Читать книгу Cuba: ¿Ajuste o transición? - Rafael Rojas - Страница 18

La reforma urbana de 1960 prohibió la compraventa y arriendo de viviendas, estableció que los propietarios de viviendas sólo podrían quedarse con aquella en que vivían, virtualmente prohibió la construcción de viviendas privadas, estipuló que los arrendatarios pagasen el arriendo mensual al Estado y que después de veinte años se convirtiesen en propietarios de su vivienda, y eliminó la hipoteca. El resultado positivo de estas medidas fue que la inmensa mayoría de la población es dueña de su hogar, pero los efectos adversos fueron más grandes. Como el gobierno construyó menos viviendas respecto del crecimiento de la población y otro porcentaje fue destruido por falta de mantenimiento o por huracanes, el déficit habitacional sobrepasa oficialmente las 600 000 unidades, pero un millón de acuerdo con mis cálculos. Para aliviar este problema social, considerado como el más serio de la revolución, se permitió la construcción privada de viviendas (esfuerzo propio) y la “permuta” o trueque de viviendas supuestamente de similar valor, pero que en la práctica desató una enorme burocracia y corrupción.

La reforma del sector de la vivienda introdujo avances positivos: autoriza la compraventa de viviendas a cubanos y extranjeros residentes permanentes, al precio libremente fijado por vendedor y comprador; permite la propiedad de una segunda vivienda de recreación en el campo o la playa; y concede el derecho de heredar la vivienda y pasarla a familiares de cubanos que emigran. Otras disposiciones liberan el precio de los materiales de construcción para venderlos a costo de mercado, eliminan el subsidio en este rubro a la par que conceden créditos a los pobres y al grupo de bajo ingreso para comprar materiales más baratos; otorgan algunas exenciones de impuestos; expanden los microcréditos estatales, un 90% de los cuales son para construir o reparar viviendas, y reintroducen la garantía prendaria aunque siga ausente la hipoteca inmobiliaria. Esta reforma es trascendental ya que permite que la vivienda congelada por más de medio siglo puedan ahora venderse para cambiar de residencia o generar capital, además de estar orientada al mercado que fija los precios.

Pero hay obstáculos y trabas. El registro inmobiliario fue virtualmente abandonado en Cuba porque nadie se preocupaba de inscribir su vivienda o actualizar su estado; un intento de crear un catastro nacional al comienzo de la revolución se abortó. Para efectuar una compraventa, la propiedad debe encontrarse inscrita en el registro inmobiliario, pero sólo 17% lo ha hecho; además la transacción debe ser efectuada ante notario público, pero el número de estos profesionales es insuficiente; hasta septiembre de 2013 no se permitían los agentes inmobiliarios, aunque en la práctica operaban; la publicidad para la compraventa utiliza medios rudimentarios (carteles en lugares donde se reúnen vendedores y compradores), y aunque hay un par de sitios de Internet para estos fines, su acceso a la población es muy limitado. La prohibición de que los extranjeros no residentes compren vivienda impide legalmente la inversión de la diáspora cubana, aunque hay información de que lo contrario suceda mediante triquiñuelas de todo tipo. La prohibición a los arquitectos de ejercer por cuenta propia es un escollo a la construcción y reparación de viviendas.

En China y Vietnam no sólo se permite la inversión extranjera en el sector de la vivienda sino que se procura y ha sido un factor crucial en el boom económico de ambos países; por supuesto, los extranjeros pueden comprar viviendas, así que en esto sus reformas son también mucho más avanzadas.