Читать книгу Sociología de las organizaciones Públicas - Mario José Krieger - Страница 31

El nombre “Consenso de Washington” fue utilizado por el economista inglés John Williamson en la década de los ochenta, y se refería a los temas de ajuste estructural que formaron parte de los programas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones, durante la crisis de la deuda desatada en agosto de 1982.

Años más tarde, Williamson convocó a una cincuentena de economistas de varios países, entre ellos varios latinoamericanos, a una conferencia que tuvo lugar el 6 y 7 de noviembre de 1989, en Washington, destinada a analizar los avances alcanzados y las experiencias obtenidas de la aplicación de las políticas de ajuste y de reforma estructural impulsadas por el consenso de Washington. Las conclusiones que de esta conferencia surgieron dieron para un libro, el que fue editado por el propio Williamson y publicado por el Institute of International Economics de Washington. Aparte del Banco Mundial y el BID, conforman el consenso de Washington altos ejecutivos del Gobierno de EE.UU., las agencias económicas del mismo Gobierno, el Comité de la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, miembros del Congreso interesados en temas latinoamericanos y los “think tanks” dedicados a la formulación de políticas económicas que apuntan a forzar cambios estructurales en Latinoamérica.

John Williamson intentó sintetizar las diversas ponencias que se presentaron en el seminario de 1989 relativas a una decena de instrumentos de política económica, en las cuales se verificó un razonable grado de acuerdo, a continuación se brinda una síntesis de las mismas.

(1) Disciplina fiscal: No más déficit fiscal. Presupuestos balanceados. Un déficit de presupuesto operacional que sobrepase un 1% a 2% del PIB se consideraba prueba fehaciente de una falla en la política aplicada, a menos que este exceso se haya utilizado en inversiones de infraestructura productiva. Se recomendaba estabilizar la proporción deuda-PIB a no más de 0.4.

(2) Reordenamiento de las prioridades del gasto público. Se recomendaba la reducción del gasto público. No se necesita mucha imaginación para deducir a quiénes favorece esta política y a quiénes no. Desde luego que los sectores más ricos de una sociedad resistirán una redistribución por la vía tributaria, prefieren la reducción del gasto público, aunque signifique el fin del estado de seguridad social. Los subsidios deberían reducirse, incluso eliminarse, en el caso de empresas fiscales deficitarias. Por contraste, el gasto en educación y salud era considerado como la quintaesencia del gasto fiscal apropiado, en su carácter de inversión en capital humano. La inversión en infraestructura pública es también considerada una forma de gasto público productiva.

(3) La Reforma Impositiva. El aumento del ingreso vía impuestos se consideraba una alternativa a la reducción del gasto público para paliar el déficit fiscal. A pesar de esto, existía un amplio consenso en el principio de que la base tributaria debía ser amplia, mientras que la tasa tributaria marginal debía ser moderada.

(4) Liberalización de las Tasas de interés. Existían dos principios generales referentes a los niveles de las tasas de interés que concitaron el apoyo mayoritario del Consenso de Washington. El primero es que las tasas de interés debían ser determinadas por el mercado, para evitar distorsiones en la asignación de recursos como resultados de criterios burocráticos arbitrarios. El segundo principio apuntaba a la necesidad de tasas de interés real positivas, para incentivar el ahorro, por un lado y desalentar la fuga de capitales, por el otro.

(5) Tipo de cambio competitivo. Como en el caso de las tasas de interés, la tendencia era inclinarse por tipos de cambio determinados por las fuerzas del mercado. No obstante, se consideraba más importante lograr un tipo de cambio “competitivo”, más que cómo este tipo de cambio se determinara. Lo esencial era que fuera consistente con los objetivos macroeconómicos planteados. Se consideraba que el tipo de cambio real debía ser lo suficientemente competitivo como para promover el crecimiento de las exportaciones a la tasa máxima que el potencial del lado de la oferta del país lo permitiera, al mismo tiempo que se mantentuviera un eventual déficit de cuenta corriente a un nivel sustentable. El límite al tipo de cambio competitivo estaría dado por las presiones inflacionarias que se pudieran generar. En todo caso, la filosofía del consenso era que el equilibrio de la balanza de pagos estaría mejor servida por una política de expansión de las exportaciones, en lugar de la sustitución de importaciones.

(6) Liberalización del comercio internacional. Se señalaba que la liberalización de las importaciones constituía un elemento esencial en una política económica orientada hacia el sector externo (orientación hacia afuera). El otro elemento era el tipo de cambio. El acceso a bienes intermedios importados a precios competitivos se consideraba un aspecto importante en la promoción de las exportaciones, mientras que una política proteccionista en favor de la industria nacional y en contra de la competencia extranjera era vista como una distorsión costosa. El sistema de licencias de importación era considerado el peor ejercicio de proteccionismo, dado que apunta directamente a la creación de oportunidades para la corrupción. En opinión de Williamson, una tarifa general moderada entre un 10% y un 20%, con poca dispersión era aceptable como mecanismo para proteger y orientar la diversificación de la base industrial, sin mayores costos.

(7) Liberalización de la Inversión Extranjera Directa (IED). La liberalización de los flujos financieros externos no era visto como de alta prioridad. No obstante, una actitud restrictiva que limite la entrada de la inversión extranjera directa (IED) era considerada una insensatez.

(8) Privatizaciones. La lógica de las privatizaciones obedecía a la creencia de que la industria privada se administra más eficientemente que la empresa estatal. En general, se consideraba que la privatización de empresas de propiedad estatal constituía una fuente de ingresos de corto plazo para el Estado. En el largo plazo, se argumentaba, que el Estado se liberaría de la responsabilidad de financiar ulteriores inversiones.

La creencia en la eficiencia superior de la empresa privada había sido un dogma de fe para Washington desde hace mucho tiempo. La promoción de las privatizaciones en el extranjero como política oficial de EE.UU. data de 1985, con la promulgación del Plan Baker. El FMI y el Banco Mundial han incentivado las privatizaciones en Latinoamérica y en el resto del mundo.

En opinión de Williamson, la privatización podía ser muy constructiva en el caso que promueva mayor competencia. Sin embargo, declara no estar persuadido de que el servicio público es siempre inferior a la avidez privada como fuerza motivadora. Por otra parte, bajo ciertas circunstancias, cuando los costos marginales son inferiores a los costos medios (por ejemplo, en el caso del transporte público) o en presencia de impactos ambientales demasiado complejos para ser fácilmente compensado por regulaciones (por ejemplo, en el caso de las sanitarias), Williamson continúa creyendo que la propiedad pública es preferible a la propiedad privada. Pero este no es el punto de vista de Washington, concluye.

(9) Desregulación de la economía. Una forma de promover la competencia es mediante la desregulación. Este proceso fue iniciado en Estados Unidos por la administración Carter, pero fue profundizado durante el mandato de Reagan. Se le ha juzgado, de manera general, como un proceso exitoso en esa Nación y se ha partido de la base que también podría producir beneficios similares en otros países, especialmente en América Latina, donde se practicaban economías de mercado altamente reguladas.

(10) Derechos de propiedad: Buscaba garantizar y extender el derecho de propiedad.

En cuanto a la política antiinflacionaria. Para Williamson no aparece claro que las reformas promovidas por Washington apunten a solucionar todos los problemas que enfrentan los países de América Latina, es el caso de la política antiinflacionaria, a la que se suponen consecuencia del régimen de disciplina fiscal recomendado.

El mismo Williamson reformulará y matizará los diez puntos, en el año 1993, en otro artículo (“La democracia y el consenso de Washington”), en donde defiende de nuevo la necesidad de un consenso y matiza el alcance del mismo, distinguiendo tres tipos de medidas de política económica:

a) aquellas en las que se ha conseguido consenso;

b) aquellas en las que existe controversia técnica (no relacionada con temas de equidad);

c) aquellas en las que todavía queda controversia para años, porque implica valores políticos: sobre todo problemas de equidad.

El consenso de Washington levantó muchas críticas y sus resultados en América Latina fueron decepcionantes, ya que nuevamente a los únicos que beneficiaron fueron a los países desarrollados, los negocios de las privatizaciones, la concentración económica y coadyuvó a las crisis de fines de los 90.

El estudio del Banco Mundial, Reforma estructural: privatización, regulación y competencia, dirigido por el economista Ioannis Kessides, dice que al mismo tiempo que las privatizaciones no son “una panacea” tampoco lo son el retorno al desperdicio y la ineficiencia del pasado. Se sigue necesitando financiamiento privado para mucha infraestructura en América Latina. Pero el estudio reconoce que la privatización fue “simplificada, sobrevendida y al final tuvo resultados decepcionantes”. ¿Qué le faltó? Regulación entre otras cosas. Es decir, instituciones.

Un autor tan destacado como Paul Krugman, en 1995, llegó incluso a decir que el enfoque favorable al mercado era más bien un enfoque favorable a los mercados (financieros), puesto que recomendaba reformas que conllevaban grandes entradas de capital extranjero privado, lo que a su vez potenciaba las reformas, hasta que ese aparente círculo “virtuoso” acababa con el estallido de la burbuja.