La idea de Estado formulada por Hobbes (2), es concebida en torno a la ficción del contrato, de un “contrato de adhesión” que suscriben los individuos con el soberano para garantizar la vida y la libertad de todos. Este fundamento teórico del Estado moderno implica la renuncia individual al ejercicio de la fuerza para delegar esa atribución en el Estado. Sobre esta base, la teoría contractualista evolucionará con el desarrollo de las formas institucionales que perfeccionan los mecanismos y procedimientos que regulan las transacciones entre los individuos en un marco de racionalidad y efectiva libertad, situación que asegura el ejercicio del poder y el funcionamiento del sistema de dominación político en la sociedad.

De esta manera, la sociedad civil emerge en contraposición al “estado de naturaleza”, característica dominante de la sociedad europea del siglo XVII, escenario de las guerras de religión que enfrentaron a católicos y disidentes desde la Reforma Protestante protagonizada por Lutero. El “estado de naturaleza” se caracteriza por los conflictos y el espíritu de beligerancia que opone a los individuos entre sí, imposibilitando la convivencia en un orden previsible de pactos y acuerdos. De allí que la sociedad civil se constituya como un estadio superior de la evolución social y política, en la medida en que se ha despojado de la precariedad y la violencia para evitar que los hombres se destruyan entre sí abandonados a la suerte de los conflictos y enfrentamientos de unos contra otros. De esta manera, la sociedad civil se contrapone a la “sociedad natural” y es sinónimo de convivencia organizada, de “polis”, de sociedad política, en cuanto representa un nivel de organización fundada en la vigencia de un orden racional con leyes diferentes a las leyes de la naturaleza.

En este marco, la sociedad civil resulta inconcebible fuera del orden estructurado por el ejercicio del poder político soberano que garantiza las formas básicas para una convivencia donde se cumplan las expectativas de todos en cuanto al cumplimiento de las normas sancionadas por el poder legitimado. La sociedad civil es posible, entonces, por una legalidad racional y universal en tanto obliga a todos por igual.

Thomas Hobbes dirá que “sólo la existencia de un poder central dotado de capacidad de coerción y de intimidación puede garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos” (3). Por otra parte, E. Kant reforzará este razonamiento al afirmar que: “El hombre debe salir del estado de naturaleza,…, y unirse con todos los otros (…) sometiéndose a una constricción externa públicamente legal” (4). Finalmente, el padre del Liberalismo político, John Locke, afirma que quienes “…tuvieren ley común y judicatura establecida a quienes apoyar, con autoridad para decidir en las contiendas entre ellos y castigar a los ofensores, estarán entre ellos en sociedad civil…” (5). Ello significa que no hay sociedad ni convivencia posible sin la aceptación de un orden que se impone por la propia fuerza, hasta lograr su aceptación y la obediencia de todos aquellos que conviven en el territorio donde ese poder hace efectiva su soberanía.

“(...) el estado en que se encuentran naturalmente los hombres, a saber: un estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona.

Es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que el otro, puesto que no hay cosa más evidente que el seres nacidos de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar sin distinción de todas las ventajas de la naturaleza y para servirse de las mismas facultades, sean también iguales entre ellos, sin subordinación ni sometimiento (...) (6).

De acuerdo a lo señalado, es claro que la institucionalización del poder político hace a la distinción entre sociedad civil y sociedad de naturaleza. Con anterioridad a la aparición del estado moderno no se visualiza una distinción nítida entre la esfera de lo social y de lo político; sociedad civil y sociedad política constituyen una sola realidad gobernada por un orden señorial y normas particularistas basadas en la voluntad personal y fundadas en la costumbre.

Es la institucionalización del poder que se expresa en un orden legal racional, lo que hace posible la distinción entre lo privado y lo público, lo social y lo político. En otras palabras, podríamos decir que la sociedad como ámbito diferenciado surge con la transformación de la pura dominación por la fuerza, en un orden de dominación político que se legitima por la primacía de normas fundadas en la racionalidad. Desde una perspectiva más sociológica se pueden distinguir algunas visiones que ponen el acento en la dinámica “evolucionista”, según la cual, la sociedad se va configurando por un proceso de diferenciación creciente hacia formas de sociabilidad más complejas que requieren mayores grados de auto-organización y de conciencia colectiva.

Este proceso es la manifestación de la diferenciación estructural que exhibe la sociedad como resultado del proceso de división técnica y social del trabajo, y que a su vez supone profundas modificaciones en los modos de sociabilidad y de interacción entre los seres humanos. Fue abordado teóricamente en el contexto de la modernidad industrial a fines del siglo XIX por el sociólogo francés E. Durkheim y definido como el tránsito de la “solidaridad mecánica”, sociabilidad característica de las sociedades agrarias y campesinas, hacia la “solidaridad orgánica” que implica una mayor diferenciación de los roles sociales y complejidad en los procesos de interacción (7).

Desde las tesis organicistas de Durkheim, continuando con la antropología de Malinowsky y la Teoría del sistema social de Talcott Parsons, el concepto de función, de regulación en la adaptación al contexto y la pauta de mantener la integración del sistema, definirá la preocupación teórica por la estabilidad y la búsqueda del equilibrio sistémico, dinámico y auto regulado.

Volviendo a la problemática del Estado, diremos que el Contractualismo, expresión teórica del acontecimiento político fundamental del siglo XVII, presenta a la sociedad civil y la sociedad política como realidades constitutivas de un mismo fenómeno, a saber, la institucionalización del dominio y del control político sobre lo social; en otros términos, el Estado se define como la “sociedad civil con imperio”. Hobbes contrapone los beneficios ofrecidos por el Estado a las desventuras de la sociedad natural, afirmando que la vida “civil”, en el sentido de “civilizada”, se caracteriza por “el dominio de la razón, la paz, la seguridad, la riqueza y la sociabilidad” (8).

Otros pensadores y filósofos abonan esta concepción que pone a la civilización como la gran tarea de la historia a partir del siglo XVII, entendiendo a la sociedad “civilizada”, como políticamente civilizada, reconociendo la vigencia de un sistema de dominación fundado en principios y normas racionales; aunque algunos como J. Rousseau, plantearán una reserva, argumentando que la sociedad civil como contracara de la sociedad de naturaleza es una formación desprovista del carácter político, lo que no implica, sin embargo, afirmar que el ser humano no podría subsistir en un estado de indefensión individual caracterizado por la ausencia de la civilización y el derecho.

Entiendo, pues, por poder político el derecho de hacer leyes que estén sancionadas con pena capital, y, en su consecuencia, de las sancionadas con penas menos graves, para la reglamentación y protección de la propiedad (...) (9).

Posteriormente, Hegel distinguirá entre sociedad civil y Estado pero en un sentido diferente, planteará que la sociedad civil representa un estadio intermedio entre las formas simples de la sociabilidad como la familia y de otra parte el Estado. La sociedad civil, entonces, va a devenir sociedad política a través del proceso de racionalización del poder que se expresa en la forma de Estado reuniendo todos los atributos de la soberanía. Para Hegel, la sociedad civil es asimilable al estado de naturaleza de los contractualistas, donde la necesidad y la ambición de cada incentivan la proliferación de los conflictos entre los individuos configurando una situación de precariedad e incertidumbre que explica el desarrollo de la sociedad política y el Estado.

K. Marx, a su vez, considera que la sociedad civil representa una sociedad de “propietarios”, la sociedad burguesa, donde ocurren las relaciones económicas entre los individuos. Para Marx, el hombre de la sociedad burguesa es aquel individuo “racional y egoísta” (10) que se halla en permanente conflicto con sus semejantes, siendo esta dimensión de violencia lo que está en la base y en el fundamento necesario de la dominación política a través del Estado. En los escritos de Marx y Engels, particularmente en “La Sagrada Familia”, se afirma que el Estado moderno tiene como base natural la sociedad civil, asentada sobre el hombre independiente, unido a otro hombre sólo por el vínculo del interés privado y de la necesidad natural (11).

En una época más cercana, el filósofo italiano Antonio Gramsci, definirá a la sociedad civil como el conjunto de los organismos privados y a la sociedad política como el ámbito que desarrolla la función de “hegemonía” que el bloque social dominante ejerce sobre toda la sociedad; aspecto que complementa la acción de dominio directo a través de los órganos del Estado. De esta manera, la dimensión de la hegemonía se extiende a la sociedad civil que no incluye sólo a las relaciones económicas que los individuos desarrollan entre sí, sino también a las relaciones de naturaleza ideológica y cultural que permiten la formación del consenso social en torno al régimen de dominación. Para Gramsci, la hegemonía es igual a sociedad civil más sociedad política, lo cual no invalida la distinción entre la esfera de las relaciones económicas (infraestructura) y la que integran los aspectos ideológicos y culturales de la dinámica de dominación (superestructura).

Entre las diversas corrientes ideológicas, se puede distinguir aquellas que visualizan a la sociedad civil como el ámbito de las libertades individuales, refractarias al control del Estado; nos referimos al Liberalismo en sus diversas formulaciones, que ensalza el valor de la libertad individual como reserva ante las imposiciones del Estado, una concepción de la libertad individual que se afianza en aquello que el poder del Estado no puede prohibir o impedir; son las “libertades negativas” que se interponen como frenos al poder despótico del Estado. Hobbes sostenía que un hombre libre es aquel que no se ve impedido para realizar su voluntad. El filósofo Isahia Berlín, en defensa de la Democracia Representativa avasallada por los fascismos durante el siglo XX, afirmaba el carácter esencial de las libertades negativas en la constitución del individuo como tal (12).

Sin embargo, a finales del siglo pasado, esta concepción asumió un cariz más radicalizado hasta el extremo de reivindicar grados máximos de libertad individual que impugnaban la función reguladora del Estado. De la mano de esta orientación se afianzó la corriente neoliberal y la doctrina del “estado mínimo”. Otras corrientes surgidas en la Europa continental y más vinculadas al desarrollo de los movimientos sociales contemporáneos postulan una concepción de las libertades positivas basadas en las expectativas de auto-realización y autonomía colectiva o social, la libertad de actuar para realizar los objetivos propios de los actores colectivos.

La problemática planteada por la relación “Estado y Sociedad”, se manifiesta en una dinámica permanente de tensiones que están destinadas a resolverse en el terreno de la política en su doble dimensión: institucional y como práctica de relaciones sociales en torno al fenómeno del poder. La dicotomía responde a la vieja contraposición entre el país real, para algunos el “estado de naturaleza”, y el país donde rigen las normas y las reglas. En este marco, podemos afirmar que sin el presupuesto que representa la potencia de una legalidad que obliga a todos por igual, la sociedad civil es inconcebible. Como sostiene Habermas: “…después de asegurarse una legitimidad como sujeto moral, la sociedad civil adquiere progresivamente un rol de sujeto público: con su articulación en partidos y grupos de interés activos para condicionar la voluntad general, se coloca como constitución material de la esfera pública” (13). Es importante prestar atención a la dinámica de las relaciones entre el Estado y la sociedad, atendiendo al proceso de constante reconfiguración de ambas realidades. Lejos estamos de una visión estática, determinada por las funciones que puedan ser atribuidas a una y otra, como lugares específicos donde se construye la institucionalidad y de otra parte, el proceso de socialización, en términos de integración de individuos, comportamientos y expectativas. En efecto, la aparición del Estado moderno en el siglo XVII determina la configuración de una sociedad civil que se define al mismo tiempo como contraposición y complemento; contraposición porque la sociedad civil planteará una limitación a la potencia del Estado absoluto y complemento porque ambas realidades adquieren sentido a partir de su reciprocidad. “Después de la ruptura revolucionaria –que supuso la “gloriosa revolución” inglesa en el siglo XVII y la revolución francesa en el siglo XVIII– será la sociedad civil quien funcionará como motor de la innovación y el Estado como elemento de estabilización” (14).

En nuestros días, la sociedad civil se define como la esfera de las relaciones individuales, grupos, clases, fuera de las relaciones de poder que caracterizan al Estado. También, como el espacio donde se activan las demandas sociales y la movilización de las fuerzas sociales que disputan e influyen en la toma de decisiones del poder político. Norberto Bobbio sostenía: “En una primera aproximación se puede decir que la sociedad civil es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos” (15).

Se trata de realidades definidas teóricamente que oscilan entre modos de cooperación y de conflicto. Un modelo de cooperación se define por una perspectiva funcionalista que atribuye a cada esfera, características específicas que sin embargo se complementan en el funcionamiento de un todo, de una unidad comprensiva, donde la cooperación surgirá de la división de funciones y el cumplimiento específico de las mismas. Es una visión de complementación aunque esconde una dinámica dialéctica de mutua imbricación y crecimiento.

Hay básicamente dos miradas, una que atribuye cierta preponderancia al Estado, a lo normativo, a lo institucional como ordenador de lo que fluye en la sociedad, impulsado por las pasiones, intereses y expectativas de la gente. Es la necesidad de imponer el orden al desorden que caracteriza a la sociedad civil como deriva de la naturaleza. En esta línea, aparece como necesaria una potencia absoluta que opere como fundamento de la ley.

Para la sociología evolutiva, de raigambre liberal, la sociedad es resultado de un proceso de complejización creciente de las interacciones entre los individuos que a su vez se orientan recíprocamente en función de sus expectativas. La visión opuesta considera a la sociedad como el resultado de un proceso de sociabilidad determinado por la realidad del poder; en este caso, es la materialización del poder determinado socialmente. No olvidamos que toda sociedad se reconoce en el modo histórico de ejercicio del poder y en las determinaciones que este ordena.

En los últimos tiempos, la distinción entre lo privado y lo público se hace cada vez más difícil, en la medida que los procesos de urbanización y globalización, en el contexto de la creciente dominancia comunicacional, sitúa al individuo en un complejo de interacciones que van restringiendo la dimensión de lo privado en función de una creciente participación en lo público. Aquella dinámica de tensiones y contradicciones entre la instancia del poder político y la acción colectiva, se expresa por una expansión de lo social, como terreno de libertades y derechos al tiempo que este proceso va incorporando de modo creciente a la esfera de lo público necesidades e intereses que antes eran considerados propios de la órbita privada.

De esta manera, la sociedad civil disputa, cada vez más, la legitimidad que exhibe el poder político con el ánimo de recuperar cuotas de ese poder para ampliar la capacidad de intervención de la sociedad civil sobre sí misma, en términos de nuevos consensos que expanden la práctica democrática. En este sentido, el Estado como espacio institucionalizado del poder político es objeto de impugnaciones en tanto sistema de dominación, a la vez que se le reclama más eficacia y efectividad en la coordinación y fortalecimiento de las políticas públicas que además son reclamadas como objetos de evaluación por parte de la sociedad civil.

Como bien asegura el politólogo español Juan Linz (16), las condiciones estructurales, de naturaleza socioeconómica, no explican, por sí mismas, las crisis de los regímenes políticos. Estas tienen determinantes y causas propias que responden, al menos, a tres factores: la Legitimidad, percibida por la sociedad y que los gobiernos pueden erosionar con sus propios comportamientos al confundir aceptación social con legitimidad. En segundo lugar, la Eficacia, medida en términos de la capacidad del gobierno para formular decisiones oportunas sustentadas en consensos mínimos. Por último, la Efectividad, que está en relación con la capacidad del gobierno para alinear los organismos administrativos en función de la aplicación de las políticas.