Читать книгу Sociedad, justicia y discapacidad - Ana Isabel Luaces Gutiérrez - Страница 15

Las organizaciones, asociaciones o fundaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad, la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación y su plena inclusión en la sociedad, así como las dedicadas a la lucha contra la discriminación, la intolerancia y el odio, también han elaborado y desarrollado guías y protocolos de actuación con personas con discapacidad víctimas de delitos, ya sea desde un ámbito general o particular, para víctimas concretas (mujeres, niños) o delitos específicos (agresiones y abusos sexuales, violencia de género, acoso escolar), en función de sus principales intereses y objetivos.

En 2010, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce en colaboración con el equipo de psicólogos de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil y la Fundación Mapfre, pusieron en marcha el Proyecto “No + abuso” para responder a la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual a ser víctimas de abuso sexual y a ser revictimizadas tras la revelación del mismo, creando la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI), un recurso especializado en casos de abuso sexual a personas con discapacidad intelectual que ofrece asesoramiento y acompañamiento a lo largo del proceso judicial, velando en todo momento por que se cumplan los derechos de las víctimas y se adapten los procedimientos. La intervención se lleva a cabo por parte de un grupo interdisciplinar de profesionales especializados en el trabajo con personas con discapacidad intelectual. Cuentan con las herramientas, los protocolos y los medios necesarios para desarrollar las adaptaciones necesarias en los procesos de intervención psicológica y en los procesos policiales y judiciales. Las adaptaciones y apoyos diseñados por el equipo tienen como objetivos ofrecer una ayuda ajustada a las necesidades de la persona y evitar una segunda victimización derivada de no contar con los apoyos necesarios adaptados a las personas con discapacidad intelectual.

En 2013, publicaron diversos documentos como: la Guía No más abuso para personas con discapacidad intelectual, la Guía Abuso y Discapacidad Intelectual. Orientaciones para la prevención y la actuación, y la Guía Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual en el contexto jurídico-forense, que han sido un referente en la elaboración de los vigentes protocolos y guías de actuación policial. La Consejería de Asuntos Sociales de la CAM, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y FEAPS Madrid presentaron también en 2013 el Protocolo de actuación ante los abusos sexuales y la violencia doméstica y de género a personas con discapacidad intelectual, dirigido a todos los profesionales que trabajan al servicio de las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid y coordinado por la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual.

Plena Inclusión España (entonces FEAPS) publicó en 2013 el Informe “Las personas con discapacidad intelectual ante los procesos penales”. Análisis sobre la intervención de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en el proceso penal y el cumplimiento de condenas y medidas de privación de libertad derivadas de éste, en el que se pretendía estudiar el impacto de la CDPD en el ordenamiento jurídico penal español, así como poner de relieve un problema invisible hasta entonces: la situación de indefensión, las barreras en el acceso a la justicia y la vulneración sistemática de derechos a las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en los procesos judiciales. En 2018, publicó la Guía Acceso a la justicia: ajustes de procedimiento para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, dirigida a todos los profesionales cuyo ámbito de trabajo incida en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La asociación Plena Inclusión Madrid, publicó en 2016 una Guía de acceso a la Justicia en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y en 2020, una guía sobre La persona facilitadora en procesos judiciales.

En febrero de 2020, el Observatorio Estatal de la Discapacidad, publicó un informe sobre La violencia contra las niñas y los niños con discapacidad en España. Situación jurídica y social. Estudio integral, pretendiendo ofrecer información sobre cómo y en qué medida nuestro ordenamiento jurídico protege a las niñas y niños con discapacidad de toda violencia, sobre los escasísimos datos estadísticos disponibles relativos a la violencia contra las niñas y niños con discapacidad, y sobre las líneas de trabajo urgente que hay que desarrollar para mejorar la situación.

Un área concreta de actividad que desarrolla la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) en colaboración con la red internacional End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), tiene que ver con la investigación, prevención e intervención en violencia contra los menores de edad con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, así como la mejora en la atención a las personas menores de edad tanto en el ámbito jurídico en general, como, especialmente, en el proceso judicial. FAPMI-ECPAT España publicó en 2020 el Documento Marco: Investigación, prevención e intervención en violencia sexual contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo: Buenas prácticas desde el enfoque de los derechos de la infancia, en el que se analiza la problemática que acompaña a los procesos judiciales, concretamente cuando tienen que ver con el abordaje de situaciones de violencia que afectan a personas menores de edad con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. En enero de 2021 publicó el Informe: La respuesta judicial ante las necesidades de la infancia y adolescencia con discapacidad intelectual y/o del desarrollo104.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), publica también con carácter anual un Informe sobre el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España105.

El CERMI, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó en 2017 una Guía para prevenir el acoso escolar por razón de discapacidad, que puso a disposición de la comunidad educativa, con el fin de identificar, prevenir y atajar esta forma de violencia. Concebida como un recurso digital al servicio de los centros educativos (alumnado, profesorado, familias, personal de administración y servicios, autoridades, asociaciones, etc.), la primera guía de estas características existente en España surgió tras la comprobación de las mayores tasas de acoso escolar que sufre el alumnado que presenta alguna discapacidad. El CERMI de la Comunidad Autónoma de Euskadi, (denominado EDEKA), publicó en 2019, en colaboración con el Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE), el documento Niñas y mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista. Pautas de intervención, una guía de utilidad práctica dirigida a profesionales de diversos ámbitos de intervención cuyo objetivo es ofrecer una serie de pautas de actuación a fin de contribuir a una mejor calidad de atención hacia mujeres y niñas con discapacidad que hayan sido, o pudiesen ser, víctimas de violencia machista. En esta línea, la Fundación CERMI Mujeres (FCM), desde 2015, viene desarrollando el proyecto de Intermediación para Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia, ofreciendo orientación jurídica a las mujeres con discapacidad en situación de violencia que así lo demandan y conectándolas con los recursos disponibles en el Estado. En uno de los ejes de trabajo que desarrolla la Fundación CERMI Mujeres desde su creación y que está centrado en la prevención, detección y adecuada atención a las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia, se inscriben el estudio promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y realizado por la Fundación CERMI Mujeres, sobre la violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual, publicado en 2020, y el Protocolo para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia, publicado en 2021.

El Movimiento contra la Intolerancia monitoriza los Incidentes de Odio. Racismo, Xenofobia e Intolerancia en España, en su Informe RAXEN anual. La realización de los Informes Raxen (cuyo nombre responde al acrónimo de Racismo y Xenofobia) se efectúa operativamente mediante datos registrados que han sido recogidos recurriendo a diversas fuentes de información106 llevando a cabo una investigación dirigida a buscar indicadores que apunten a un posible crimen de odio en función de la pertenencia de la víctima a un colectivo o grupo vulnerable, entre los que individualizan los actos discriminatorios y delitos de odio cometidos por motivos de discapacidad107.