Читать книгу 100 años de periodismo en el Perú - María Mendoza Micholot - Страница 14

Un capítulo interesante en este breve recorrido por el periodismo político del siglo XIX se refiere a la libertad de prensa, piedra angular del resto de libertades ciudadanas y garantía de la democracia en el Perú, pero que en aquellos años no era irrestricta. Como anota Pedro Planas en su libro La república autocrática:

Podían los parlamentos deliberar con gran autonomía y hasta interpelar ministros y censurarlos. Mas con la prensa, los gobiernos del siglo XIX, en particular los numerosos caudillos militares, fueron muy intolerantes. Es probable que esta secuela de intervenciones y de clausuras a los periódicos pueda explicar —en parte— la ausencia de una vigorosa opinión ciudadana en nuestro primer medio siglo de vida republicana. Y aún después. Tras la guerra con Chile, con un Parlamento muy díscolo, revistas y periódicos sufrieron intempestivas clausuras (Planas 1994: 133).

Un hito importante fue el Estatuto Provisorio del 27 de diciembre de 1879, dado en el contexto de la Guerra con Chile, después de que Nicolás de Piérola, el Califa, asumiera el gobierno como Jefe Supremo de la República y tras el golpe de Estado contra el vicepresidente Luis La Puerta.

En su artículo 7, la norma garantizaba la seguridad personal, la libertad y la propiedad, el derecho al honor, la igualdad ante la ley, pero en el caso de la libertad de imprenta, añadía: “[…] quedando proscrito el anónimo, que se perseguirá y se castigará como pasquín. Los delitos cometidos por medio de la imprenta no cambian su naturaleza. En su consecuencia, se juzgarán por los tribunales respectivos” (El Comercio, 29 de diciembre de 1879).

José Perla sostiene en La prensa, la gente y los gobiernos (1997) que el estatuto, que fungió de Constitución, no colocaba bajo el manto de la libertad de prensa los escritos anónimos (como las informaciones sin firma y los editoriales), y más bien aseguraba una sanción ejemplar para las críticas sin firma contra las autoridades, sobre todo si provenían de la oposición. Los medios de la época no lo entendieron así, lo cual agravó la deteriorada relación que en ese entonces mantenían con Nicolás de Piérola, esta vez convertido en presidente de facto.

El historiador de El Comercio Héctor López Martínez sostiene que las “secciones que nunca se habían firmado, como el editorial, fueron penadas como anónimas” (López Martínez XIII, 2004: 75). Refiere también que al poco tiempo fueron detenidos por presunto desacato al estatuto los directores de los principales diarios de Lima: José Antonio Miró Quesada y Luis Carranza, de El Comercio; Cesáreo Chacaltana, de El Nacional; Andrés Avelino Aramburú, de La Opinión Nacional; Pedro Alejandrino del Solar, de La Patria; monseñor Manuel Tovar, de La Sociedad; Luis Faustino Zegers, de La Tribuna, y Eduardo Villena, de El Independiente.

El descontento de los periódicos en aquellos días se refleja en este editorial del decano, donde se defiende un principio hoy generalizado en las empresas periodísticas: la libertad de prensa debe ser irrestricta, incluso para aquellos que quieren expresarse anónimamente:

La libertad de prensa ha sido suspendida […]. El anónimo queda proscrito y el que desea [someter] a juicio público sus ideas, por medio de la prensa, está de hoy en adelante obligado a firmar sus escritos […]. Si bien es cierto que se ha abusado del anónimo, para deprimir reputaciones legítimas y dañar los más altos intereses […] pero del abuso no se deriva precisamente la conveniencia de suprimir una libertad (El Comercio, 29 de diciembre de 1879).

La crítica no fue admitida por Piérola, lo cual explica la serie de incidentes que se produjeron en los años sucesivos. Uno de ellos se dio cuando El Comercio cuestionó el contrato Dreyfus sobre la explotación del guano suscrito para solventar los gastos de la guerra. Además de editoriales, publicó dos cartas procedentes de París remitidas por Francisco Rosas, agente financiero del depuesto régimen de Prado, que daba cuenta de unas negociaciones más beneficiosas ante el Crédit Industriel.

Piérola, que no era todavía el gobernante maduro que fue en 1895 —escribió Aurelio Miró Quesada Sosa—, sino el caudillo vehemente y arbitrario, insistió en que el extracto de las cartas publicadas en El Comercio era falso. En vano el jefe de redacción, Guillermo Carrillo, llevó a Palacio las dos cartas para que las leyera el propio Piérola […]. Por razones políticas, insistió en su rechazo, prefirió librarse de un posible censor y resolvió clausurar El Comercio, para lo que expidió un decreto y envió guardias a la imprenta el 16 de enero de 1880 (López Martínez XIII, 2004: 76).

Estos acontecimientos salieron a la luz cuando el Califa volvió a la Presidencia de la República a fines del siglo XIX, en otro contexto y con otros aliados: sus antiguos enemigos, entre los que se encontraban varios medios de prensa.