Читать книгу La radio en el Perú - Emilio Bustamante - Страница 40

El presidente Sánchez Cerro fue asesinado el 30 de abril de 1933, cuando salía en un auto descubierto del hipódromo de Santa Beatriz, después de que presenciara un desfile de reservistas en el marco de la guerra con Colombia. Ese mismo día, el Congreso eligió como nuevo Presidente al general Óscar R. Benavides, quien en aquellos momentos ejercía el comando de las Fuerzas Armadas. En junio, Benavides marcó distancias políticas con el sanchezcerrismo y nombró jefe de gabinete a Jorge Prado Ugarteche, quien se presentó ante el Congreso el 5 de julio para leer su programa de gobierno, recibiendo al final un voto de confianza. La sesión fue transmitida por OAX; era la primera vez que la radio emitía en directo la exposición de un primer ministro ante el Congreso.

Ese mismo mes, el Congreso dispuso que el Ejecutivo fuera “el único encargado de modificar el contrato vigente con la Marconi”, anulando por tanto las gestiones de resolución iniciadas el año anterior. El diario La Crónica (adquirido ya por Rafael Larco Herrera) decía estar seguro de que el gobierno daría “las facilidades que la Marconi’s Wireless ha menester para que pueda completar su obra, mejorando considerablemente el sistema de comunicaciones postales, telegráficas y de radio”. Añadía: “Sabe el gobierno, y así lo entendemos quienes contemplamos el asunto sin apasionamiento, con un criterio eminentemente nacional, que ninguna otra empresa similar ofrece la solvencia y garantía técnica de la Marconi” (La Crónica, 26 de julio de 1933). Con la muerte de Sánchez Cerro, pues, la actitud del Estado hacia la Marconi tomaba un nuevo giro, favorable a la empresa británica, con el apoyo de algunos medios de prensa, como La Crónica.

La empresa norteamericana All American Cables no vio con buenos ojos este cambio, conocedora de las pretensiones monopólicas de la Marconi, que había reclamado siempre la exclusividad sobre los servicios de radiotelegrafía y radiotelefonía internacional. All American Cables había ganado en 1929, durante el gobierno de Leguía, una batalla legal para obtener un contrato que le permitió instalar en el país estaciones de radiotelegrafía y radiotelefonía internacional e invocaba haber cumplido a cabalidad con lo estipulado en dicho contrato que, además, había sido ratificado en julio de 1931 por la Junta de Samanez Ocampo. Temía, no obstante, que en vista del restablecimiento de las buenas relaciones entre el Estado peruano y la Marconi, la empresa británica pretendiera retomar sus aspiraciones de exclusividad. Advertía que de atender a esos infundados anhelos, el Perú quedaría incomunicado con los Estados Unidos, pues según ley aprobada por el Congreso de ese país, el gobierno norteamericano prohibiría toda comunicación radiotelegráfica y radiotelefónica con entidades que “invocando un monopolio excluyan a Compañías Americanas de la libre explotación de estas industrias en cualquier parte del mundo” (La Crónica, 7 de julio de 1933).