Читать книгу La radio en el Perú - Emilio Bustamante - Страница 17

En su nota del 29 de agosto, La Crónica (dirigida por el escritor y radioaficionado Clemente Palma) sostenía que el otorgamiento de la exclusividad en la venta de receptores era inaceptable porque atentaba contra la libertad de comercio e industria. Sugería, además, que la venta de esos aparatos no era una manera práctica de obtener ganancias, pues a los potenciales oyentes les podría resultar más fácil y barato construir sus propios receptores de galena que comprar uno de los que fuera ofertado por la empresa. Descartaba, asimismo, que la contabilización de antenas facilitara el cobro de una tarifa, habida cuenta de que para las audiciones locales los oyentes no necesitarían una antena, y, para las del extranjero, aquella podría ser sustituida por “un pequeño cuadro especial de alambre que no es visible del exterior de las casas”. Consideraba que el único ingreso efectivo era por el pago de “[…] reclames o anuncios verbales de propaganda comercial o industrial intercalados entre las audiciones artísticas”; pero reconocía que este sistema en una primera etapa sería “restringido” hasta que el medio se expandiera. Proponía, entonces, que el Estado subvencionara a la empresa en una “primera etapa” o la liberara del pago de derechos aduaneros por la importación de receptores por el plazo de un año. Alertaba, sin embargo, sobre el peligro de que la empresa multiplicara empleados y asignara “sueldos enormes”. Decía que para el buen funcionamiento de la empresa bastaba “un director técnico, con tres o cuatro empleados auxiliares y un gerente general”, y para los números musicales: “una buena orquesta de tres o cuatro personas a las que se contratará para que presten servicio durante tres horas diarias” (La Crónica, 29 de agosto de 1929).

Las propuestas de La Crónica no fueron atendidas por el gobierno, pese a la amistad que unía al director del diario, Clemente Palma, con el Presidente de la República. Esa cercanía con el poder, sin embargo, habría permitido a Palma conocer la constitución legal de la Peruvian Broadcasting Co., aunque aparentemente no estuviera enterado del decreto supuestamente aprobado en mayo.