Читать книгу Lecciones de economía española - José Colino Sueiras - Страница 10

Dado que la situación descrita ha tenido su origen primero en un golpe –la pandemia– recibido por la economía por causas ajenas a ella, las actuaciones de la política económica se han encaminado a poner a salvo todo lo dañado hasta que se supere el problema sanitario. Cuanto más tejido productivo sano se salve, más fácil y pronta será la recuperación. Las medidas adoptadas tienen, consecuentemente, un triple objetivo: garantizar la actividad de las empresas, mantener el empleo y dar cobertura a la población más desfavorecida. Son las mismas áreas en las que están actuando los otros países europeos, aunque cada uno con el mayor o menor margen que le permiten sus respectivos recursos públicos.

Con el propósito de facilitar la continuidad de empresas –«sobrevivencia», sin más, en bastantes ocasiones–, se abrió inmediatamente una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial y otra de cobertura aseguradora para pymes exportadoras. Además, se permitieron aplazamientos de impuestos y de cotizaciones sociales a pequeñas empresas y se flexibilizaron las reglas mercantiles para reuniones de accionistas y presentación de documentos registrales.

Con la prolongación de la pandemia, se ha ampliado el plazo de aplicación de todas estas medidas en diversas ocasiones, aunque su efectividad ha ido disminuyendo, conforme la salud y la supervivencia de las empresas se ha visto amenazada por el aumento de su endeudamiento. Por ello, a comienzos de 2021, con cierto retraso con respecto a otros países, se aprueba un plan para prevenir la insolvencia de aquellas empresas que son viables, sobre todo en los sectores que permanecen aún en «hibernación»: el turismo y las actividades recreativas y de ocio, principalmente. A través de este plan, se ha abierto la posibilidad de convertir los créditos avalados en créditos participativos, así como de que el Estado entre en el capital social de las entidades.

Para proteger el empleo y contribuir al mismo tiempo a la continuidad de las empresas se han utilizado los ERTE, que han introducido por primera vez flexibilidad en el mercado de trabajo español a la hora de responder a una crisis, extendiendo así algo frecuente en otros países europeos. Al ser declarada la pandemia causa de fuerza mayor (y ciertamente lo es), se comenzó por simplificar y agilizar su tramitación, haciendo más fácil y generalizable su utilización: la Seguridad Social se hace cargo de los pagos a los trabajadores, sin que ello compute en el historial como desempleo, y de las cotizaciones a la propia Seguridad Social. En paralelo, se estableció pronto una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos que se ha mantenido después con modificaciones, al igual que la exoneración del pago de las cotizaciones.

En sucesivas prórrogas de los ERTE, se han establecido mecanismos que favorecen el retorno de los trabajadores a sus puestos de trabajo y se ha ceñido el ámbito sectorial de aplicación de este instrumento a aquellas actividades para las que se han mantenido restricciones de funcionamiento, que fundamentalmente han sido las relacionadas con el turismo, el ocio y el entretenimiento.

Para los colectivos más desfavorecidos y expuestos –aparte de otras medidas de menor alcance–, se aprobó en la primera mitad de 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una novedad en España –no a escala europea, donde casi una veintena de países ya tiene implantada una renta mínima de ese tipo–, de gran importancia. Se trata de un instrumento de garantía de mínimos para afrontar las consecuencias de la crisis, pero también para luchar contra la pobreza crónica y extrema. Se estableció con carácter estructural, si bien las dificultades que implica el acogerse a sus beneficios apoyan la idea expuesta por diversos analistas de que habría sido mejor instrumentarlo como un programa temporal, con la expresa vocación de servir como laboratorio para el mejor diseño de un programa permanente.

El paso siguiente –después de haber evitado rupturas en el tejido productivo y asegurado la protección de los más directamente afectados por el desplome de la actividad– será recuperar para la economía española una senda de crecimiento estable, pues, en caso contrario, no tardarán en agotarse los recursos para el sostenimiento de empresas, trabajadores y sectores de población en riesgo de exclusión o padeciendo pobreza severa.

La clave estará, de una parte, en conseguir mantener un ritmo rápido de vacunación que asegure la inmunidad «de rebaño» y, de otra, en evitar que se cierre un número significativo de empresas, así como que los trabajadores acogidos a los ERTE, cuando estos finalicen, se reintegren a la actividad normal.