Читать книгу Perspectivas jurídicas de la igualdad de género en el entorno rural - Silvia Soriano Moreno - Страница 13

La Recomendación núm. 2733, del año 2010 versa sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, haciendo referencia en forma de motivos de preocupación el conjunto de discriminaciones concretas que afectan a las mujeres de edades avanzadas en relación a sus circunstancias socioeconómicas y entornos socioculturales en los que se encuentran, y atendiendo a sus oportunidades con respecto a educación, empleo, salud, familia, e incluso su vida privada.

La falta de conocimientos en materia digital, la llamada «brecha digital por edad», el acceso a una vivienda digna, los servicios sociales, la soledad y el aislamiento también son factores a tener en cuenta. En concreto, el Comité hace mención a que las mujeres mayores que viven en zonas rurales o barrios marginados a menudo carecen de recursos básicos, ingresos y garantías de acceso a servicios tan básicos como la salud o información sobre sus derechos.

En esta Recomendación hablan de una discriminación de carácter multidimensional, ya que la discriminación que sufren estas mujeres tiene causas múltiples: ser mujer, ser mayor, ser rural, migrante, e incluso el estado civil o familiar influyen en sus condiciones de vida. A las mujeres mayores con discapacidad se les niega o se les limita el derecho a la educación de forma notable. El analfabetismo o desconocimiento de las operaciones más básicas afecta al resto de derechos, sobre todo al de la participación en la vida pública y política, el acceso a servicios, la propia economía, e incluso el ocio y la cultura.

Además, esta Recomendación incide en la pobreza que acusa a las mujeres de estas zonas en relación a los problemas de acceso a servicios. Indica que el único recurso de muchas mujeres es la ayuda que reciben de sus descendientes, si los tienen, que han emigrado para poder trabajar y hacerles llegar dinero.

También vuelve a traer a colación el problema del acceso a una alimentación adecuada, el derecho al agua y tener una vivienda digna, como problemas que se intensifican en la vida de las mujeres que además de vivir en un medio rural, son ancianas o de edades avanzadas.

La falta de transporte es otro impedimento que la Recomendación señala como problema a la hora de acceder a los servicios públicos y ejercer el conjunto de derechos reconocidos de forma universal y en el conjunto de las Constituciones de la mayoría de países democráticos. Ahondando en este asunto, la Recomendación hace hincapié en que la ausencia de políticas públicas en materia de transporte que favorecieran su asequibilidad y su accesibilidad en general profundiza en las discriminaciones que estas mujeres sufren.

En este documento, el Comité aporta recomendaciones concretas con respecto a las mujeres de edad que viven en las zonas rurales, en relación a diferentes ítems, que van desde cuestiones generales que parten de la necesidad de reconocer la realidad de estas mujeres mediante datos e informes con perspectiva de género para un enfoque holístico de sus necesidades y problemáticas, pasando por la necesidad de eliminación de estereotipos de género, la lucha contra la violencia machista, la participación en la vida pública, salud y educación. En materia de trabajo, prestaciones y pensiones, añade que los Estados deben ofrecer pensiones no contributivas y seguridad de ingresos a estas mujeres cuando carezcan de pensión, debiéndose garantizar su acceso a prestaciones sociales. De la misma manera, hace mención al empoderamiento económico, donde integra la necesidad de transporte público en las zonas rurales para dinamizar la vida económica y social de estas mujeres, así como el acceso a las nuevas tecnologías como manera de favorecer el acceso a créditos y préstamos agrícolas para trabajar en la economía rural donde tanta presencia tiene el campo.

También dedica un apartado concreto a la representación de las mujeres de edad en la planificación del desarrollo rural, con el objetivo de asegurar a las mujeres servicios de abastecimiento de agua, electricidad y servicios básicos en general, todo ello a precios asequibles.

La cuestión de las discriminaciones que sufren las mujeres de edad preocupa especialmente al Comité, ya que remarca al inicio de la Recomendación que los Estados no suelen hacer referencia a las mismas en sus informes.