Читать книгу Los mercados financieros ante la disrupción de las nuevas tecnologías digitales - Mauricio Baquero Herrera - Страница 19

Las start-ups son actores principales de la innovación en buena parte de los sectores de la economía, y en particular en el financiero, puesto que presentan nuevos productos, servicios y modelos de negocio que generalmente favorecen la competencia y traen beneficios a los usuarios finales. Los fundadores son el actor protagónico en el componente organizacional; la puesta en marcha de sus ideas sigue el ciclo de vida propio de sus compañías. Sin embargo, se requiere atender al objeto social y a la proyección corporativa para estructurar los vehículos societarios y los mecanismos de financiación convenientes para su industria.

En tal sentido, la personalidad jurídica permite asumir derechos y deberes al start-up, en la que la tipología societaria seleccionada en la formación determina la responsabilidad limitada de los socios y la obtención de la autorización de operación en el sector financiero (si es el caso), y el cumplimiento de otros requisitos, como el de aporte de un monto de capital mínimo. Igualmente, el capital se obtiene en diversas rondas de inversión a través de diferentes instrumentos de capital de deuda o mediante la combinación entre deuda y capital; en cada una de las rondas se tratan estructuras jurídicas y documentos contractuales que tienen impacto en la composición de la junta directiva de la start-up.

En cuanto a los aspectos de competencia, se observa que las fintech son una industria naciente con potencial, que ha tenido que enfrentar un escenario de seguridad jurídica que se ha ido construyendo conforme a su expansión. Se debe distinguir claramente el objeto social de la start-up para establecer la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia que la vigila; pero en todo caso, se debe cumplir con la normativa frente al abuso de la posición de dominio, las integraciones empresariales y las prácticas anticompetitivas.

La figura del cumplimiento hace referencia a la gestión del riesgo de sanciones legales o reglamentarias, y su aplicación se extiende a otras áreas, además del sector financiero. Se trata del ejercicio del gobierno corporativo para adoptar un sistema dentro del cual se fomente un proceder ético en cada una de las áreas de la start-up.

Si bien los programas de cumplimiento aparecen en el escenario internacional, ha sido positivizado en el derecho colombiano, motivo por el cual las empresas están en el deber de adoptar programas de transparencia que estipulen mecanismos internos anticorrupción y normas de auditoría. La normativa señala expresamente que el sector financiero, así como el de tecnologías de la información y comunicaciones, deben implementar programas de debida diligencia.

Hay que tener en cuenta que el programa de cumplimiento presenta desafíos adicionales en fintech, porque el riesgo conlleva el uso de tecnologías de la información, en el que se pueden ver involucrados aspectos de seguridad de la información y la protección de datos personales.

Así las cosas, el régimen general de protección de datos obliga a los emprendedores a implementar una política de tratamiento de datos personales, en la cual se especifiquen los requisititos, la aplicación de los principios, los derechos, los deberes, e igualmente, a que se adopte un manual interno de políticas y procedimientos de la empresa, a efectos de cumplir con el principio de responsabilidad demostrada. Ahora, si se realiza el tratamiento de información financiera, tiene aplicación la Ley 1266 de 2008, que especifica parámetros para emitir reportes de cumplimiento de las obligaciones a los bancos de datos crediticos.

La gobernanza ética de los sistemas de inteligencia artificial son un presupuesto para los programas de cumplimiento en las fintech, pues el uso de estos sistemas expone problemas de transparencia, responsabilidad, control y explicabilidad algorítmica que pueden llegar a vulnerar derechos humanos y desafiar la intervención del Estado en la economía.

Finalmente, el país ha optado por acoger un escenario de experimentación regulatoria para que se diseñen políticas públicas en un entorno multisectorial, por lo que la estrategia apunta a dotar de mayor seguridad jurídica y a promover el crecimiento de la industria fintech en Colombia.