Читать книгу La radio en el Perú - Emilio Bustamante - Страница 14

Invocando razones de seguridad nacional, el gobierno de Leguía consideró, mediante Decreto Supremo del 19 de enero de 1921, que los servicios de correo, telégrafo y similares (lo que incluía a la radiotelefonía) constituían un monopolio cuya explotación corría a cargo del Estado (Gargurevich 1995: 46-47). Sin embargo, pocos meses después contempló que el desarrollo de esos medios de comunicación demandaba inversiones que excedían su capacidad financiera, y entregó, mediante dos decretos supremos fechados el 21 de abril de 1921, los servicios de correos y telégrafos a la empresa británica Marconi’s Wireless Telegraph Company. Los decretos, publicados el 27 de abril, hacían alusión a un contrato que no fue de conocimiento de la prensa sino hasta mayo, y que sería elevado a escritura pública el 13 de junio de 1921. El documento consagraba la entrega del Estado a la Marconi de “la administración completa, exclusiva e irrevocable, por un período de veinticinco años” de los servicios de correos y telégrafos, otorgándole facultades para usar y explotar todas sus patentes (presentes y futuras) sobre radiotelegrafía y radiotelefonía.

El contrato fue muy cuestionado por el diario El Comercio, que veía inapropiada la entrega de un servicio público que comprometía la seguridad nacional a una entidad comercial extranjera. Por su parte, el diario El Tiempo criticó acremente, durante el año 1922, a la administración de la Marconi (Gargurevich 1995: 48-50).

Cediendo a la presión de los medios y de la oposición política, el Ejecutivo llevó el documento al Congreso para su discusión. Fueron nombradas dos comisiones parlamentarias para estudiarlo: una en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores. La primera emitió su dictamen el 27 de noviembre de 1922, señalando que “vería con agrado” que se rescindiera el contrato; la segunda informó el 27 de diciembre del mismo año, sugiriendo solo algunas modificaciones al contrato. En febrero de 1923, el Senado envió al Ejecutivo un proyecto de contrato con las correcciones que consideraba necesarias, ninguna de ellas sustancial. Finalmente, el 1 de febrero de 1926, el Congreso promulgó la Ley 5363, que contenía el contrato firmado por el gobierno de Leguía y la Marconi, con las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores tres años antes (Gargurevich 1995: 50-52).

En 1922, mientras se discutía la validez y pertinencia del contrato con la Marconi, el Estado promulgó el Reglamento de Licencias de Estaciones de Radiodifusión. Establecía como requerimientos para el otorgamiento de licencias que las estaciones estuvieran destinadas a la enseñanza, a la experimentación científica o a la prestación de determinados servicios locales. Los aspirantes debían demostrar al administrador del servicio que perseguían fines científicos y de utilidad pública (Perla 1995: 47-48).