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V. Consideraciones finales

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La necesidad de profesionalización en la contratación pública es, como se ha visto, una exigencia inaplazable si se pretende responder son suficientes garantías de éxito a los retos planteados en el día a día de los gestores de este importante ámbito de actividad. Efectivamente, cualquiera que se haya acercado a la normativa en materia de contratación pública podrá atestiguar que se trata de un ordenamiento complejo y cambiante, que exige un notable esfuerzo de especialización y actualización.

Junto a ello, en los últimos años se ha dotado a la contratación pública de una función adicional, al pretender que incida en diversas políticas públicas, como por ejemplo la protección del medio ambiente, la promoción de la igualdad o el fomento de la innovación. De esta manera las licitaciones requieren un grado de conocimientos mayor, al cual se atenderá habitualmente a través de equipos multidisciplinares, como en el caso de la compra pública de innovación donde deberán intervenir expertos en ámbitos tan distintos como nuevas tecnologías, gestión de proyectos o gestión de derechos de propiedad intelectual e industrial.

Al mismo tiempo, el grado de conocimientos, aptitudes y experiencia previa de los gestores de los contratos se vincula con su capacidad de luchar contra la corrupción que sigue acechando en este ámbito. Su mayor profesionalización les permite justificar mejor sus decisiones, de manera que puedan respetar el principio de integridad.

Por todo ello, desde la Unión Europea se han desarrollado diversas recomendaciones y propuestas para incidir en la profesionalización de las personas dedicadas a la contratación pública. La más reciente ha sido la aprobación por la Comisión de ProcurCompEU, una herramienta configurada en torno a tres elementos (matriz de competencias, herramienta de autoevaluación y programa de formación) que puede suponer un impulso decisivo a este importante reto.

Corresponde ahora a las diversas organizaciones y administraciones públicas aprovechar esta novedosa y útil herramienta. Para ello deberán diseñar los perfiles laborales requeridos y promover la autoevaluación de las competencias de su personal, de manera que pongan remedio a los problemas o deficiencias encontrados. Junto a ellas y a título individual, todos los profesionales dedicados a la contratación pública pueden autoevaluar sus competencias y diseñar su estrategia de formación para solventar sus lagunas o mejorar sus conocimientos. En tercer lugar, los proveedores de formación podrán adecuar sus programas, de manera que respondan a las necesidades detectadas por las organizaciones y/o los particulares. Este trabajo conjunto permitirá, de una vez por todas, optimizar la profesionalización en la contratación pública y, en consecuencia, lograr la eficiencia en este importante ámbito.

Observatorio de los contratos públicos 2020

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