Читать книгу Agenda 2030, Desarrollo Sostenible e Igualdad - José Luis Domínguez Alvarez - Страница 23

Como conclusión lógica a cuanto antecede, la sostenibilidad urbana atañe a una multiplicidad de asuntos, a causa, precisamente, de su transversalidad. A los temas propiamente ecológicos o ambientales, como la lucha contra los efectos del cambio climático, se suman otras múltiples manifestaciones.

Así, entre las preocupaciones de mayor impacto e interés actual en la ciudad, el uso racional de recursos y el régimen energético, en particular, la lucha contra la pobreza energética; la expansión de las nuevas tecnologías para garantizar a la ciudadanía un acceso cualitativamente adecuado, suficiente y económicamente practicable a internet que facilite cohesionar el ámbito urbano e impida inequidades y diferencias inasumibles en el ejercicio de los derechos en función de dónde resida el ciudadano; o, la necesidad de ordenar el crecimiento de las urbes, de regularizar y regular el uso de suelo, de desarrollar estrategias urbanas integradoras que promuevan una mayor inclusión social y aseguren el acceso a servicios urbanos asequibles en relación con un posible derecho a la ciudad.

A título de ejemplo, el considerando 34 de la reciente legislación europea sobre el clima15, que subraya la evidente y estrecha interdependencia entre sostenibilidad y neutralidad climática, relacionando una serie de aspectos de indudable impacto y especial significado actual en el entorno urbano de los Estados miembros de la Unión Europea:

“Cuando adopten las medidas pertinentes a escala nacional y de la Unión para alcanzar el objetivo de neutralidad climática, los Estados miembros y el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben tener en cuenta, entre otras cuestiones, la contribución de la transición hacia la neutralidad climática a la salud pública, la calidad del medio ambiente, el bienestar de los ciudadanos, la prosperidad de la sociedad, el empleo y la competitividad de la economía; la transición energética, el refuerzo de la seguridad energética y la lucha contra la pobreza energética; la seguridad alimentaria y la asequibilidad; el desarrollo de sistemas de movilidad y transporte sostenibles e inteligentes; la equidad y la solidaridad entre los Estados miembros y dentro de cada uno de ellos, habida cuenta de su capacidad económica, las circunstancias nacionales, como las especificidades de las islas, y la necesidad de convergencia a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer que la transición sea justa y socialmente equitativa a través de programas de educación y formación adecuados; la mejor información científica disponible y más reciente, en particular las conclusiones del IPCC; la necesidad de integrar los riesgos relacionados con el cambio climático en las decisiones sobre inversión y planificación; la eficiencia en términos de costes y la neutralidad tecnológica a la hora de lograr las reducciones y absorciones de las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia; y los avances a lo largo del tiempo con respecto a la integridad medioambiental y el nivel de ambición”.

En todo caso, conviene subrayar que la reflexión sobre la cuestión urbana en nuestro país enlaza también, en última instancia, con una preocupación más amplia y ciertamente global acerca de la velocidad y la propia magnitud de los cambios urbanos habidos en las últimas décadas y, muy especialmente, desde mediados del siglo XX16. No cabe ignorar la realidad consolidada en el ámbito internacional, atinente a la cada vez más evidente remoción de los confines entre los entornos rural y urbano y a la consolidación de un modo de vida esencialmente urbano al que aspira hoy, directa o indirectamente, la inmensa mayoría de la población mundial17.

Así lo ha reconocido en varias ocasiones Naciones Unidas en su informe anual sobre las perspectivas mundiales de urbanización, sancionando el año 2007 como aquel en el que, por primera vez en la historia de la humanidad, la población mundial residente en entornos urbanos superaba cuantitativamente a la establecida, en cambio, en asentamientos rurales18. Llama asimismo la atención sobre el hecho de que la proporción de mujeres es mayor en el ámbito urbano, que concentra, además, a la mayoría de familias monoparentales a cargo de una mujer19. Se trata, por lo demás, de un proceso de urbanización imparable, estimándose que para el año 2050 dos tercios de la humanidad vivirá en zonas urbanas, caracterizadas cada vez más, a resultas de su rápido cuando no desenfrenado crecimiento, por un número creciente de habitantes en barrios pobres, con infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados, mayor contaminación, mayores desigualdades y dificultades, en particular, desde la perspectiva de la paridad y de las oportunidades para las mujeres20.

No escapa de estas tendencias España, inmersa también en este proceso sostenido de pérdida de población en el medio rural. Y así, Naciones Unidas estima que se habrá perdido para 2050 un 31,8 por 100 de la población rural existente en nuestro país en el año 201421, dato aún más dramático si se toma en consideración que en apenas 100 años nuestra población urbana habrá de pasar de las 14.574.000 personas que habitaban en entornos urbanos en 1950 a las 39.073.000 que se estima que lo harán en 2050, previéndose, en definitiva, que para entonces el 88 por 100 de la población española resida en zonas urbanas22 y abocándose, en fin, a nuestros poderes públicos, en especial a la Administración local, a lidiar con los diversos y complejos retos que semejante trasvase poblacional supone23.