Читать книгу Acceso a la Abogacía y Procura. Preparación del examen de acceso 2022 - Alberto Palomar Olmeda - Страница 48

CONCEPTO

Órgano jurisdiccional previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con las funciones de garantizar que las normas de la Unión Europea se interpreten y apliquen de la misma manera en cada uno de los estados miembros países miembros y asegurar el cumplimiento por las Instituciones de la Unión Europea y los estados miembros del ordenamiento jurídico comunitario.

↔ [Véase el Practicum Ejercicio de la abogacía 2021 3/5 a 3/55]

REGULACIÓN

– Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículos 251 a 281.

– Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

– Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

CASO PRÁCTICO

PLANTEAMIENTO

El ordenamiento jurídico de Bélgica establece que, en relación con la estimación de los rendimientos derivados de bienes inmuebles no arrendados, o arrendados, bien a personas físicas que no los destinan a una actividad profesional, bien a personas jurídicas que los ponen a disposición de personas físicas para fines privados, la base imponible se calcula a partir del valor catastral cuando se trata de bienes situados en el territorio nacional y en función del valor arrendaticio real cuando se trata de inmuebles situados en el extranjero.

La Comisión Europea entiende que, con esa regulación, Bélgica incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE y del artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 en tanto que se trata de normad que suponen una restricción de los movimientos de capitales pertenecientes a personas residentes en los Estados miembros de la Unión Europea o en los Estados de la Asociación Europea de Libre Cambio, así como las discriminaciones de trato por razón de la nacionalidad o de la residencia de las partes o del lugar donde se hayan invertido los capitales.

1. ¿A qué Institución ha de dirigirse la Comisión Europea?

2. ¿Qué recurso ha de interponer?

3. ¿Podría formular ese recurso otro Estado miembro?

4. ¿Es necesario que se lleve a cabo algún procedimiento antes de plantear ese recurso?

5. ¿Toda diferencia de trato supone la existencia de una restricción a la libre circulación de capitales?

6. ¿Qué sucede en cuanto a las costas procesales en caso de que se estime la pretensión de la Comisión Europea?

RESPUESTA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene atribuida la función de controlar si los Estados miembros respetan las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión y, para cumplir con este fin se establece el recurso por incumplimiento (artículos 258 a 260 del TFUE).

Se trata de un instrumento que permite a la Comisión Europea, o a otro Estado miembro, promover la fiscalización, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la normativa interna de los Estados miembros.

Pero antes de que se plantee el recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es preciso la Comisión Europea tiene que haber tramitado un procedimiento contradictorio previo en el que el Estado o Estados implicados habrán tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio (artículo 259 TFUE).

Sobre el recurso y sus consecuencias es preciso tener presente que para que una normativa fiscal nacional como la controvertida pueda considerarse compatible con las disposiciones del TFUE relativas a la libre circulación de capitales, es preciso que la diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por razones imperiosas de interés general (Sentencias del TJUE de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12, de 11 de septiembre de 2014, asunto C-489/13, y de 17 de septiembre de 2015, asuntos C-10/14, C-14/14 y C-17/14).

A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de abril de 2018 (asunto C-110/17) (TJCE 2018, 72)

MINI-CASOS

1. A don Alfonso Álvarez, funcionario interino del Servicio Gallego de Salud, se le ha denegado su solicitud de participación en el proceso de desarrollo profesional abierto por Resolución del Servicio Gallego de Salud, Resolución que desarrolla el Decreto autonómico por la que se aprueba el modelo y se regula el procedimiento de los grados al período ordinario de la carrera y desarrollo profesional del personal estatutario y funcionario al servicio de los centros e instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud.

Don Alfonso entiende que el referido Decreto autonómico es contrario a la normativa de la Unión Europea en cuanto que en ella de prohíbe la diferencia de trato entre personal interino y personal fijo, razón por la que, en el recurso contencioso que se formula frente al Acuerdo por el que se le deniega su participación en ese proceso de desarrollo profesional, se solicita que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se plantee la correspondiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En estas circunstancias...

a) El Juzgado tiene que plantear, necesariamente, la cuestión de prejudicialidad solicitada por el recurrente.

b) El Juzgado tiene libertad para pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

c) El Juzgado está obligado a someter la cuestión planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando la resolución que se dicte no sea susceptible de ulterior recurso judicial de Derecho interno.

d) El Juzgado está obligado a remitir la cuestión al Tribunal Constitucional para que decida sobre el planteamiento de la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2. Beatriz Bellido, Directora General de la empresa Instalaciones Eléctricas Reunidas, SA, dedicada a la proyección y ejecución de instalaciones eléctricas considera que la entidad que dirige se ve gravemente afectada por la Directiva 2018/844/UE (LCEur 2018, 882), de 30 de mayo, por la que se modifican la Directiva 2010/31/UE (LCEur 2010, 764) relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE (LCEur 2012, 1797) relativa a la eficiencia energética. El Consejo de Administración acuerda la interposición del correspondiente recurso de anulación que será resuelto por

a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

b) La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

c) El Tribunal General.

d) El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea.

TEST

1. Los abogados generales

a) Asisten al Tribunal General de la Unión Europea.

b) Asisten al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

c) Asisten al Tribunal General de la Unión Europea y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

d) Asisten al Tribunal General de la Unión Europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal de la Función Pública.

2. Los abogados generales

a) Presentan públicamente las demandas de los Estados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

b) Presentan públicamente las contestaciones de los Estados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

c) Presentan públicamente conclusiones motivadas sobre los asuntos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

d) Presentan públicamente conclusiones motivadas sobre los asuntos el Tribunal General de la Unión Europea

3. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede actuar

a) De forma unipersonal o en Salas.

b) En Salas o en Gran Sala.

c) En Salas o en Pleno.

d) En Salas, en Gran Sala o en Pleno.

4. Los Jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son designados

a) Por el Parlamento Europeo.

b) Por la Comisión.

c) Por el Consejo.

d) Por los Gobiernos de los Estados miembros.

5. Del recurso que permite controlar la legalidad de los actos jurídicos obligatorios adoptados por las Instituciones de la Unión Europea corresponde conocer en primera instancia

a) Al Tribunal General.

b) Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

c) Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea actuando de forma unipersonal.

d) Los tribunales especializados.

6. Será competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los tribunales especializados

a) El Tribunal General.

b) Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

c) Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea actuando en Gran Sala.

d) Al Tribunal del Consejo de Europa.

7. Las resoluciones dictadas por el Tribunal General podrán ser reexaminadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

a) En ningún caso.

b) Excepcionalmente a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia.

c) Excepcionalmente en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión.

d) Siempre.

8. La interposición de recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea...

a) no tendrán efecto suspensivo en ningún caso.

b) no tendrán efecto suspensivo, salvo que las partes lo pidan expresamente.

c) no tendrán efecto suspensivo, salvo que las partes lo pidan expresamente, si bien el Tribunal podrá ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado si lo considera necesario.

d) tendrán efecto suspensivo en todo caso.

9. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial sobre

a) La modificación de los Tratados.

b) La revisión de los Tratados

c) La interpretación de los Tratados

d) La suspensión de los Tratados.

10. Las personas físicas podrán interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

a) Únicamente contra los actos de los que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente.

b) contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución

c) contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que incluyan medidas de ejecución

d) En ningún caso.