Читать книгу Antes de la próxima pandemia - Miguel Ángel Recuerda Girela - Страница 41

En nuestra opinión, el sistema educativo es uno de los elementos más importantes en la articulación de un país y en el desarrollo de una conciencia nacional. El análisis y el estudio de una historia y cultura comunes, de la forma de evolucionar como nación a lo largo del tiempo, de las relaciones de vecindad o de las afinidades o enfrentamientos con otros países, de los conflictos internos, el afán de un pueblo por expandir su cultura o por hacer más grande su legado; todo ello son factores que conforman lo que tantas veces se denomina como conciencia colectiva. Es indudable que la formación de los niños y jóvenes en unos principios comunes en todas las etapas educativas, es sustancial para el fortalecimiento de Estado nación. Durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, muchas han sido las decisiones que se han tomado en los distintos niveles educativos desde la educación infantil y primaria hasta la universitaria. La adopción de estas decisiones, la coordinación de las propuestas y el análisis de las consecuencias, no solo en el entorno formativo sino también en el social, han sido una de las cuestiones que más transcendencia ha tenido y tendrán sobre la vida de millones de familias españolas. Así las cosas, a la hora de llegar a una postura común de cuál sería la forma en la que nuestros escolares y universitarios continuarían con el estudio del material curricular, la falta de unanimidad en esta materia, hizo que el órgano encargado de la coordinación de la educación, es decir el Ministerio de Educación, en vez de imponer un criterio para todos, se evadiera de su responsabilidad de adoptar una decisión que tratara a los estudiantes de todas las comunidades autónomas por igual. En este sentido la decisión de cuáles serían las consecuencias de centros educativos no fue unánime. Asimismo, el tratamiento que haya de darse a los alumnos que han estado confinados como mínimo durante el último trimestre del curso, ha sido uno de los aspectos más polémicos y ha provocado un debate sobre la conveniencia del llamado «aprobado general». El resultado es que unas comunidades autónomas se han acogido a la Orden del Ministerio de Educación para que los estudiantes promocionen salvo casos excepcionales, y otras no han querido flexibilizar los criterios para promocionar y pasar de curso. La demanda por parte de las administraciones autonómicas de que se estableciese por el Ministerio de Educación un número máximo de asignaturas que sirvieran como tope para no pasar de curso y repetir el próximo año, fue desestimada por el Ministerio y al final, serán los centros docentes de las comunidades autónomas que se adhirieron a la orden del Gobierno de la Nación, los que decidirán en atención a las características y circunstancias del menor si promociona o no, esto es, si pasa o no de curso. La conclusión es que nos encontramos ante 17 modelos educativos o cuando menos con dos, tres o cuatro modelos educativos distintos dentro del territorio nacional lo cual, no se corresponde con un Estado que, si bien es descentralizado en su gestión, tiene la competencia constitucional de la alta inspección educativa para garantizar, entre otras cosas, la igualdad en el acceso y la prestación del derecho a la educación en cualquier parte del territorio nacional.

Ya hemos asistido de forma alarmante a como la transferencia de la educación ha sido utilizada por algunas comunidades autónomas como el más poderoso de los instrumentos para alimentar un sentimiento nacionalista e incluso separatista del resto del país. La educación se ha configurado para algunos como el arma más útil para acabar con el sentimiento de unidad nacional dentro de la diversidad, que es la piedra angular de la conciencia colectiva y del destino común de un país. Otra de las consecuencias graves de la distorsión del modelo, ha sido la diferencia en los grados de exigencia en las distintas latitudes del territorio nacional. Los informes PISA que miden la excelencia educativa de los países de la OCDE, así como la preparación de los alumnos en materias esenciales para la vida y en concreto para el mercado laboral, dejan en evidencia, no solo la situación de nuestro país en relación a otros de nuestro entorno sino, lo que es más preocupante, las diferencias existentes entre los alumnos de las distintas comunidades autónomas en cuanto a su capacitación en distintas materias (matemáticas, ciencias, lectura, lenguas extranjeras) y el nivel de excelencia, con lo que ello supone en términos de inequidad y desigualdad, cuando lo que ha de garantizar la educación es la igualdad de oportunidades.

La situación fue la de unas administraciones regionales, las comunidades autónomas, que se negaron a la vuelta a las aulas en la llamada educación infantil (0 a 6 años) y contaron para ello con el beneplácito de las asociaciones de padres que consideraban no viable la vuelta por la falta de protocolos que garantizaran la seguridad de los estudiantes. Y respecto al próximo curso, se han reclamado al Ministerio de Educación criterios claros sobre ratios de alumnos por clase, reordenación de servicios de comedor y transporte y mejora de la docencia telemática, que no han sido atendidos.

Lo cierto es que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1 de la Constitución). De ahí deriva obviamente y de forma implícita, el que el Estado asuma la alta inspección del sistema educativo, la homologación del mismo o la programación general de la enseñanza y que estas funciones deba ejercerlas en todo el territorio nacional para garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a su derecho a la educación. El artículo 149.1.30 de la Constitución, atribuye al Estado la competencia exclusiva en la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Por otra parte, también es cierto que la previsión contenida en el artículo 149.3 de la Constitución, al expresar que las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía, dio lugar a que muchos asumieran las competencias que no fueran de exclusividad del Estado. Como consecuencia, los primeros Estatutos de Autonomía que asumieron las competencias de educación y donde se produjeron las transferencias fueron Cataluña y País Vasco en 1980 en relación a la educación no universitaria, posteriormente, en 1982 Galicia y Andalucía, en 1983 Canarias y Valencia, en 1990 Navarra, en 1997 Baleares, en 1998 La Rioja, Cantabria y Aragón y en 1999 Murcia, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Asturias.

¿Qué ha puesto en evidencia la situación de crisis sanitaria que hemos vivido con el cierre de los centros educativos impuesto por el confinamiento?, a nuestro juicio, la ausencia de una Administración nacional que ejerza la autoridad que le confiere el texto fundamental para ordenar y dirigir una situación excepcional, así como para garantizar la igualdad en el acceso a la educación de todos los ciudadanos sea cual fuere su lugar de residencia. Por ello, al igual que en materia sanitaria y desde nuestra perspectiva con unas consecuencias e implicaciones mucho más importantes, es necesario abrir el debate acerca del papel del Estado en el diseño de nuestro modelo educativo y de sus funciones en el sistema de enseñanza, con independencia de las competencias de las comunidades autónomas en la gestión del derecho fundamental de la educación en todos sus niveles.