Читать книгу La Internacional del terror mediático - Aram Aharonian - Страница 26

La brecha social se acrecenta en un país de enormes desigualdades, que cobija al hombre más rico del mundo y a 50 millones de personas carentes de las condiciones mínimas de supervivencia. Un país que presume de diversidad cultural y lleva adelante políticas de aniquilamiento de sus pueblos originarios, una nación referente por sus luchas sociales y hoy elimina todo tipo de protesta ciudadana.

México ha carecido y sigue careciendo de una regulación normativa incluyente de todos los sectores sociales en materia de los derechos humanos a la información, la libre expresión y la comunicación, donde persiste la aplicación de leyes que alientan un esquema corporativo monopólico, a la vez que criminalizan de manera manifiesta a los ciudadanos, las organizaciones, comunidades, pueblos que luchan por sus derechos.

La violencia contra la prensa se ha manifestado en ataques a medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder; desapariciones de periodistas profesionales y populares; el desplazamiento y/o exilio de comunicadores por amenazas directas en su contra; autocensura de los medios e infiltración de bandas delictivas en las propias redacciones; vejaciones, asesinatos y desaparición de mujeres periodistas; ataques a usuarios de redes sociales que difunden información sobre la violencia, y toda forma de agresiones físicas y sicológicas tendientes a sembrar el temor y el terror entre los comunicadores.

Por ello, la Relatoría de la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU consideró a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. En lo que va del siglo (hasta 2013), según la Procuraduría General mexicana, 102 periodistas fueron asesinados, 18 han sido desaparecidos y hay un número no posible de identificar desplazados y/o obligados al exilio. Los asesinatos de periodistas se duplicaron durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), cuando la aplicación de una estrategia bélica de seguridad dejó 60 mil personas asesinadas y 10 mil desaparecidas. A ello se suma el aumento de asesinatos y agresiones de defensores humanos, en un país donde se extendieron zonas de silencio forzado, en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica en los medios de comunicación.

Más de la mitad de las denuncias presentadas por las organizaciones de defensa de la libertad de expresión señalan que los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes estatales –militares, policías, autoridades locales– y que el 13 por ciento proviene de la delincuencia organizada. La aprobación de mecanismos institucionales de protección de periodistas no ha contenido la escalada de violencia contra comunicadores y mucho menos la impunidad de los agresores, que es la constante durante las últimas tres presidencias. En los primeros nueve meses de 2014 se documentaron 201 agresiones a periodistas, un promedio de una cada 28 horas.

A dos años de creada la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el mecanismo no ha actuado y los indicadores revelan un incremento de agresiones y amenazas –físicas, sicológicas, legales y digitales– que ponen en peligro la integridad física, moral y financieras de las periodistas, ya no solo a manos del crimen organizado, sino también por acciones ordenadas y ejecutadas por autoridades locales, estatales o mandos federales contra los trabajadores de la prensa y personas que luchan por la libertad de expresión y el acceso a la información.

En los últimos 20 meses (hasta setiembre de 2014), 11 periodistas fueron asesinados en los estados del centro-sur y noreste del país (dos en Tamaulipas y Oaxaca, uno en Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Chihuaha). En 21 de los 32 estados se ha denunciado agresiones físicas, robo o destrucción de equipos, detenciones arbitrarias de periodistas mientras realizan su labor, ante la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la violencia. Desde 2002 a 2013 se han registrado y documentado 180 casos de violencia contra mujeres periodistas, 60 por ciento de ellos cometidos por servidores públicos, administrativos y policías, incluido el de feminicidio.

Si bien la reforma constitucional a la Ley de Telecomunicaciones (2013), generó expectativas entre muchos sectores de la sociedad, fue completada con una legislación secundaria, aprobada en julio de 2014, que canceló dichas expectativas. El Estado, nuevamente, promovió cambios para consolidar el statu quo. Esta norma permite graves violaciones al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a Internet, al obligar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a que proporcionen a las autoridades de seguridad y administración de justicia la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, sin necesidad de orden judicial.

La criminalización mediática contra personas, grupos o movimientos sociales es una herramienta política para generar opinión, justifica acciones de fuerza y se usa para encubrir posturas económicas, políticas, sociales, religiosas, ideológicas y/o culturales. Se usa con pretextos de bien común –la patria, la unidad social, el orden, la seguridad, la decencia– pero es empleada como mecanismo de control social para intimidar, descalificar, neutralizar, inhibir, hostigar cualquier conducta que cuestione las expresiones de poder imperante. La criminalización se construye desde los ámbitos normativo, discursivo, de la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la militarización y la acción policial. Desde los medios de comunicación se usan para señalar, descalificar e invitar a su persecución, omitiendo cualquier consideración a los derechos inalienables de los ciudadanos.

Muchos informadores y opinadores ejercen desde los medios de comunicación –en especial de los que pertenecen al duopolio– la criminalización y el linchamiento (a veces no solo intelectual) de aquellos que osan reclamar sus derechos, en diatribas donde abundan acusaciones sin prueba alguna, la difamación, la injuria, la incitación al odio y discriminación racial y social y a la discriminación de género.

México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.

Quizá lo que nos sorprenda a los del sur del sur es que a pesar de haber visto coartada su soberanía nacional por EEUU a lo largo de la historia, de haber padecido una guerra, perdido la mitad de su territorio original, sufrido intervenciones militares estadounidenses y una penetración cultural y económica de enorme magnitud, el gobierno de México siga mirando al norte.