Читать книгу La radio en el Perú - Emilio Bustamante - Страница 16

La Crónica parecía ignorar, en aquella nota del 24 de agosto de 1924, que existía una resolución suprema fechada en mayo de ese mismo año por la cual, vista una solicitud presentada por la Marconi, el gobierno entregaba expresamente a esa compañía la exclusividad para “la importación, venta, alquiler y explotación de aparatos para la recepción y transmisión de la radiotelefonía”, y le otorgaba la autorización para que transfiriera ese derecho a un empresa peruana: la Peruvian Broadacasting Co. El gobierno consideraba en la resolución que la implantación de la Peruvian Broadcasting Co. significaba “progreso positivo” y representaba “un medio más de desarrollo cultural y sano entretenimiento” (Gargurevich 1995: 66).

La resolución dejaba en claro varios puntos. En primer lugar, al decir que se emitía a solicitud de la Marconi, evidenciaba que la empresa británica reconocía no haber gozado del derecho de exclusividad sobre importación y venta de aparatos antes de la emisión de la resolución, pues entonces únicamente hubiera demandado su reconocimiento, supuestamente otorgado en el contrato de 1921. En segundo lugar, la norma daba a entender que existía un acuerdo previo entre la Marconi y la Peruvian Broadcasting Co., pues la empresa británica no solo había solicitado que se le otorgara el derecho mencionado, sino la autorización para traspasarlo a la Peruvian Broadcasting Co. En tercer lugar, admitía la existencia de una empresa nacional que se dedicaría a la transmisión de programas de radio y la venta de receptores.

Lo sorprendente, como señala Gargurevich (1995: 66), es que la Peruvian Broadcasting Co. no se constituiría como empresa sino hasta el 29 de agosto de 1924, es decir, meses después de que presuntamente fuera aprobada la resolución.

Ese mismo 29 de agosto de 1924, La Crónica afirmaba tener informes sobre la constitución de una empresa para “la implantación en Lima de una poderosa estación trasmisora de radiotelefonía”, y alertaba que el gobierno cedería a las pretensiones de esa empresa de contar con el monopolio de la venta de los aparatos receptores. La Crónica no citaba el nombre de la empresa, pero evidentemente se trataba de la Peruvian Broadcasting Co.

Que el diario La Crónica tampoco mencionara en esta nueva nota la resolución suprema de mayo hace suponer que la norma, aunque aprobada, no había sido aún publicada, o que su fecha de aprobación no era veraz y fue elaborada mucho después. Esto último no sería extraño, pues el gobierno de Leguía acostumbraba publicar resoluciones con fechas atrasadas para que surtieran efectos retroactivos.