Читать книгу Evo en la mira - Stella Calloni - Страница 26

El periodista e investigador estadounidense Jeremy Bigwood logró reunir una serie de documentos desclasificados que fueron presentados el 12 de octubre de 200833 en los cuales se demostraban los planes conspirativos que confirmaban la intervención de Washington para destruir políticamente a Morales.

Uno de estos documentos era una carta de la embajada de Estados Unidos con fecha del 25 de noviembre de 2001 dirigida al entonces presidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez, que luego se pondría al frente de la principal fuerza opositora Poder Democrático y Social (PODEMOS). Washington le reclamaba a Quiroga no haberse movido “lo suficiente en contra de Evo Morales”, que en esos momentos dirigía las Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Se refería a que las luchas de los campesinos habían logrado detener la erradicación, en el marco de una enorme movilización popular por esa y otras causas.

Otro documento del año 2002, procedente de la embajada de Estados Unidos, calificaba a Evo Morales como un agitador en el tema de la coca ilegal. “El Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el agitador Evo Morales” decía precisamente la carta.34

Al mismo tiempo, se admitía que “la producción de coca en Bolivia es insignificante en el mercado de la droga de EEUU”. En el informe dirigido a la USAID (Agencia Internacional para el Desarrollo) en Bolivia se decía que “el proyecto de reforma de partidos políticos que se estaba discutiendo en esos momentos debía diseñarse específicamente para servir como contrapeso al radical Movimiento al Socialismo (MAS) o a sus sucesores”.

En otro párrafo se mencionaba la existencia de “una diversidad de movimientos ‘anti-sistémicos’ que continúan demandando cambios al sistema democrático de Bolivia, cambios que elevarían a los representantes provenientes de grupos (particularmente de indígenas, de trabajadores, de campesinos y otras comunidades pobres) por encima de representantes electos en las funciones de toma de decisión”.

De acuerdo con las investigaciones de Bigwood, estas acciones estaban encabezadas por el Departamento de Estado e implementadas por la USAID y la NED, ambas consideradas como “la cara social” de la CIA, que además actuaban a través de diversas ramificaciones en una red de ONG, como se verá más adelante.

Bigwood demostró que el presidente Jorge Quiroga era un instrumento de Washington y que el cumplimiento de esas órdenes significó más violencia y muertes en el Trópico. En uno de esos documentos se evidenció cómo Quiroga —después de su visita a Washington— intentó cumplir la orden para retomar la erradicación de los sembradíos de coca y continuar con el Plan Dignidad, tal como surge de la resolución tomada por el Ejecutivo el 27 de noviembre de 2001.35

Fundamenta Quiroga en ese documento que “el Supremo Gobierno en el contexto del Plan Nacional de Integridad, ha trazado los lineamientos dentro de los cuales se encuentra uno de los pilares fundamentales, denominado Plan Dignidad, por lo cual se hace necesario establecer el marco jurídico y legal que nombre y reglamente las facultades del viceministerio de Defensa Social, dentro de las acciones dirigidas a la penalización de personas que transporten y comercialicen hojas de coca, en su estado natural, dentro del marco de lo previsto en la Ley del Régimen de Coca y Sustancias controladas, Ley Nº 1008. En este decreto se fija una serie de penalidades para aplicarse a las personas naturales y jurídicas.

El presidente Quiroga echó leña al fuego desatando la rebelión de los productores de coca. La rebelión impedía el cumplimiento de esta medida exigida e impuesta por Estados Unidos. Cómo molestaría luego a los hombres de Washington se puede ver en otro documento desclasificado del Departamento de Estado, donde se informa a DEA, USAID y otros organismos sobre las conversaciones de Quiroga con el ex presidente Bush en diciembre de 2001. Por una parte, se mencionan los acuerdos tomados, reconociendo los “esfuerzos” del mandatario boliviano para cumplir con los mandatos de Washington. En el informe se transcribieron algunas de las “recomendaciones” que se le hicieron a Quiroga. “Como Ud. sabe, estábamos preocupados por el acuerdo de noviembre para detener la erradicación (de plantaciones de coca) y retirar tropas de las líneas del frente en El Chapare, donde han sido tan efectivas. Nosotros creemos que una fuerte respuesta continuada podía haber debilitado aun más las bases políticas de Evo Morales. Estamos complacidos de que la erradicación se reanude como se anunció el 21 de noviembre”, se señala en un párrafo.36

“Instamos a Ud. a que erradique la coca agresivamente. Sin embargo, ahora creemos que simplemente erradicar la coca no es suficiente (...) Estamos preocupados por la cantidad de coca que existe en El Chapare y en los Yungas y la aparente renuencia del gobierno para tomar decisiones decisivas más allá de la erradicación. El embajador Rocha se reunió con usted el 12 de septiembre y con un grupo de sus ministros el 18 de octubre para instarle a realizar más acciones para detener el flujo de coca ilegal en El Chapare. (...) instamos a Ud. a cerrar los mercados ilegales en El Chapare; que Ud. arreste y procese a aquellos que violan la ley 1.008 y que confisque y queme la coca en tránsito y la que se esté secando abiertamente en El Chapare. Hasta la fecha no ha habido ninguna acción en esos asuntos. Aunque la erradicación continúa a buen paso, más replantaciones se hacen y el efecto neto es negativo. Una acción más agresiva necesita asumirse en las líneas que acabamos de describir”.37 Era evidente la presión sobre Quiroga para ahondar los caminos de la represión.

Para mostrar las consecuencias de esta inadmisible injerencia podemos citar los graves sucesos ocurridos en Sacaba, población situada a 14 kilómetros de Cochabamba.

Una escena de guerra civil se vivió entonces, cuando el 15 de enero de 2002 se dispuso el cierre del mercado legal de coca de Sacaba, ante la decisión tomada por el gobierno en su Decreto Supremo 26.415, prohibiendo la comercialización de la hoja en el Trópico de Cochabamba. De acuerdo con el decreto surgido de las órdenes de Washington, la coca de El Chapare era ilegal y debía cerrarse el mercado de venta destinado a los consumidores locales de ese producto.

“No vamos a permitir el cierre del mercado porque la hoja de coca es el único sustento de nuestra vida, es el pan de nuestros hijos. No lo permitiremos jamás aunque nos bañen de sangre”, fue la decisión de los cocaleros.38 Enfurecidos, los productores, comerciantes y transportistas intentaron entrar a los predios de la Dirección General de la Coca (Digeco) y fueron repelidos violentamente por los policías que estaban en las oficinas.

Un grupo intentó dialogar para detener la medida que consideraban injusta e ilegal, pero se le dio una respuesta negativa. Entonces, unos dos mil cocaleros hombres mujeres, e incluso niños, levantaron barricadas para resistir la represión que comenzó con gases lacrimógenos y terminó con balas, piedras, bombas incendiarias. Varios medios de transporte que estaban en la Digeco se incendiaron y algunos explotaron.

Hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo de cocaleros contra policías que dejaron un trágico saldo de muertos y heridos entre los cocaleros y policías. En ese primer día hubo más de veinte detenidos.

Tres días después, el gobierno de Quiroga dispuso intervenir con extrema violencia la sede sindical de los cocaleros en Chapare y detuvieron a más de un centenar de personas. De entre ellos, treinta dirigentes fueron llevados a la Policía Técnica Judicial, y el resto fue montado en camiones con violencia extrema.

La sede de la Federación del Trópico de Cochabamba que lideraba Evo Morales fue intervenida. En la represión actuó el Grupo Especial de Seguridad (creado por Estados Unidos) y otras fuerzas de la DEA y militares de Estados Unidos. Coincidiendo con esta situación violenta, desde principios de 2002, Quiroga —en colaboración con la embajada de Estados Unidos— impulsó la expulsión de Morales del Congreso, acusándolo de la muerte de dos policías durante los conflictos en que murieron campesinos en Sacaba.

Le hicieron un juicio que estuvo marcado por la ilegalidad ya que debió presentar su defensa en 24 horas, cuando el Código de Ética de la Cámara de Diputados marcaba cinco días, además de diecisiete para el proceso de expulsión. Morales fue expulsado en solo 48 horas (ver capítulo 3).

Fue bajo decisión de Quiroga que el 24 de enero de 2002, por presión abierta de la embajada de Estados Unidos, una mayoría formada por 104 diputados de la ADN, el MNR el MIR, la Unión Cívica Solidaridad (UCS) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) aprobó despedir de su escaño al líder del MAS.

El gobierno de Washington había prometido a Quiroga entregarle una serie de documentos para fortalecer las acusaciones, todas débiles, contra Morales. Pero, ¿de qué trataban los documentos que llevó el consejero político de la embajada, Patrick Duddy, a la presidencia? Era una relación de simples datos donde se hablaba de las visitas de Morales a Fidel Castro y se insinuaban supuestas relaciones con las FARC de Colombia. Sin embargo, cuando se requirieron testimonios sobre estas “pruebas”, en realidad, no había ninguna. De hecho, Evo Morales había viajado a Libia a recibir un premio por Derechos Humanos que entregaba ese país, y también esto figuraba como una de las supuestas “pruebas” que iba a presentar la embajada estadounidense, lo que no tenía ninguna conexión con las acusaciones que se le hacían.

Documentos desclasificados en los Estados Unidos en los últimos tiempos demostraron el trabajo realizado por la embajada de ese país, presionando a los partidos para la expulsión de Evo, quien en protesta por esta situación, realizó una huelga de hambre en el Congreso y denunció que se trataba de un juicio “contra aymarás y quechuas. Los que me están echando son narcotraficantes y corruptos que cobraron 1300 dólares para votar en mi contra”.

Finalmente, esta injusta expulsión solo logró fortalecer su figura política, que después debió enfrentar otra embestida de “guerra sucia” por parte del embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha. Este había llegado desde Buenos Aires y fue clave en todo el proceso para forzar la candidatura presidencial de Sánchez de Lozada, quien accedería a su segunda presidencia en 2002.

En una reunión en la casa de Sánchez Berzain junto a Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, el embajador estadounidense les había advertido que “Morales es, potencialmente, un enemigo político de tamaño. Podemos arrepentimos si lo dejamos crecer”.39

También se encargó de la campaña de atemorizar a la población boliviana y su intromisión fue más que clarificadora cuando en febrero de 2002 comparó a los cocaleros con los talibanes. Trataba de atemorizar con la llamada Guerra contra el Terror, que después de lo que estaba sucediendo en Afganistán, sonaba a una amenaza de invasión si ganaba Evo.

Esto lo repitió mucho más claramente el 26 de junio, cuatro días antes de la elección del 30, cuando advirtió: “quiero recordarle al electorado boliviano que si elige a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un país exportador de cocaína, pondrá en peligro la ayuda de los Estados Unidos”.40

A fines de mayo concluía su misión. En febrero de 2002 también había estado en el eje de la noticia cuando, como otra medida de fuerte presión, Washington anunció que iba a analizar las visas de algunos legisladores bolivianos. Lo actuado por Rocha y la CIA en esos momentos es una verdadera novela de la injerencia.

Nadie parecía haberse dado cuenta en Washington de que el pueblo boliviano había tenido un entrenamiento de lucha en las diversas rebeliones protagonizadas en esos años y los planes de Rocha y su gobierno durante la campaña a favor de Sánchez de Lozada serían derrotados rápidamente por la rebelión de miles de bolivianos en las calles y carreteras del país. Morales y los movimientos sociales y sus dirigencias pasaron a ser la esperanza real del pueblo boliviano.

Washington seguía sin aprender la lección. La injerencia y la impunidad eterna llevaron a Estados Unidos a cometer cada vez más errores. No podrán entender que Bolivia se les iba de las manos.

25. Revista Desafíos, “Bolivia en rebelión”, resumen tomado de la Confederación de

CIDOB, 1998.

26. Ibídem op. cit.

27. Viscarra Pando, Gonzalo, Grifo de liberación, p. 322, Ediciones Opinión, Grupo Kipus, Cochabamba, 2006.

28. García Linera, Alvaro, citado por Gonzalo Vizcarra Pando, Ibídem op.cit,. p. 324.

29. Viscarra Pando, Gonzalo, op. cit., p. 326.

30. Sivak, lbídem op. cit.p. 129.

31. La Opinión, Cochabamba, 21 de mayo 2008.

32. Ibídem op. cit.

33. Bigwood, Jeremy es un periodista e investigador estadounidense que ha logrado mediante su trabajo consecuente tener uno de los más importantes archivos sobre las injustas relaciones con América Latina. Agencia Boliviana de Prensa, 12 de octubre de 2008.

34. Ibídem op. cit.

35. Archivos Uno, Decreto Supremo 26415, Consejo de Ministros, Palacio de Gobierno de La Paz, 27 de noviembre de 2001, Bolivia.

36. Documento desclasificado, La Paz, 4839, Estados Unidos, Departamento de Estado. Informe sobre la visita de Jorge Quiroga a Estados Unidos enviado a diversos organismos entre ellos la DEA, USAID y otros.

37. Ibídem op. cit.

38. Diario La Razón, 16 de enero de 2002

39. Sivak Martín, Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales, editorial Debate, 2008, p. 136.

40. Ibídem op. cit., p. 137.