Читать книгу Sociología de las organizaciones Públicas - Mario José Krieger - Страница 22

Cuando nos referimos al concepto de legitimidad podemos distinguir, en principio, dos acepciones; una que aborda la noción desde una perspectiva más general que la comprende como legalidad, en el sentido de la norma racional que asiste a la decisión política; desde otro lado, definimos a la legitimidad como el atributo esperado en el ejercicio del poder político y mensurable por el grado de consenso que la sociedad presta a las decisiones de orden político.

Nos interesa, en especial, la “legitimidad política” en tanto constituye el modo de gestionar lo político generando reconocimiento y obediencia a las decisiones y mandatos que emanan del poder político institucionalizado, en un contexto donde éste se abstiene de recurrir a la amenaza de la coerción. Una referencia ineludible está determinada por los Tipos Ideales formulados por Max Weber en cuanto a las fuentes de Legitimidad; la que está fundada en un Orden –Norma– Racional Legal, la debida a la Tradición y la legitimidad que deviene del Carisma, atributos extraordinarios del jefe o gobernante.

Llegamos a la política como la capacidad de brindar seguridad frente a la arbitrariedad de la violencia desatada por el conflicto. La política no sería otra cosa que el intento por convertir la lucha anárquica en combate regulado, a través de la dominación legítima. “Legitimidad –dice Pasquino– como atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza” (42).

En este marco, también se puede referir al concepto de legitimidad aplicado a los regímenes políticos a través de una doble caracterización; por una parte, la que tiene que ver con el modo de elección de los gobernantes; en este punto apelamos a la “legitimidad de origen” distinguiendo entre quienes acceden a las posiciones de gobierno siguiendo las normas constitucionales, de aquellos procesos que violan las normas constitucionales produciendo de facto, el acceso a las posiciones de gobierno vía “golpes de estado”. Es la “legitimidad del régimen”, en tanto el conjunto de instituciones que determinan las formas de acceso y competencia por el poder; la legitimidad está definida por la observancia de las normas y el acatamiento a los valores que inspiran el funcionamiento del propio régimen. La historia de América Latina ha sido particularmente ilustrativa de estas experiencias con los efectos desestabilizadores conocidos a nivel de los sistemas políticos que determinaron, en gran medida, la fragilidad institucional que todavía caracteriza a nuestros regímenes democráticos.

Por otra parte, se puede observar la problemática de la legitimidad vinculada al modo de ejercicio del gobierno, más precisamente a la evaluación de la ciudadanía respecto de la eficacia de las políticas públicas; nos referimos a la “legitimidad de ejercicio” como un fenómeno relativamente novedoso que representa las expectativas en torno a la figura del “buen gobierno”; se trata de una realidad que ha ido cobrando presencia a partir de los procesos de transición democráticos que emergieron en la década de los años ochenta y en los cuales convergieron las esperanzas democráticas ligadas a la vigencia de las libertades públicas y a la realización de niveles de bienestar y promoción social de la población. También podemos incluir un tercer tipo de legitimidad referida al liderazgo; nos referimos a la cualidad que reúne el gobernante, en virtud de su personalidad, capacidades y prestigio. Se trata de un fenómeno contingente que tiende a complementar y perfeccionar la calidad legítima que cabe a la vigencia de las normas del régimen democrático.

Como resultado de la confrontación entre las capacidades de los gobiernos democráticos surgidos de procesos post autoritarios y las demandas de la ciudadanía, se produjeron en América Latina procesos de crisis y recambios gubernamentales determinados por la pérdida de confianza ciudadana debido a situaciones de corrupción y déficit de gestión de las estructuras gubernamentales. Estos procesos fueron caracterizados por diferentes autores como manifestaciones de “crisis de legitimidad” en los regímenes democráticos, advirtiendo sobre los riesgos de que esta pérdida de legitimidad fuera más allá de la desconfianza manifestada en las instancias gubernamentales y pudiera afectar al modo de vinculación democrático entre gobernantes y gobernados. Estas consideraciones se extendieron a caracterizar la dinámica de estas relaciones como inmersas en un clima de creciente desencanto y frustraciones de la ciudadanía ante las limitaciones de las estructuras de gobierno por garantizar una nueva sociabilidad caracterizada por crecientes grados de libertad y bienestar personal y colectivo.

Finalmente, la legitimidad pone de relieve al mismo tiempo los modos de la convivencia política y el valor que cada sociedad asigna al modelo de convivencia. La aceptación de las normas del régimen se expresa en el consenso al que arriban ciudadanos autónomos (Dicc).