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2. LA DIGITALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030

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La digitalización supone un cambio de era. Asistimos a una transformación profunda, radical y tremendamente veloz de la forma en la que nos comunicamos, aprendemos, informamos, consumimos, trabajamos y divertimos. Una transformación que siendo digital afecta a lo social, cultural, organizativo y humano y que está provocando unas nuevas formas de relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, e incluso afectivas. Una transformación que además se ha visto más acelerada, en términos de construcción y utilización, por la situación sanitaria y la necesidad de confinamiento.

Hace casi una década autores se aventuraban al decir que las habilidades relacionadas con las TICs serían tan importantes como las de escritura, lectura o aritmética (Pérez-Lagares, Sarasola-Sánchez y Balboa-Carmona, 2012). La realidad demuestra que han acertado en sus previsiones y que el acceso, posesión y competencia en la utilización de las tecnologías marca serias diferencias entre personas y sociedades. Internet, como núcleo de estas tecnologías, es fundamentalmente un medio de comunicación pero sus efectos van más allá y alcanzan a la economía, la cultura, las instituciones y la sociedad en general (Castells, 2002).

Cierto es que muchos avances de los últimos tiempos se han producido por la tecnología digital; como la posibilidad de personalizar servicios o productos gracias al acceso y gestión de ingentes cantidades de datos o el fortalecimiento de movimientos sociales que han visto en Internet un terreno útil para conectarse, difundir o promoverse. Sin embargo también es cierto que muchos problemas nuevos o persistentes se originan, mantienen o agravan por ella. Sus efectos son ambivalentes sobre los derechos sociales, las desigualdades y la pobreza. El impacto que tiene sobre distintas esferas pero sobre todo la laboral (la denominada como empleabilidad digital requiere de habilidades que no todas las personas tienen y además ciertas profesiones van a desaparecer, algo que genera un lógico temor) afecta a todas las zonas geográficas y propicia un aumento de las desigualdades intra y supranacionales, entre diferentes grupos sociales e incluso personales (Alva, 2015). En esta misma línea, la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo han planteado que las TICs pueden provocar un agravamiento de las ya existentes brechas sociales por ejemplo al desplazar formas de trabajo más industriales hacia áreas tecnológicas y virtuales a las que no todo el mundo tiene igual acceso o iguales oportunidades de manejar adecuada y eficazmente. También han alertado del abaratamiento de la mano de obra industrial y el desplazamiento de las actividades industriales hacia los países empobrecidos, lo que les coloca en un bucle de difícil salida, acentuando su posición previa de desventaja. Así, las desigualdades no solo se mantienen sino que pueden agravarse para quienes ya las sufrían y también extenderse a nuevas personas, grupos y países o zonas geográficas (Olarte, 2017).

Decíamos antes que los Objetivos de Desarrollo Sostenible enunciados se marcan, entre otros, las metas de conseguir que todas las personas tengan igual acceso a los servicios y bienes que les son necesarios y útiles. Lamentablemente, la tecnología puede suponer el alejamiento de muchas personas de ellos y propician situaciones de desigualdad que se manifiestan en diversos ámbitos tales como el laboral, el financiero, el social y también el educativo (Monclús y Sabán, 2012).

Estas carencias relacionadas con el acceso a las TICs en términos de cantidad, precio, calidad y frecuencia (Ramos, 2018); a las habilidades y competencias para manejarlas eficazmente o las cuestiones relacionadas con las faltas de oportunidades para tomar decisiones sobre qué servicios se prestan en el mundo online, cuándo y en qué condiciones, hacen que muchas personas pasen, se mantengan o vean acentuada su situación de exclusión social. Esta distribución desigual en el acceso y aprovechamiento de las TICs provoca una grave factura social (Tello, 2007).

La información disponible en Internet no es accesible, comprensible y manejable para todas las personas por igual (Alva, 2015). Existen diferencias que tienen que ver con el acceso por cuestiones geográficas, económicas, políticas, familiares, e incluso meteorológicas o temporales; otras se relacionan con habilidades y competencias para comprender los contenidos o crearlos (por cuestiones educativas, formativas, de alfabetización, de edad, de capacidades intelectuales, motoras o sensoriales); y otras se relacionan con la escasez o inexistencia de posibilidades para plantear qué tipo de servicios y productos relacionados con la tecnología les serían útiles u obviamente poder diseñarlos y desarrollarlos. Podríamos incluso añadir diferencias en el interés que una persona puede sentir respecto al entorno virtual y aprender a manejarlo eficaz y eficientemente. En este sentido, resulta esencial considerar que la tecnología está creada y desarrollada por personas que tienen prejuicios e ideologías y que por tanto, en gran medida, sus creaciones reproducen lo que piensan o creen.

Así, a los factores que han sido siempre conocidos por las y los profesionales como causas de marginación, sumamos ahora esta brecha digital. Por consiguiente es indispensable un esfuerzo general para conseguir que la transformación digital que estamos viviendo también suponga una transformación inclusiva y humana. Unas intenciones presentes en las estrategias europeas y españolas según se observa en la Agenda Digital para Europa (Unión Europea, 2014) y en la Agenda España Digital 2025 (Gobierno de España, 2020). Ambas plantean la transformación digital como forma de crecer en lo económico a la vez que se reducen las desigualdades, se protegen los derechos individuales y colectivos y se respetan los valores constitucionales y europeos. Plantean la desaparición de la brecha digital ensanchada por cuestiones territoriales, educativas, medioambientales, generacionales, socioeconómicas y por género, el fomento del progreso social y la garantía de los derechos de las personas en el entorno digital.

El Trabajo Social, considerándolo como el cúmulo de las instituciones de servicios sociales, las organizaciones y también las profesionales del sector, debe apoyar esta línea y estar muy alerta promoviendo el interés general y la protección de las personas, grupos y comunidades más vulnerables (Castillo de Mesa et al. 2019).

Hacia la disrupción digital del trabajo social

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