Читать книгу Desarrollo urbano sostenible y economía circular en perspectiva jurídica - Yolanda García Calvente - Страница 15

Anima observar cómo se avanza, en general, hacia modelos territoriales y urbanos en los que se empieza a imbricar la sostenibilidad y, en particular, como las diferentes legislaciones autonómicas competentes abogan por ello, lo que implica el paso definitivo y necesario para su consecución. En coherencia con el marco estatal de referencia que ya desde el año 2007, con un giro sustancial en la concepción urbanística prevista hasta aquel momento, incorpora el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, y aunque la sostenibilidad ya se encontraba presente en buena parte de las legislaciones autonómicas con anterioridad, la importancia de su incorporación formal en la legislación estatal conlleva la necesidad de que los auténticos protagonistas para su logro, los marcos legislativos autonómicos, deban atender al contenido establecido en el citado principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.

En la actualidad, se transita de su incorporación como principio general en la actividad urbanística y territorial a la inclusión de criterios, determinaciones y estándares concretos dirigidos a hacerlo efectivo en su etapa de implementación. Y en este escenario, su concreción incorpora la dimensión social de la sostenibilidad materializada, entre otros, a través del principio de igualdad de trato y la igualdad de género, aunque intrínsecamente relacionado con otros aspectos consustanciales como la cohesión social, la participación ciudadana, la movilidad sostenible o la seguridad y la salud de las personas. Precisamente esta dimensión social es, desafortunadamente, la que menor atención ha tenido hasta el momento, de ahí la imperiosa necesidad de apostar de manera decidida por la misma.

Aunque por el momento son puntuales los ejemplos en este sentido, se cuenta ya con legislaciones que incorporan determinaciones precisas, dirigidas al planificador que debe incorporar en los diseños urbanos y territoriales, previsiones para lograr diseños que imbriquen la igualdad del conjunto de la ciudadanía en su desenvolvimiento diario. Ello supone un avance muy importante en la medida en que no queda a la discrecionalidad del planificador la inclusión de determinaciones orientadas a hacer efectiva la igualdad de trato en los modelos territoriales y urbanos, sino que deviene en un imperativo al que se ha de dar el debido cumplimiento junto a otros tantos ya arraigados. El camino es lento y, sin lugar a duda, queda mucho por hacer, pero lo importante es que se empieza a tomar conciencia de ello y paulatinamente se van concretando medidas y mecanismos en el marco de referencia al que han de atender los instrumentos, en sus correspondientes marcos normativos.