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Los efectos micro resumen las cifras acerca del impacto de las reformas en el número y tendencia de los protagonistas principales, en las hectáreas repartidas en usufructo, en los recortes presupuestarios en servicios sociales, en las casas vendidas, etc. Siempre que es posible se contrastan las metas con lo realmente alcanzado. Al menos que se especifique, las cifras y cálculos de esta sección proceden de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) (2013, 2014).

a) Usufructo. A mediados de 2014 se habían repartido 1.6 millones de hectáreas de tierra estatal ociosa —58% del total disponible— a 174 275 usufructuarios, de los que el 98% eran individuos (el número parece estar estancado). Entre 2007 y 2012 se cambió la distribución porcentual de la tierra cultivada entre los distintos productores (Estado, UBPC, CPA, y las más privadas CCS): el total de tierra agrícola no cultivada se redujo en 62%; mientras que la tierra estatal y en manos de las UBPC-CPA declinó, aquella en poder del sector privado y de las CCS aumentó, en este último grupo debe estar el usufructo. Lo opuesto ocurrió con la tierra cultivada. Según dos estimados, a fines de 2012, entre 33 y 54% de la tierra en usufructo no estaba aún en producción, probablemente por causa de los obstáculos analizados.

b) Despido de empleados estatales innecesarios. A fines de 2012 se había despedido a 365 000 de estos empleados, 36% de la meta oficial de un millón de despidos a fines de 2011 y 20% de la meta de 1.8 millones de despidos en 2015 (no hay cifras más recientes). Esto se ha debido a que el número de trabajos creados en el sector no estatal ha sido insuficiente para absorber a los desempleados. En todo caso, la tasa de desempleo abierto creció de 1.6% en 2008 a 3.3% en 2013, aun así ésta es la cifra más baja en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013).

c) Cuentapropistas y cooperativistas. Entre 2006 y 2014, las ocupaciones por cuenta propia autorizadas crecieron de 157 a 218, agregándose algunas actividades cualificadas importantes, como “gestor de compra y venta de vivienda,” pero sin autorizar a los profesionales. A mediados de 2014 había un registro de 467 000 cuentapropistas, si bien, al sustraer los existentes antes de las reformas, el neto era de 314 400, o 17% de la meta de 1.8 millones en 2015. Habría que cuadriplicar el número total en año y medio para cumplir dicha meta. Del total de cuentapropistas en 2012, sólo 18% habían sido despedidos de sus puestos públicos, y el resto eran informales que probablemente han legalizado su situación, así como pensionados. Las cooperativas de producción no agrícola y de servicios comenzaron de forma experimental en 2011 con barberos, peluqueras y manicuras; en mayo de 2014 se habían autorizado 498 en múltiples campos, pero sólo operaba la mitad (Granma, 23 junio 2014). El número total de miembros de dichas cooperativas no se ha revelado, pero se reportan 5500 en las de barberos, peluqueras y manicuras (Bohemia, 6 de agosto 2013). El cuentapropismo no ha crecido como se proyectaba para absorber a los despedidos del sector estatal, mientras que el grueso de las nuevas cooperativas se aprobó en 2014 aunque la mitad no está operando, por lo que el plan de despidos está muy rezagado. Raúl Castro ha dicho que el corto tiempo transcurrido no permite todavía evaluar el resultado de estas cooperativas (Castro, 2013).

d) Gratuidades y servicios sociales. Con los recortes, los servicios sociales han disminuido su peso en el presupuesto de gastos corrientes para pasar de 55.4 a 51.1% en el período 2007-2013, en tanto que en el PIB cayeron de 33.6 a 27.3%. Mas la reducción fue dispareja: los renglones más afectados fueron la asistencia social, la vivienda y la salud, mientras que las pensiones aumentaron debido al envejecimiento de la población, y la educación subió ligeramente. A pesar de la expansión de la población vulnerable, los beneficiarios de la asistencia social mermaron en 71% entre 2007 y 2013; rubro que también se redujo de 5.3 a 1.5% en el presupuesto. La reforma de pensiones de 2008 no aminoró el déficit financiero (ingresos menos egresos anuales) costeado por el Estado: como porcentaje del total de egresos subió de 40.5 a 43.1% en 2008-2012, mientras que en relación al PIB creció de 2.9 a 3.2%. Como el aumento de las edades para retirarse tomará siete años, habrá que esperar al bienio 2015-2016 para apreciar el efecto de la reforma en el déficit financiero; no obstante, a largo plazo, el déficit actuarial (ingresos proyectados para pagar las obligaciones futuras) se acentuará debido al envejecimiento de la población.

e) Vivienda. El número de viviendas vendidas de noviembre de 2011 a diciembre de 2013, con base en cifras dispersas, lo estimo en 133 000, más 168 500 donaciones (probablemente legalización de ventas ilegales anteriores). Debido a las limitaciones explicadas, las ventas en dos años equivalen a sólo 3.6% del total del stock de viviendas de 3.7 millones. El precio promedio de la vivienda vendida en 2013 se calcula en 28 520 dólares estadounidenses oscilando entre cinco mil y un millón. Según el precio ha mermado, las ventas han crecido (Morales, 2014). La construcción de viviendas cayó de 111 400 a 25 600, entre 2006 y 2013.

f) Inversión extranjera. Es imposible evaluar los resultados de la nueva ley, pues entró en vigor a mediados de 2014 y este capítulo se terminó a inicios de octubre del mismo año.[9]

g) Actualización del modelo. A mediados de 2013, el Consejo de Ministros ordenó la creación de un equipo para que definiera el modelo que se busca y, en diciembre de ese año, Murillo informó a la Asamblea Nacional que se había elaborado “la primera versión de la propuesta para la conceptualización del modelo”, 33 meses después de aprobados los acuerdos (“Implementación”, 2013: 3). Además, para poder juzgar el grado de cambio, hay que esperar a que se acometan las reformas estructurales pendientes, componentes esenciales del nuevo modelo: la reforma integral de precios, la eliminación de la dualidad monetaria, la fijación de una tasa de cambio más realista, y la reforma de la banca.