Читать книгу La inspección ambiental en el ámbito autonómico. Estado de la cuestión - María del Mar Muñoz Amor - Страница 17

Llama poderosamente la atención la diferencia que existe entre el Anexo de la Comunicación de 2017 (primer paquete EIR) analizado en el Capítulo II.C.1, –en el que se plantean las actuaciones en las que España tienen que mejorar–, con el contenido del presente informe, de apenas cuatro páginas, dado que en este de 2017 no se menciona nada relacionado con la inspección ambiental o, al menos, con el papel que esta actividad puede desempeñar para, precisamente, asegurar un correcto cumplimiento de la legislación medioambiental por parte de nuestro país.

En todo caso, este informe, partiendo de la afirmación siguiente: «La coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones públicas competentes podría reforzarse y el desarrollo sostenible podría integrarse aún más en otras políticas sectoriales», lo que no nos sorprende lo más mínimo36, señala como principales retos para España en cuanto a la mejora del cumplimiento de la legislación ambiental los siguientes: mejora de la gestión del agua (entre otras cosas completando el tratamiento de las aguas residuales urbanas); mejorar la gestión de los residuos y aprovechamiento del potencial de la economía circular; y el aumento de la fiscalidad medioambiental y la reducción de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente37.

Respecto a la legislación en materia de residuos, se establece que, aunque en los últimos años se haya reducido la cantidad de residuos municipales, el desafío en este ámbito sigue siendo el reciclaje y la prevención de los residuos38. Indicando, además –circunstancia que a fecha actual está superada39– que España en 2017 carecía de una estrategia nacional específica y exhaustiva sobre la economía circular.

En cuanto a la mejora de la gestión de las aguas, en este informe se reconoce que en España hay ciertas zonas con déficit hídrico, es decir, donde la demanda de agua supera los recursos hídricos disponibles en unas condiciones sostenibles, lo que significa que en nuestro país aún no se ha disociado el crecimiento económico del uso del agua. Por ello, «una adecuada política de tarificación del agua que permita recuperar el coste de los servicios hídricos40, podrían permitir aprovechar el potencial de ahorro de agua, especialmente en el sector agrícola, el mayor consumidor de agua»41. Al respecto también señala también que aún «hay margen para aumentar la eficiencia en el uso de las infraestructuras de suministro de agua y podrían preverse medidas para mejorar la gobernanza del agua»42.

Finaliza reconociendo que, aunque en relación con las Directivas sobre el agua potable y las aguas de baño, nuestro país alcanza unas tasas de cumplimiento muy elevadas, no ocurre lo mismo respecto a la aplicación de la Directiva sobre nitratos y a la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, donde aún existen ciertas lagunas43. Por lo que se concluye que la adecuada aplicación de la Directiva Marco sobre el Agua (DMA) sería crucial para mejorar la gestión del agua en España.

Por último y en relación con la fiscalidad ambiental, en este informe se indica que, «en la última década, los ingresos de España procedentes de impuestos relacionados con el medio ambiente siguieron siendo de los más bajos de la UE, representando tan solo un 1,85% del PIB en 2014, frente a la media de la UE del 2,46%»44. Así mismo, se señala que, aun habiéndose adoptado algunas medidas, –principalmente en el sector de la energía– en los últimos años, «los avances en materia de fiscalidad medioambiental son muy limitados»45. Ello, unido a la dispersión normativa y a un enfoque heterogéneo a escala regional e incluso local, hacen que España deba afrontar «el desafío de desplazar la fiscalidad que grava el trabajo a otros impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, además del importante reto de reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente»46.