Читать книгу Acceso a la Abogacía y Procura. Preparación del examen de acceso 2022 - Alberto Palomar Olmeda - Страница 46

CONCEPTO

Elementos y organizaciones fundamentales sobre las que se asienta la Constitución Española de 1978 como norma fundamental del Estado.

↔ [Véase el Practicum Ejercicio de la abogacía 2021 4/5 a 4/255]

REGULACIÓN

– Constitución Española de 1978 y las Leyes (orgánicas) que desarrollan esos principios básicos y esas instituciones esenciales.

– Son órganos constitucionales la Corona, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

CASO PRÁCTICO

PLANTEAMIENTO

El Colegio de Abogados de Albacete lleva años solicitando la creación de un nuevo Juzgado de lo Penal pretensión que, hasta la fecha, no ha sido acogida. En vista de ello la Junta de Gobierno del Colegio acuerda plantear que el actual Juzgado de Primera Instancia n.º 8 se transforme en Juzgado de lo Penal n.º 4.

El decano del Colegio solicita informe sobre la viabilidad del Acuerdo de la Junta Colegial y se señale el procedimiento que habría de seguirse para ello.

1. ¿Resulta posible la transformación de un Juzgado en otro de distinto orden jurisdiccional?

2. ¿A quién corresponde adoptar esa decisión?

3. ¿Exige, en su caso, de la intervención de alguna Administración o Institución?

4. ¿Corresponde al mismo órgano la competencia para modificar el número de los Juzgados previamente establecidos en un Partido Judicial?

RESPUESTA

La transformación de órganos jurisdiccionales se encuentra prevista en el párrafo segundo del artículo 20.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial que establece el Gobierno, por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter preceptivo de la Comunidad Autónoma afectada, se podrán transformar Juzgados de una clase en Juzgados de clase distinta de la misma sede, cualquiera que sea su orden jurisdiccional.

En el párrafo primero de ese mismo artículo se dispone que el Gobierno podrá modificar el número y composición de los órganos judiciales establecidos por esta Ley, mediante la creación de Secciones y Juzgados, sin alterar la demarcación judicial, oído el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, la Comunidad Autónoma afectada.

MINI-CASOS

1. Juan Rodríguez tiene un procedimiento pendiente ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de la ciudad de León. En el correo de hoy se encuentra una comunicación mediante la que se pone en su conocimiento que ese Juzgado ha sido transformado en el Juzgado de lo Penal n.º 4 de León.

Corresponde la tramitación de su asunto

a) Al Juzgado Decano.

b) Al Juzgado al que se lo atribuya el Juzgado Decano.

c) Al Juzgado al que, por orden, se lo turne el Juzgado Decano.

d) El Juzgado conserva su competencia sobre el asunto hasta su conclusión.

2. Teresa Casas, abogada en ejercicio desde hace más de veinte años y colegiada en el Colegio de Abogados de La Rioja, ha sido elegida como miembro del Consejo General del Poder Judicial.

A partir del momento en el que toma posesión del cargo

a) Tiene que desempeñar su cargo con carácter exclusivo.

b) Puede seguir desempeñando su actividad profesional.

c) Puede seguir desempeñando su actividad profesional en tanto que no integre la Comisión Permanente.

d) No puede ser nombrada como Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

3. Alberto Domínguez fue detenido el 18 de enero de 2018 en el curso de las actuaciones seguidas en el marco de unas diligencias previas instruidas por el Juzgado de Instrucción n.º 13 de Algeciras por la posible comisión de un delito de tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales.

Tras pasar catorce meses y 11 días en prisión preventiva es absuelto señalando la sentencia que «no se puede hablar de inexistencia objetiva en el marco del artículo 294 de la LOPJ».

En estas condiciones Alberto Domínguez...

a) Tiene derecho a indemnización en todo caso.

b) Tiene derecho a indemnización en todo caso siempre que se le hayan irrogado perjuicios.

c) No tiene derecho a indemnización dado que la absolución no lo es por inexistencia del hecho imputado.

d) No tiene derecho a indemnización en ningún caso.

4. Joaquín Cuesta ejerce la profesión de Abogado desde hace más de veinticinco años y siempre lo ha hecho de forma individual como titular de su propio despacho. Desde hace unos meses su hija Ana se ha incorporado como colaborador.

Ese día, 26 de julio de 2019, han recibido a Sandro, un empresario que fue investigado por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales y que estuvo en prisión preventiva durante casi veinte meses, habiendo sido finalmente absuelto de los cargos que se le imputaban por falta de pruebas.

Sandro les sugiere, como forma de que se comprometan en el asunto, que sus honorarios consistan en una parte de la indemnización que obtengan. Cuando Joaquín le pregunta sobre qué cantidad piensa que sería razonable Sandro le contesta que no piensa pagar ni un euro por un trabajo que no le produzca beneficio alguno y que está dispuesto a retribuir a su Abogado con la cuarta parte de la indemnización que obtengan, a lo que añade que necesita un compromiso inmediato, de manera que quiere una respuesta a lo largo del día. Joaquín se compromete a contestarle antes de las ocho de la tarde.

Una vez se despiden de Sandro, Joaquín le dice a Ana que se tiene que ir porque ha quedado con un cliente. Que se ponga a estudiar la documentación que les ha entregado el caso, y dado que van a comer juntos para celebrar el día de su santo, que en la comida quiere conocer su opinión.

En la comida Ana le explica a su padre que conforme a lo dispuesto en el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.

Y que como Sandro ha sido absuelto por falta de pruebas, y aunque se le han irrogado perjuicios que se pueden cuantificar y que son enormes, no es factible conseguir la indemnización que pretende.

En ese instante, y para sorpresa de Ana, su padre llama a Sandro y le dice que llevarán su caso en las condiciones que les ha ofrecido, aunque el porcentaje ofrecido le parece muy elevado.

Ana al ver como está actuando su padre tiene la intuición de que se le está escapando algo, que si su padre actúa así es porque está convencido de que puede obtener un buen resultado para Sandro, y le pregunta por las razones para aceptar.

Joaquín le dice que dado que ella afirma que «se le han irrogado perjuicios que se pueden cuantificar y que son enormes» Sandro tiene muchas posibilidades de obtener una indemnización. Joaquín le ofrece a Ana cuatro alternativas por las que entiende que Sandro tiene razón y le pide que le indique la correcta

a) El artículo de la LOPJ en el que sustentas tu posición nunca ha tenido esa redacción.

b) El artículo de la LOPJ en el que sustentas tu posición tiene la redacción que señalas y, por ello, tienen que indemnizar a Sandro.

c) La redacción del artículo de la LOPJ en el que sustentas tu posición es la originaria y fue modificado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

d) El Tribunal Constitucional ha dictado una Sentencia que, al declarar la declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa».

TEST

1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados...

a) derecho a una indemnización a cargo del Consejo General del Poder Judicial, salvo en los casos de fuerza mayor.

b) derecho a una indemnización a cargo del Consejo General del Poder Judicial, salvo en los casos de caso fortuito o fuerza mayor.

c) derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor.

d) No dan derecho a una indemnización a cargo Estado en ningún caso, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera incurrido el autor material del daño.

2. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales...

a) no presupone por sí sola derecho a indemnización.

b) Presupone en todo caso la responsabilidad civil del Juez o Tribunal que la hubiera dictado.

c) Presupone en su caso y por sí sola derecho a indemnización.

d) Presupone en todo caso y por sí sola derecho a indemnización.

3. La Constitución garantiza

a) el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios.

b) la protección social, económica y jurídica de la familia.

c) la publicidad de las normas.

d) la conservación del patrimonio histórico.

4. El Defensor del Pueblo...

a) podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

b) podrá supervisar la actividad de la Administración, sin dar cuenta a las Cortes Generales.

c) no podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

d) podrá supervisar la actividad de la Administración, ni podrá dar cuenta a las Cortes Generales.

5. El Tribunal de Cuentas

a) es el órgano de gobierno de la gestión económica del Sector público estatal.

b) es el órgano que tiene encomendada la realización de la propuesta de las cuentas públicas del Estado.

c) es la Sala del Tribunal Supremo que tiene encomendada la fiscalización de las cuentas del sector público estatal.

d) es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

6. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medios de órganos propios conforme a los principios de

a) unidad de actuación e independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

b) unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

c) desconcentración e independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

d) desconcentración y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

7. El Consejo de Estado es

a) el supremo órgano fiscalizador del Gobierno.

b) el supremo órgano consultivo del Gobierno.

c) el supremo órgano de resolución de los conflictos de competencia entre las diferentes Administraciones Públicas.

d) el supremo órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral.

8. El Consejo Económico y Social se encuentra previsto en la Constitución

a) En el Título correspondiente al Gobierno y la Administración (Título V).

b) En el Título correspondiente a Economía y Hacienda (Título VII).

c) En el Título Correspondiente a la Organización territorial del Estado (Título VIII).

d) La Constitución no hace mención alguna a este órgano.

9. El Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer

a) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración.

b) Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional.

c) Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.

d) Los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

10. Puede plantear cuestión de inconstitucionalidad

a) El Presidente del Gobierno.

b) La Generalidad de Cataluña.

c) El Parlamento de Andalucía.

d) La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Calahorra.

11. Están legitimados para interponer el recurso de amparo frente a las violaciones de los derechos y libertades que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial

a) El Presidente del Gobierno

b) Quienes hayan sido partes en el proceso judicial correspondiente

c) La Abogacía del Estado

12. El plazo para la interposición del recurso de amparo es de

a) 20 días a partir de la notificación de la resolución judicial

b) 30 días a partir de la notificación judicial

c) 1 mes a partir de la notificación judicial

d) 2 meses a partir de la notificación judicial

a) La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Tafalla