Читать книгу Reconocimiento de la naturaleza y de sus componentes como sujetos de derechos - Javier Alfredo Molina Roa - Страница 37

A nivel mundial Nueva Zelanda abrió una importante brecha en la protección de los derechos de la naturaleza al incorporar y reconocer en su legislación la cosmovisión del pueblo Māori, y su relación, como tribu indígena, con la personalidad legal del río Whanganui (Boyd, 2017: 132). A lo largo de la historia se suscitaron quejas y luchas entre el gobierno de Nueva Zelanda y el pueblo indígena Māori por los derechos de uso y posesión del río Whanganui. Este pueblo, que vive a lo largo del río (tribu Whanganui), inició la defensa de su derecho de propiedad desde el establecimiento de la Corona Británica (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017). Con la firma del Tratado de Waitangi en 1840 los británicos adquirieron Nueva Zelandia y con ello reivindicaron para la Corona Británica los derechos de manejo y propiedad del río, mientras que los Māori nunca renunciaron a sus derechos ni a su propiedad. A partir de 1870 la tribu Māori del Whanganui inició una serie de peticiones y casos en relación con el río y el impacto de los asentamientos, en especial sobre su acceso al mismo y su uso para la recolección de comida, la navegación y los usos ceremoniales, de acuerdo con el derecho consuetudinario (Tikanga Māori); derechos que mantenían consistentemente bajo el tino rangatiratanga (soberanía) (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017: 286). Entre 1938 y 1962 las reclamaciones de la tribu del Whanganui conformaron una de las piezas de litigio más largas en la historia de Nueva Zelanda (In the Bed of the Whanganui River NZLR 600, 1962; Waitangi Tribunal, 1999), en la que los Māori hacían visible el incumplimiento de la Corona con las obligaciones pactadas en el Tratado de Waitangi (Sanders, 2017; Waitangi Tribunal, 1999).

En 1990 la tribu Whanganui presentó evidencia extensiva de sus derechos sobre el río al Tribunal de Waitangi (una comisión inquisitoria para las demandas históricas Māori), enmarcando su interés en términos de “propiedad” (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017: 286). El Tribunal especificó que los intereses territoriales que los Māori exigían sobre el río consistían en “una entidad singular e indivisible” que contiene “elementos físicos y metafísicos” sobre el territorio total (Waitangi Tribunal, 1999; Macpherson y Clavijo Ospina, 2017; O’Donnell y Talbot-Jones; Clark, Emmanouil, Page y Pelizzon, 2019; Wilson y May Lee, 2019). Esta interpretación chocaba con el lenguaje político y legal de la nación porque la concepción de propiedad holística del pueblo Māori y la concepción de propiedad occidental, consistente en la separación de los recursos naturales, significaban un desafío para las negociaciones del acuerdo (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017). Varios fueron los acuerdos políticos entre la Corona y los pueblos Māori por los ríos, y el agua en general, en Nueva Zelanda (Ruru, 2013: 340; Iorns Magallanes, 2015: 309) que formaron la base para emitir la Ley Te Awa Tupua; por ejemplo, el reconocimiento del Parque Nacional Te Urewera como una entidad jurídica en 2014 (Te Urewera Act, 2014) y el del río Waikato como un “ancestro viviente” y un “todo indivisible” pero sin que obtuvieran personalidad jurídica (Waikato-Tainui Raupatu Claims [Waikato River] Settlement Act, 2010). El reconocimiento del río Whanganui como persona jurídica significó un nuevo arreglo de las relaciones entre la Corona y un pueblo indígena con respecto de un recurso natural como una medida de justicia reparativa (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017). Este arreglo quedó por fuera del núcleo de documentos constitucionales, como la Carta de Derechos de Nueva Zelanda (New Zealand Bill of Rights Act, 1990), pero surgió como una “Constitución” que reestructuró la relación entre la Corona y el pueblo Māori (Sanders, 2017: 5, 34).

La Ley Te Awa Tupua declaró la personalidad jurídica del río y reconoció su concepción holística como “un todo indivisible y viviente, que comprende el río Whanganui desde las montañas hasta el mar, incorporando todos sus elementos físicos y metafísicos” (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017, s. 12), introduciendo un nuevo lenguaje en el sistema legal y politico del país. Así, el río Whanganui adquirió “todos los derechos, poderes, deberes y responsabilidades de una persona jurídica” (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017, s14). En los sistemas common law estos deberes y responsabilidades son identificados como los derechos de entablar un juicio, ser demandado, contratar y adquirir propiedades (Macpherson y O’Donnell, 2017).

En el otorgamiento de los derechos de los ríos en Nueva Zelanda se utiliza una representación humana para darle voz a la naturaleza (Wilson y May Lee, 2019; Tanasescu, 2016), así, para hacer efectivos esos derechos y actuar en nombre del río la Ley Te Awa Tupua reconoce la representación “Te Pou Tupua” (“la cara humana del río”), como lo propone Stone (2010), para proteger los derechos de la naturaleza en un enfoque ecocéntrico. Te Pou Tupua actúa como el “guardián” del río, y lo conforman dos representantes, uno nombrado por la Corona y otro por la tribu Whanganui (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, ss 18,19).

Los derechos del río bajo el modelo de la Ley Te Awa Tupua están intrínsecamente ligados con los derechos de la tribu Whanganui y su diferencia cultural indígena (Sanders, 2017; Iorns Magallanes, 2015; Macpherson y Clavijo Ospina, 2017). La figura del “guardián” en el contexto de los derechos indígenas de Nueva Zelanda es una implementación típica del principio de kaitiakitanga y asociación con los Māori bajo el Tratado de Waitangi (Iorns Magallanes, 2015: 281). Dicha figura fue mejorada en la Ley Te Awa Tupua puesto que otorgó a los Māori un papel más fuerte en la gestión y manejo del río, y también reconoció los derechos de tino rangatiratanga (o soberanía) al darles el tratamiento de socios guardianes en condiciones iguales y equitativas.

Los guardianes tienen poderes amplios, pero deben de actuar de acuerdo con el interés del río y ser consistentes con los valores prescritos para su manejo. Estos valores, llamados “Tupua Te Kawa” (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017, s13), representan la esencia de la Ley Te Awa Tupua porque son los que ayudan a entender el contenido de los derechos del río, pero que resultan difíciles de determinar en ausencia de la habilidad del río de hablar por sí mismo (Good, 2013: 35, 36). Estos valores cobran mayor importancia por el complicado papel de los guardianes si consideramos lo que representa la naturaleza. Como señalan Clark et al. (2019: 797), la naturaleza puede ser una “clienta engañosa” o un “sujeto promiscuo” si se consideran tanto su familiaridad como su ambigüedad. Los valores reiteran que: a) el río es fuente de sustento físico y espiritual; b) el gran río fluye desde las montañas al mar como un todo indivisible y viviente, incorporando todos sus elementos físicos y metafísicos; c) la tribu del Whanganui tiene una conexión inalienable con el río, además de responsabilidad respecto de su salud y bienestar, y d) el río es una entidad singular que se compone de muchos elementos y comunidades que trabajan en colaboración con el propósito común de mantener la salud del río y su bienestar (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017, s13 a).

La Ley Te Awa Tupua también establece un complicado régimen de gobernanza colaborativa que incorpora la representación de la mayoría de actores y personas con intereses sobre el río, como el pueblo Māori, los gobierno municipal y central, y los usuarios privados (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017). En la ley se crearon dos grupos y un documento: un grupo de asesores “Te Karewao” integrado por representantes y autoridades de las comunidades ribereñas y locales relevantes (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017, s 27), un grupo de colaboración estratégica “Te Kopuka” conformada por personas y organizaciones con intereses en el río Whanganui como las autoridades locales, los departamentos de Estado, los usuarios comerciales y recreacionales, y grupos los ambientalistas (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017, s 29), y una estrategia para la colaboración “Te Heke Nghuru” (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017, s 35).

Poco se sabe de la colaboración en este régimen de gobernanza porque el acuerdo es de reciente creación. A la fecha el estatus de personalidad del río Whanganui o sus valores no pueden ser factores determinantes en una decisión administrativa relacionada con los derechos del agua (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017, s 16). Bajo la Ley Te Awa Tupua sólo las partes del río que son propiedad de la Corona fueron conferidas al acuerdo y por ello no puede influir en los derechos públicos de uso, pesca o navegación, permisos privados o permisos para usar el río (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017, s53-55). Aunque la Ley Te Awa Tupua establece que debe existir una “consideración relevante” de parte de los tomadores de decisiones administrativas (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017, ss15,16), el acuerdo no concede el derecho del propiedad o uso del agua del río debido a que la Corona sostiene que nadie en Nueva Zelanda puede “ser dueño” del agua, la cual está asignada a la Corona en representación de lo público (Water and Soil Conservation Act 1967: 21; Coal Mines Amendment Act 1903: 14; Resource Management Act 1991: 354). Bajo la Ley de Gestión de Recursos de 1991 (Resource Management Act 1991) las autoridades que otorgan el “permiso de recurso”, usualmente autoridades municipales, toman como base el principio de “el primero que llega, primero se sirve” (Resource Management Act, 1991: 14); por ello, mientras el río no pueda reclamar sus derechos de agua, tendrá derechos limitados (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017).