Читать книгу Cuba: ¿Ajuste o transición? - Rafael Rojas - Страница 17

El costo creciente de los servicios sociales (educación, salud, pensiones, vivienda, asistencia social) alcanzó su cénit en 2007-2008 con 55% del presupuesto y 37% del PIB, las mayores proporciones en la región. La educación y la salud son universales y gratuitas, los trabajadores no pagaban contribución para las pensiones (las mujeres se retiraban con 55 años, y los hombres, con 60; entre las edades más bajas en la región), y la gran mayoría de la población es dueña de su vivienda. Había otras “gratuidades” como la venta de artículos racionados a un precio inferior a su costo y las cafeterías en los centros de trabajo con precios subsidiados. A partir de 2003, bajo la “Batalla de Ideas” lanzada por Fidel, se crearon tres mil campos universitarios municipales gratuitos que subieron el porcentaje de la población con educación superior, además se aumentó de manera colosal la matrícula en carreras de humanidades a la par que descendió la matrícula en ciencias naturales y matemáticas, ambas esenciales para el desarrollo. Fidel también creó programas ineficaces como los trabajadores sociales que se usaron para controlar el fraude en el expendio de gasolina. A pesar de su alto costo, estos servicios descendían en calidad: la pensión promedio real cayó a la mitad desde 1989; debido a la aguda escasez de maestros (por el bajo salario) hubo que crear “maestros emergentes” entrenados en pocos meses con lo que el nivel de los estudiantes entrantes en las universidades empeoraba; la planta física, el equipo y la atención de la salud también se deterioraban. La situación se agrava porque Cuba tiene la segunda población más envejecida del continente, un proceso que crece con rapidez y eleva notablemente el costo de la salud y de las pensiones. Obvio que todo esto en el mediano y largo plazo era inviable en términos financieros. Raúl Castro, reconociendo estos problemas, afirmó que los servicios sociales serían supeditados a los recursos fiscales y el crecimiento económico, por lo que creó un programa para reducirlos y eliminar el racionamiento. Nunca antes en la fase de revolución se habían recortado los servicios sociales y las gratuidades, ni siquiera durante la gravísima crisis de los noventa, así que estas reformas no tienen paragón.

Las reformas procuran reducir los gastos del presupuesto y mejorar el equilibrio fiscal, lo cual es lógico, pero tienen consecuencias sociales adversas, como el cierre de cafeterías a precio subsidiado para los trabajadores a los que se les abona una suma insuficiente para comprar sus almuerzos. Otras parecen ser racionales como la terminación de las escuelas secundarias en el campo y de miles de sedes universitarias municipales y del programa de trabajadores sociales, el establecimiento de cuotas de entrada en las universidades y el endurecimiento de los exámenes de ingreso, y el recorte sustancial de la matrícula en humanidades y educación física simultáneo al aumento en la de ciencias naturales y matemáticas. Los recortes en los servicios de salud afectarán adversamente a la población, esa será la consecuencia de las reducciones en el personal, el cierre de varios hospitales y clínicas, el recorte a la mitad de los médicos de familia (por su exportación a Venezuela, Brasil y otros países), y el de las pruebas de diagnóstico y otras costosas, mientras se incrementa el uso de la medicina herbolaria y la acupuntura. Asimismo, la reforma de las pensiones aumentó las edades de retiro en cinco años para ambos géneros y estableció contribuciones a los trabajadores a medida que aumenten sus salarios.

La reforma social más difícil es terminar con el racionamiento. Aunque las cuotas son muy magras y sólo cubren las necesidades de alimentos entre siete y diez días al mes, el sistema es vital para los grupos de menor ingreso que no reciben remesas del exterior; de ahí que su eliminación enfrente oposición. Ya desde 1995 los economistas cubanos habían advertido que el racionamiento —por su carácter universal— beneficia al grupo de alto ingreso que no lo necesita, por lo cual recomendaron sustituir el subsidio a los productos por subsidios a las personas, o sea, eliminar el racionamiento y establecer un sistema de asistencia social focalizado en los necesitados. Raúl Castro finalmente aceptó este consejo y comenzó, de forma gradual, a extraer artículos de la libreta para venderlos a precio de mercado que es cuatro veces mayor al precio de racionamiento: carne, tubérculos, manteca, garbanzos, cigarrillos, dentífrico, detergente, jabón y bombonas de gas. De igual modo recortó a la mitad la cuota de frijoles y huevos, y en 20% la del azúcar. Además ha habido incrementos de tarifas de servicios públicos y de precios en las tiendas en divisas.

Un serio obstáculo es que la mayoría de las medidas resumidas, así como la explicada en la sección anterior, han aumentado la población vulnerable y generado un creciente problema social: alza sustancial de precios de alimentos y servicios públicos; despidos que han duplicado la tasa de desempleo abierto; menor acceso a los médicos de familia y cierre de establecimientos de salud. Raúl prometió que la población afectada y necesitada no quedaría desprotegida, pero de hecho ha ocurrido una severa contracción de la asistencia social (eso se discutirá después). Los acuerdos del VI Congreso en 2011 estipularon dar por terminada la asistencia a los beneficiarios con familiares que puedan ayudarlos; una medida contraria al nivel generalizado de necesidad en Cuba. Aunque es adecuada una focalización para determinar qué beneficiarios no están de verdad necesitados, los recortes trascienden lo razonable, sobre todo por la expansión de la población en vulnerabilidad.

Las reformas sino-vietnamitas en buena medida han desmontado los sistemas de pensiones y de salud que se ligaban principalmente a las grandes empresas estatales que fueron descentralizadas en su mayor parte; la educación requiere de ciertos copagos formales o informales, y la protección social en las zonas rurales no desarrolladas se ha deteriorado. Por lo tanto, en estos países, las reformas en el financiamiento de los servicios sociales son más radicales, pero han provocado problemas sociales y brechas enormes en el ingreso que ahora tratan de enfrentar.