Читать книгу Cuba: ¿Ajuste o transición? - Rafael Rojas - Страница 16

Según cifras oficiales, en 2010 había entre 1.3 y 1.8 millones de empleados estatales excedentes o innecesarios (“plantillas infladas”), es decir, entre 26 y 36% de la fuerza laboral ocupada. En trabajos previos, he demostrado que la bajísima tasa de desempleo visible o abierto (1.6% en 2008, equivalente a pleno empleo; una de las más bajas del mundo) se había logrado mediante el desempleo “oculto”, o sea, con subutilización de mano de obra, subempleo o contratación de empleo estatal innecesario, lo cual provocaba una reducción de la productividad laboral y del salario. El enorme costo de esta política obligó a que en 2011 se reconociera el problema y la necesidad de despedir el excedente laboral. Pero, a fin de posibilitar los despidos, fue esencial expandir el sector “no estatal” que comprende el usufructo, el empleo por cuenta propia, y a los miembros de cooperativas de producción no agrícola y de servicios.

Bajo la revolución no hay antecedente de estos despidos; además, aunque el cuentapropismo ha existido desde la década de los setenta, nunca había alcanzado la magnitud actual, ni tampoco se habían permitido cooperativas no agrícolas y de servicios. Respecto a la propiedad, los cuentapropistas son dueños de su negocio si bien, como en el usufructo, el Estado mantiene la propiedad del inmueble rentado a los miembros de las nuevas cooperativas, las cuales manejan el negocio y se quedan con sus ganancias. Es otro movimiento hacia el mercado.

Hay progresos en la expansión del sector no estatal. Las ocupaciones por cuenta propia se han duplicado y se han autorizado unas 250 cooperativas de producción no agrícola y de servicios. Las cooperativas pagan una renta mensual al Estado, compran los insumos necesarios y fijan los precios de sus productos o servicios (esto último también lo aplican los cuentapropistas). Con el propósito de ganar más, los cooperativistas reciben un incentivo para mejorar el local y los servicios ofertados. Cuentapropistas y cooperativistas han sido autorizados a vender, comprar y arrendar a entidades estatales incluyendo las turísticas, contratar empleados asalariados sin límite (además de los familiares), abrir cuentas bancarias, recibir microcréditos, y comprar insumos en los incipientes mercados al por mayor creados en tres provincias a mediados de 2013.

No obstante, existen obstáculos y desincentivos importantes. Las ocupaciones son muy específicas y no cualificadas (payasos, carretilleros, aguadores, cuidadores de baños); y apenas hay unas pocas cualificadas (traductores y agentes inmobiliarios y de seguros). No se permite a los graduados universitarios ejercer por cuenta propia; así, un arquitecto puede trabajar como taxista, pero no ejercer su profesión en el sector privado (aunque se reporta que lo hacen ilegalmente). La regulación y control estatales son excesivos: para que las cooperativas sean aprobadas deben pasar por cuatro instancias y la decisión final la toma el Consejo de Ministros; los inspectores agobian a los cuentapropistas e imponen multas; recientes directivas fijan normas detalladas de control de calidad. Las licencias e impuestos son también excesivos; el fijado a la contratación laboral paga una tasa que se incrementa con el número de empleados contratado. Se penaliza así a los que crean más empleo privado y conspira contra la meta del gobierno de despedir a los trabajadores innecesarios mediante la creación de empleo no estatal (lo que oficialmente se justifica señalando que de este modo se evita la concentración de la riqueza). El microcrédito y los insumos son insuficientes, y los mercados al por mayor viven una etapa experimental. La incertidumbre debida a la historia previa de altas y bajas en el cuentapropismo se agrava con disposiciones recientes, como la cancelación de los vendedores que tenían puestos en los portales de La Habana, la fijación de altos impuestos a la venta de productos importados y su posterior prohibición, y la clausura de locales de cine y de juegos electrónicos. En enero de 2014 se promulgó una ley que establece las sanciones a las violaciones cometidas por los cuentapropistas, lo que incluye multas, decomiso y clausura del negocio. Por último, la burocracia es un fuerte obstaculizador, no sólo por razones ideológicas, sino, en buena medida, por conflicto de interés; así, al administrador de un restaurante estatal que ofrece mala comida y peor servicio no le conviene que un paladar cercano brinde excelente comida y servicio eficiente.

Es indudable que en esta área las reformas sino-vietnamitas han avanzado mucho más que las cubanas, pues el empleo en el sector privado va más allá del cuentapropismo y cooperativas, se contrata numerosa mano de obra asalariada, mientras que los profesionales pueden trabajar por cuenta propia o para el sector privado.