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IV. DIRECTRICES DE LA CEDAW EN TIEMPOS DE COVID

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La crisis de la COVID-19 que asola desde principios de 2020 al mundo entero, está teniendo sus efectos también en el ámbito rural y ahondando en las desigualdades existentes. Las medidas de distanciamiento social, los confinamientos o las restricciones a la movilidad pueden agravar distintas situaciones de violencia y desigualdad que afectan a las mujeres, o pueden condicionar que estas coyunturas aparezcan. Así lo ha apuntado recientemente la CEDAW en su documento «Directrices sobre el CEDAW y COVID-19» 69, donde se insta a los Estados a que —teniendo en cuenta la necesidad de adoptar medidas excepcionales para afrontar la crisis sanitaria—, protejan los derechos humanos de las mujeres teniendo en cuenta los contextos y particularidades propicias a su vulneración o perjuicio. Sería el caso, por ejemplo, de los problemas de acceso de las mujeres a la atención sanitaria, a servicios de salud sexual y reproductiva, a lugares seguros de refugio, a la educación, al empleo y a la vida económica. Estas problemáticas que hemos analizado anteriormente como predominantes en las zonas rurales, se intensifican en esta situación. Los cuidados, que recaen de forma desmedida en las mujeres, suponen una carga mayor al incrementarse los familiares enfermos y dependientes. Las mujeres sanitarias, que forman más del 70% del sector sanitario y que constituyen las tres cuartas partes de profesionales contagiados por coronavirus70 están especialmente expuestas al virus y a la presión física y psicológica que conlleva su vida laboral. Preocupa especialmente el riesgo de las mujeres y niñas de las zonas rurales a sufrir violencia machista en sus distintas manifestaciones, al haber aumentado considerablemente el tiempo que permanecen en el interior de las casas, ya sea por medidas de confinamientos, cuarentenas, restricciones de movilidad, toques de queda o por la propia presión psicológica por miedo a contraer el virus. Los problemas de salud mental se ven acrecentados, y el aislamiento, muy presente en las zonas rurales, puede tener infaustos efectos. En el ámbito de la educación también se observa una pauperización de la igualdad de oportunidades. Las zonas rurales suelen ser las más afectadas por una coyuntura en la que comienza a implantarse la enseñanza digital, en un contexto en el que en muchos lugares no disponen de recursos, dispositivos ni acceso a internet necesarios para este tipo de aprendizaje, y que habitualmente choca con las cargas domésticas que soportan multitud de niñas y mujeres rurales. Por todo ello, la adopción de protocolos que aborden todas estas circunstancias son fundamentales para preservar la salud, el bienestar, la economía y la participación de las mujeres en un contexto de crisis donde las medidas excepcionales presentan un doble filo, el de combatir el virus en pro de la salud pública por un lado, y el de afección de derechos fundamentales por el otro. De la misma manera hace mención a que los apoyos socioeconómicos y la participación pública de las mujeres, así como la adopción de medidas de apoyo para las mujeres más vulnerables, como las que viven en zonas rurales, son mayores, con discapacidad, en situación de pobreza, migrantes, o LGTBI, deben ser fortalecidos, en la línea de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención de la CEDAW.

Perspectivas jurídicas de la igualdad de género en el entorno rural

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