Читать книгу Sociología de las organizaciones Públicas - Mario José Krieger - Страница 42

La administración pública debería ser la organización encargada de canalizar las demandas sociales y ejecutar las políticas públicas. En general, cumple de manera deficiente esta función, al no asumir el rol que en este contexto la sociedad demanda. Esta ineficiencia, practicada durante décadas, denominada peyorativamente “burocracia”, desvirtuó a la administración pública, al Estado y a la política. Se desarrolla en un medio con valores administrativos tradicionales. Las decisiones exitosas, son castigadas si no se toman dentro de los cánones establecidos por una normatividad rígida y obsoleta.

¿Qué es lo que lleva a la administración pública a esta cultura y comportamientos burocráticos?

Es la sujeción a normas por sobre los comportamientos orientados a cumplir con los objetivos de las políticas públicas y articular, canalizar procesar y resolver demandas sociales. Es decir, la burocracia privilegia el cumplimiento y la sujeción a normas rígidas, por encima de los objetivos y la búsqueda de resultados.

¿Es el agente público culpable de esta situación? Evidentemente no. Ya que las normas le son impuestas y al no cumplirlas se hace pasible de sanciones. Lo que se cuestiona es el modelo de administración por normas.

En la administración pública es más importante el cómo se hacen las cosas y no qué es lo que se hace. Se puede ser sancionado si no hace algo de determinada manera (cómo se hace), pero no se lo evalúa la pertinencia de lo que hace.

Esta es la dicotomía entre la administración por normas y la administración por resultados: se sobrevaloran los procedimientos normativos en lugar de enfatizar los de resultados.

El control de gestión, que mide la eficiencia, debe ser acompañado del control de impacto de las políticas públicas que mide la eficacia.

Obviamente, al afirmarse esto no se pretende reinstaurar una administración que no esté sujeta a leyes y normas. La norma es creada, primariamente, para preservar al ciudadano de las arbitrariedades del funcionario. Pero el exceso de las mismas, que desconoce, no hace más que facilitar la discrecionalidad del administrador dando lugar a la inmoralidad.

La tendencia al exceso de normas genera una hipertrofia del orden jurídico, complejidad y superposición de reglas, lo que se traduce en un efecto contrario al originariamente buscado. Se avasallan los derechos del ciudadano, a través de una compleja e impersonal maraña jurídica que éste desconoce y no comprende.

Otro tanto, ocurre con el nivel político de la administración pública, donde la burocracia, valiéndose de normas y procedimientos se transforma en una máquina de impedir y trabar decisiones, según intereses personales, sistémicos y a veces simplemente absurdos.

En todos los casos, el burócrata desarrolla su poder propio basado en interpretar, conocer, aplicar, facilitar trámites.

La experiencia acumulada en la materia muestra que:

a) El sistema revela extrema desconfianza en el funcionario público.

b) Ninguna legalidad vigente ha impedido el dolo por parte de los funcionarios y agentes públicos cuando estos tienen intención de cometerlo. Es más tras normas complejas y farragosas, muchas veces se genera la industria de la excepción o el “favor de agilizar un trámite”.

c) El mejor control es la transparencia de la administración mediante la publicidad de sus actos, el control social y la verificación posterior de la licitud de los mismos por parte de los órganos internos, externos y de la justicia.

d) El sistema, en lugar de otorgarle al funcionario la responsabilidad de su buen comportamiento, e incentivarlo y premiarlo por su buen desempeño, se la sustituye por reglamentaciones.

e) Cualquier funcionario probo puede ser considerado un transgresor de las normas, por querer hacer cosas, obtener mejores resultados, para satisfacer al usuario.

La racionalidad general del modelo de gestión por normas genera, paralelamente, una serie de fenómenos derivados que desvirtúan la lógica organizacional.

La compleja red de normas que reglan hasta lo inimaginable y a las que subyace un concepto peyorativo del hombre, donde uno sólo piensa y muchos ejecutan, recrea permanentemente “la burocracia”. De nada vale la sensibilización, la capacitación, el entrenamiento en servicio y la motivación, si no se remueve la filosofía normativa, que reproducirá la misma estructura burocrática. Debe entenderse que los comportamientos son consecuencia de los sistemas normativos que los modelan o estimulan.

Existen diferentes normas (leyes, decretos, disposiciones, reglamentos, etc.) de diverso origen ideológico, conceptual y temporal, superpuestas, sin vinculación entre sí, farragosas y enciclopédicas, obsoletas. Otras incongruentes, por anulaciones parciales o transformadas por interpretaciones. La paradoja es que pese al hipernormativismo no se cuenta con pautas claras de funcionamiento. Los funcionarios pueden violar normas por desconocimiento de las mismas.

La normatización fija límites el “cómo” (los procedimientos) y no pauta el “qué” (los objetivos a lograr).

Las metas trascendentes no están explicitadas y no existe evaluación y control sobre ellas.

Este modelo de administración pública no cuenta con un sistema de decisiones programadas.

Se deberá transformar la concepción de gestión por normas, que privilegia el ritualismo, la burocracia, fomenta la falta de responsabilidad individual, castiga la capacidad de emprendimiento, el servicio a la comunidad , la participación, y pretende el control unívoco e indiferenciado del sector público.

El sistema normativo del Estado debe ser reformulado, simplificado, con objetivos de racionalidad global, orientado a:

– Facilitar el sistema de toma de decisiones para la implementación de políticas públicas.

– Canalizar las demandas de la sociedad para satisfacer los servicios requeridos, con calidad total y a entera satisfacción de los usuarios.

Es necesario revisar el actual sistema normativo público ya que el mismo convalida un sistema de gestión por normas y actividades. Para pasar a un sistema de gestión por objetivos, este plexo normativo debe ser revisado íntegramente y, de ahora en más, no debe sancionarse ninguna norma (ley, decreto, resolución o disposición) que convalide el anterior modelo de gestión pública, si es que verdaderamente se desea transformarlo.

Los procesos administrativos cobran racionalidad en tanto son instrumentos para la consecución de los mandatos organizacionales, de los objetivos de los planes y programas estratégicos y en última instancia de los macro-objetivos de las políticas públicas.

Los procesos y sistemas administrativos y normativos deben estar documentados y ser transparentes. Ello hace a la garantía del ciudadano, a evitar potenciales nichos de corrupción y a los actos emanados de la administración pública de objetividad, evaluabilidad y responsabilidad. La documentación de procesos y sistemas, permite una mejor calidad de servicio, ya que pueden ser evaluados, certificados y mejorados.