Читать книгу La transición española - Eduardo Valencia Hernán - Страница 39
ОглавлениеEl gobierno Arias
En 1973 el interés de los españoles por la política era moderado, por lo tanto, para el gobierno seguían primando otros asuntos como los relacionados con la vida cotidiana o con la defensa del orden público frente a los enemigos de siempre: el comunismo, la masonería y el liberalismo. En resumen, el continuismo era la norma sin un atisbo de debilidad como había sido hasta entonces, a pesar de que la lucha opositora y, más concretamente el movimiento obrero, pese a no ser todavía un asunto urgente que resolver por el gobierno, seguía manteniendo en perfecto estado de tensión a este, privándole de legitimidad de cara al futuro.
Efectivamente, desde finales de los sesenta fue la universidad y no el movimiento obrero la gran preocupación de los gobiernos franquistas hasta el punto de haber creado estos un organismo exclusivo destinado a controlar una institución que se escapaba del control del régimen; recordemos que desde 1968 estaba funcionando un comité gubernamental que se reunía normalmente todos los miércoles para tratar en exclusividad todo lo relacionado con la disidencia del alumnado y el profesorado. Sin embargo, si comparamos con lo anterior, el régimen franquista dejó de ser lo que era al principio de los años setenta, influido por un cambio social que le produjo una disociación y un distanciamiento con la sociedad, decidiendo a partir de entonces dejar de controlar buena parte de la vida cotidiana española y dando la sensación de que el régimen y la sociedad en general se ignoraban mutuamente.
Por su parte, las relaciones Iglesia-Estado tuvieron una aparente mejora, aunque siempre conservaron un malestar de fondo generado desde el Concilio Vaticano II y que se había acrecentado en los primeros años de la década de los setenta. Recordemos que, en enero de 1973, un documento episcopal titulado «La Iglesia y la Comunidad Política» insinuaba la incompatibilidad de la fe cristiana con un sistema que no buscara la igualdad, la libertad y la participación, algo que el franquismo no podía aceptar. Por eso, la voluntad de la Iglesia de desligarse del poder político ligado al Concordato de 1953 iba pesando cada vez más por ambas partes. No obstante, la actitud del presidente Luis Carrero Blanco, según se desprende de sus conversaciones con el cardenal Vicente Enrique Tarancón, eran de llegar a acuerdos.
A este respecto, el enviado del Vaticano, monseñor Agostino Casaroli, visitó España en noviembre de 1973 y el nuevo ministro de Exteriores, Laureano López Rodó, resultó ser más prudente y frio que su antecesor, Gregorio López Bravo. Sin embargo, cabe recordar que tanto los cardenales Marcelo González y Vicente Enrique Tarancón, ni el arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany, eran partidarios de la firma de un nuevo concordato, aunque el primero lo fue menos al ser más proclive al franquismo. En definitiva, es evidente que, tras el derrumbe de la estrecha relación entre el catolicismo y la política practicada por el régimen desde su inicio, agravada en 1972, había llegado a su fin y tanto el dictador como su fiel presidente (Carrero) fueron testigos de ello, siendo ambos conscientes de que nada sería igual a partir de entonces.
El 20 de diciembre de 1973, el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, fue asesinado, víctima de un atentado. Con mis quince años felices, todavía puedo recordar mi desagradable despertar de la siesta, antes de ir al Instituto Torras i Bages de Hospitalet (Can Serra), cuando mi madre, con cierto aspecto desencajado y temerosa de la situación, me despertó diciendo: «¡Han matado a Carrero Blanco!». Los diarios de la tarde, perplejos y confusos por lo sucedido, intentaban describir dentro de lo permitido lo ocurrido:
«El presidente del Gobierno, que pasaba en su coche por el lugar de la explosión camino de su despacho, ha sufrido graves heridas y falleció poco después. Murieron el chófer y el policía de escolta. Fernández Miranda asume el poder provisional como vicepresidente.»393
Aunque en aquellos momentos todavía no se sabía la autoría del atentado, los verdugos del presidente pertenecían al comando «Txikia» de ETA, dirigidos por José Miguel Beñarán (Argala).
Si nos fijamos en la narración anterior, presumiblemente censurada, no se contemplaba por el momento el hecho de un atentado, pero pronto sería confirmado. En los primeros momentos recuerdo haber percibido cierto nerviosismo en los amigos o vecinos que me encontraba en la calle, incluso mi madre estaba nerviosa por esconder mejor aquel pañuelo que todavía conservaba con los colores de la II República, posiblemente presintiendo las inevitables represalias que todo el mundo esperaba.
Aquel mismo día, Josep Benet volvía a Barcelona tras intentar en los juzgados de Madrid, conocidos como las Salesas, obtener la libertad de sus representados en la causa de los 113, denegando el juez la petición de libertad provisional para ellos. Cabe decir que el interés por estos hechos pasó ciertamente desapercibido pues, en aquellos días, la actualidad informativa pasaba por la resolución de la causa ejercida contra diversos dirigentes de CC.OO.
A este respecto, en Barcelona se habían convocado diversas manifestaciones relacionadas con el Proceso 1001 que fueron reprimidas con rotundidad, efectuándose las rutinarias detenciones, entre ellas, la del estudiante de Derecho y Filosofía Xavier Vidal-Folch, perteneciente a Bandera Roja (BR), que sufrió agresiones antes de su ingreso en la cárcel Modelo. No obstante, el juicio comenzó el mismo día del atentado y finalizó cuatro días después.
La casualidad hizo coincidir el atentado con la distribución de un comunicado editado por el SCPAC titulado «La Asamblea de Cataluña por la libertad de Marcelino Camacho y sus compañeros. Por la amnistía y las libertades», aunque era evidente que los folletos estaban preparados desde algún tiempo antes, por lo que no hacían referencia a los últimos acontecimientos. Al final del informe se pedía la libertad para Marcelino Camacho, la suspensión del proceso de los 113 detenidos en la iglesia Mª Medianera del pasado 28 de octubre, libertad para todos los presos políticos y para el pueblo, finalizando con la alegoría de «¡Viva la Asamblea de Cataluña!». A continuación se convocó a la ciudadanía catalana para manifestarse en la jornada del día 12 de diciembre en contra de los juicios contra los llamados «diez de Carabanchel», todos pertenecientes a CC.OO, donde se enfrentaban a penas de cárcel elevadas. Se hizo mención de los consejos de guerra contra los obreros de la Térmica de San Adrián y a los pertenecientes al Movimiento Ibérico de Liberación (MIL)394, por el que se pedían penas de muerte. En resumen, para la Asamblea todo formaba parte de una estrategia represiva de cara al fortalecimiento de lo que denominaban la «dictadura monárquica» fruto de la dictadura franquista395.
Como anécdota, el mismo día del atentado de Luis Carrero Blanco, a las 11 de la noche, se cerraron todas las celdas de la Modelo y, según testimonio de Francisco Frutos, algunos pensaban lo peor. No obstante, solo fue para comunicar a algunos de los presos la decisión judicial relacionada con las fianzas aprobadas.
Desde Madrid, el teniente general Carlos Iniesta Cano, jefe de la Guardia Civil había dado órdenes de que «En caso de existir choque o tener que realizar acción contra cualquier elemento subversivo o alterador del orden, deberá actuarse enérgicamente sin restringir ni en lo más mínimo el empleo de sus armas»396, aunque afortunadamente, dicha orden fue revocada por el jefe del Estado Mayor, teniente general Manuel Díez Alegría.
Lo cierto fue que al finalizar el año 1973, de los 113 detenidos todavía seguían en prisión unos cuarenta; sin embargo, a partir del 29 de diciembre empezaron a recibirse las órdenes de libertad, siendo ocho de ellos los primeros afortunados, Josep Solé Barberà entre ellos, quedando 35. El domingo siguiente salieron otros 12, y el resto salió el día 9 de enero de 1974.
Mientras tanto, Franco seguía deshojando la margarita en busca de un nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno, llegando la incertidumbre hasta el último día del año en que, sorprendentemente para las quinielas periodísticas, Carlos Arias Navarro fue el elegido.
Sin duda la última semana de diciembre de 1973 fue especialmente difícil para el Caudillo a la hora de encontrar una salida satisfactoria para el gobierno ante la crisis que se había planteado por sorpresa. A este respecto, mucho se ha hablado sobre las presiones que tuvo que soportar el viejo general a la hora de acertar en la elección de un nuevo presidente del gobierno y, aunque la historiografía apunta ante la fuerte influencia de su mujer, Carmen Polo, las últimas investigaciones se inclinan por la llamada «camarilla del Pardo» donde alguno de sus ayudantes como Antonio Urcelay o su médico particular tuvieron algo que ver; pero de lo que no cabe duda es que la decisión tomada por el dictador fue en conciencia y en libertad. Finalmente, de 35 candidatos iniciales propuestos por el Consejo del Reino, estos se quedaron en cinco: Alejandro Rodríguez de Valcárcel, José Antonio Girón, Pedro Nieto Antúnez, Manuel Fraga y Carlos Arias Navarro.
Como ya sabemos, el 28 de diciembre de 1973, Carlos Arias Navarro recibió el encargo de formar gobierno de manos del Caudillo con perplejidad y sorpresa por el propio agraciado. A partir de entonces, las presiones de la derecha del régimen fueron constantes para que en su gabinete estuvieran presentes los más adictos al régimen. Sin embargo, aunque Carlos Arias rechazó en principio la apuesta de José Antonio Girón a participar en su equipo, sí que cedió a la instalación de algunos representantes afines a este.
Efectivamente, Carlos Arias, doctor en Derecho nacido en 1908 y que llegó incluso a trabajar bajo las órdenes de Manuel Azaña a finales de los años veinte en la Dirección General de Registros y Notariado, llegó al gobierno de la mano del ministro Camilo Alonso Vega que le nombró director general de Seguridad, llegando a ser alcalde de Madrid en 1965 en sustitución del conde de Mayalde. Sin embargo, a pesar de todos sus antecedentes parece ser que fue el mismísimo Francisco Franco quien lo catapultó al cargo ministerial de la seguridad del Estado cuando el gobierno se sumía en una profunda crisis.
Carlos Arias fue un profundo creyente, lo mismo que su antecesor en el cargo, y vinculado a la doctrina del nacionalcatolicismo, una circunstancia que al parecer no influyó en su discrepancia con la cúpula eclesial que aumentó enormemente tras el Concilio Vaticano II.
Tanto él como Luis Carrero Blanco coincidían en la esencia del franquismo, aunque actuaron fuera de los tentáculos falangistas y sufrieron ambos la experiencia de una guerra civil que les marcó en su actitud represiva, teniendo la misma idea, a su vez, de la falta de entendimiento del aperturismo generado en la Iglesia desde mediados de los años sesenta. Sin embargo, los dos actuaron de diferente manera a la hora de solucionar este problema, ya que, mientras Luis Carrero intentó diluirlo y amortiguarlo, Carlos Arias se enfrentó a él. Véase como ejemplo la resolución del llamado caso del obispo Antonio Añoveros. En efecto, la cortés relación entre Carlos Arias y el cardenal Vicente Enrique Tarancón saltó por los aires dada la actitud crispante del primero al haberse publicado un escrito desde el Arzobispado de Bilbao que hacía referencia al problema vasco y que estaba sustentado con el apoyo de diez mil firmas, entre ellas seiscientas de los 720 sacerdotes de la diócesis. Esta tensión se prolongó durante algunos días y tuvo una gran repercusión en todo el Estado, incluso en Cataluña la Asamblea de Eclesiásticos se manifestó a favor del obispo Antonio Añoveros.
Por otro lado, la relación de Carlos Arias con Franco era de auténtica devoción hacia su persona, aunque esa actitud no le fuera correspondida, llegándose a veces a una relación tensa y crispante entre ambos, una situación que coartaba de antemano la posible motivación surgida de un nuevo gobierno.
Así pues, el último día del año estuvo lleno de noticias, ya que, aparte de lo anteriormente comentado, coincidió paradójicamente con la publicación de las sentencias del Proceso 1001, aunque en realidad no hubo sorpresas apreciables, ya que las penas demandadas por los fiscales entre veinte y 12 años de prisión fueron las que se ejecutaron. Como caso anecdótico, cabe destacar que ese día, el famoso boxeador José Manuel Ibar (Urtaín) también lo pasó en la cárcel.
Efectivamente, el 3 de enero de 1974, el nuevo presidente del gobierno juró su cargo ante el dictador con sorpresa generalizada incluso en el propio entorno del poder, ya que el candidato inicial era el almirante Pedro Nieto Antúnez.
«Hoy comienza otra página de nuestra historia política»397. Así comenzaba su crónica el periodista Ramón Pi, resaltando la noticia de que el nuevo gobierno hubiese cambiado de color y se hubiesen producido ciertos cambios respecto a la representación en el nuevo gabinete. Primero la desaparición de los tecnócratas, cuyo máximo exponente era Laureano López Rodó; y segundo, la vuelta de los católicos al gobierno.
El primer gabinete del gobierno de Carlos Arias agrupaba en gran medida a técnicos sin personalidad destacada y desde el primer momento pudo intuirse la fuerte desunión entre ellos agravado por la ausencia de un programa claro y sin rumbo por lo que, pese a las buenas intenciones y proclamaciones de profundas reformas auguradas por su presidente, lo que estuvo claro es que su paso por el reformismo fue fugaz. Sus más cercanos colaboradores fueron José García Hernández, Luis Rodríguez de Miguel, Antonio Carro y Pío Cabanillas; estando en segundo nivel Antonio del Valle y Carlos Álvarez Romero.
El contenido básico de su programa de actuación vino contemplado en el discurso pronunciado en las Cortes el 12 de febrero de 1974 cuyo contenido fue elaborado prácticamente por su colaborador, Gabriel Cisneros. El documento hacía mención del nuevo talante del gobierno con una información más escrupulosa y una resuelta apertura de los asuntos de Estado referidos al debate institucional y a la confrontación de la opinión pública añadiendo que no se excluían sino aquellos que se querían autoexcluir. Sin embargo, las cuatro medidas que se catalogaron como aperturistas: la retirada del Proyecto de Ley de Régimen Local y sustitución por otro que permitiera elegir alcaldes y presidentes de Diputación provincial; el nuevo régimen de incompatibilidades en las Cortes; el desarrollo de la Ley Sindical y la redacción de un estatuto de derecho de asociación para promover relaciones más generosas e integradoras, nunca estuvieron más lejos de cualquier esperanza democrática.
Este nuevo, querer hacer, resultó un engaño mayúsculo ante la opinión pública y no tardó mucho en delatarse, pues a los cuatro meses de este discurso, exactamente el 15 de junio, el presidente Carlos Arias añadía en Barcelona ante el ministro del Movimiento, José Utrera Molina, que el espíritu del 12 de febrero no quería ser nada distinto al espíritu permanente e indeclinable del régimen de Franco.
Sin embargo, en su relativamente corta experiencia de gobierno, no cabe duda de que si algo supo hacer bien este gobierno fue todo lo relacionado con el orden público, ya que era su obsesión permanente y no le faltaron ocasiones para hacer frente a numerosos envites. Recordemos la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1976, justo tres semanas después de su famoso discurso y coincidiendo con la retransmisión por televisión de un combate de boxeo en que participaba la estrella del momento, José Manuel Ibar «Urtain»; la resolución del llamado incidente provocado por el general Díez-Alegría al entrevistarse con el dirigente rumano, Nicolae Ceaucescu; por su actitud ante la primera enfermedad de Franco derivada de la sustitución provisional en la Jefatura del Estado por el rey y el ninguneo del dictador al comunicar a Carlos Arias su retorno a la Jefatura del Estado, quizás por presiones de su entorno más próximo: su médico personal, Vicente Gil, y el marqués de Villaverde.
Esta situación fue realmente perpleja, pues incluso los ministros se enteraron del cambio de poderes por la televisión, lo mismo que la mayoría de los españoles. Sin embargo, el golpe de gracia que desacreditó definitivamente esa apertura ficticia de la que se enorgullecía el presidente Arias fue la destitución, ordenada por Franco, del progresista ministro de Información, Pío Cabanillas, y la posterior dimisión del ministro económico, Antonio Barrera de Irimo.
Parece ser que estos cambios ministeriales fueron provocados por las presiones del ministro secretario general del Movimiento, José Utrera, en relación con la decisión de aceptar el ministro de Información y Turismo, que se entrevistase a Felipe González en la televisión y, sobre todo, por la apertura de la pornografía en los medios audiovisuales y escritos, algo que Franco no podía consentir.
Los sustitutos elegidos por Carlos Arias con la aquiescencia del Caudillo, pues como dijo el propio presidente «el que manda, manda», fueron Cabello de Alba y León Herrera, curiosamente, ninguno de los dos adscritos al búnker.
Por otro lado, ya se cumplía un mes de la huelga de hambre del padre Xirinachs en Carabanchel, y con ese motivo, el SCPAC emitió un comunicado el 4 de enero como carta abierta dirigida al sacerdote, pidiendo el fin de su actitud, ya que el riesgo por su vida aumentaba. Este mensaje coincidió con la publicación oficial de la lista del nuevo gobierno en la que resaltaba que no había ningún representante del Opus Dei ni tampoco de los propagandistas, incorporándose destacadas personalidades de la política, la diplomacia y la empresa pública. El gabinete estaba compuesto por tres vicepresidentes del gobierno. El primero era el ministro de la Gobernación, José García Hernández; el segundo era el de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo; y el tercero fue el de Trabajo, Licinio de la Fuente; siguiendo a continuación el de Exteriores, Pedro Cortina Mauri; Justicia, Francisco Ruiz Jarabo; Ejército, teniente general Francisco Coloma Gallegos; Aire, teniente general Mariano Cuadra Medina; Marina, almirante Pita da Veiga; Planificación y Desarrollo, Joaquín Gutiérrez Cano; Educación, Cruz Martínez Esteruelas; Relaciones Sindicales, Alejandro Fernández Sordo; Información y Turismo, Pío Cabanillas Gallas; secretario general del Movimiento, José Utrera Molina; Obras Públicas, Antonio Valdés González Roldán; Agricultura, Tomás Allende y García-Baxter; Vivienda, Luis Rodríguez de Miguel; Industria, Alfredo Santos Blanco; Comercio, Nemesio Fernández Cuesta y subsecretario de la Presidencia, Antonio Carro Martínez.
El programa de gobierno se basó preferentemente en la absoluta decisión de mantener el orden público, anunciando que haría uso de toda su autoridad con rigor y serenidad para defender el bien común y mantener un orden en cuyo marco los españoles pudieran ejercitar y desarrollar sus derechos y libertades. En el apartado económico se promocionaría a los sectores más necesitados en el intento de aumentar el nivel de bienestar, reforzando, a su vez, las estructuras políticas, con especial atención al tema de la participación política de los ciudadanos, que habría de ser promovida y estimulada, teniendo en cuenta la madurez cívica del pueblo. También se tendría especial atención a la juventud y confianza en el futuro; y finalmente, en lo que respecta al plano internacional, el gobierno contribuiría desde España a la paz del mundo, mediante la expresión y los lazos que unían a nuestro país con culturas colindantes y transatlánticas398.
Con la entrada de Pío Cabanillas en la cartera de Información y Turismo sustituyendo a Alfredo Sánchez Bella, se produjo una cierta apertura informativa, reduciéndose el carácter represor y sancionador bajo su mandato. Como ejemplo de ello, la televisión mostraba un tenue aperturismo en los contenidos informativos de los telediarios de la Primera y algunos programas culturales vanguardistas en la Segunda Cadena (UHF), todo bajo el denominado «espíritu del 12 de febrero». Sin embargo, este cambio de actitud no duró mucho, ya que la presión formulada por el sector más reaccionario del bunker encabezado por José Antonio Girón399 a través del diario Arriba, consiguió que en diciembre de ese mismo año Pío Cabanillas presentara su dimisión junto con otros destacados cargos del gobierno como Barrera de Irimo, Juan José Rosón, Juan Luis Cebrián, Francisco Fernández Ordóñez, Marcelino Oreja y Ricardo de la Cierva400.
En lo que respecta a la intensidad represora ejercida por el régimen parecía que todo seguía igual, pues a comienzos de año continuaban dictándose sentencias en el TOP. En efecto, el 6 de enero de 1974 comenzó el consejo de guerra, Causa Militar 106, contra Salvador Puig Antich, José Luis Pons Llovet y María Angustias Mateos Fernández, con dos penas de muerte exigidas por la fiscalía para Puig Antich y treinta años de reclusión para Pons. En su declaración, Puig Antich había confesado su pertenencia al MIL desde octubre de 1972. Después de cuatro días de juicio, Puig Antich fue condenado a la pena capital más treinta años de cárcel, Pons a treinta años y Mateos a cinco años.
Conocida la sentencia, 26 entidades sociales barcelonesas pidieron clemencia al gobierno sin resultado positivo, entre ellas los Colegios Oficiales que exigían la abolición de la pena de muerte, 53 periodistas y el Club Amigos de la UNESCO. Por el contrario, no hubo reacción gubernativa al respecto a pesar de que la presión internacional ejercida por grupos de ciudadanos contrarios a la injusticia ejercida por el régimen se hacía notar mediante manifestaciones contra los consulados españoles en Turín y Zúrich, extendiéndose posteriormente a otras capitales europeas.
La CCFPC también aportó su grano de arena difundiendo un comunicado en enero de 1974, declarando el atentado contra Carrero Blanco como un hecho de extraordinaria importancia, criticando a la vez las severas sentencias aplicadas por el TOP en los casos de militantes del M.I.L. y de CC.OO.
Sin duda este nuevo gobierno no entró con buen pie, pues no tardó mucho tiempo en recibir las primeras críticas de su gestión. En un artículo que hacía referencia a los medios de comunicación, se decía: «Vuelven los hombres de la Ley Fraga en referencia a Pío Cabanillas». El Concordato con la Iglesia fue otro punto de fricción donde el cardenal Tarancón anunciaba el 30 de enero de 1974 que era fundamental clarificar conceptos, ya que no era lógico pensar que la Santa Sede pudiera formalizar un tratado con un gobierno, sin asesoramiento de la Iglesia nacional interesada. Y por si fuera poco, el día 22 de enero, la peseta fue puesta en flotación de cara a la consecución de un cambio efectivo lo más constante posible. Esta noticia fue valorada positivamente por algunos especialistas, entre ellos Narcís Serra, economista y profesor de la UAB, quien calificó esa estrategia como una hábil maniobra.
Por otro lado, la conferencia ofrecida por Alfonso Osorio el 28 de enero en el Club Siglo XXI, con el título «Democratizar nuestra vida política sin modificar las Leyes Fundamentales», proponía un nuevo rumbo a seguir con la clara intención de preparar la próxima sucesión en la Jefatura del Estado. Los temas y propuestas eran variados, desde la monarquía hereditaria (garantizar a Felipe de Borbón como heredero), el papel del rey (no debe deponer a un jefe de gobierno), la representación política (consejeros nacionales, elección directa por mayores de edad), las asociaciones (todas dentro del Consejo Nacional del Movimiento) y la preocupación por la continuidad (franquismo sin Franco).
El 1º de febrero de 1974, Alfonso de Borbón, casado con la nieta de Franco, para salir de dudas ante algunos que pretendían la competencia con el príncipe Juan Carlos, hizo la siguiente declaración desmarcándose del camino a la corona: «El futuro está encarnado en mi primo, el príncipe de España».
El día 7, el consejo de guerra contra cuatro trabajadores detenidos por los sucesos de la Central Térmica del Besós sentenció a cuatro años de prisión a Manuel Pérez Ezquerra y un año para Leonardo Ferrero, Fernando Lozano y José Moreno. El día 13 se publicó la sentencia contra el sacerdote Lluís Mª Xirinachs por la que fue condenado a tres años de prisión, corroborando de esta manera la incansable persecución del régimen ante los contestatarios.
La reacción ante todos estos atropellos no tardó en llegar desde Cataluña y vino de la mano de trescientos intelectuales que firmaron un escrito pidiendo clemencia para Puig Antich, siendo todo esfuerzo en vano, ya que, el primero de marzo de 1974 se ejecutó la sentencia401. En un comunicado escueto, la prensa nacional informó del hecho:
«Esta mañana, ha sido ejecutado en la cárcel Modelo al garrote vil, Salvador Puig Antich. También el súbdito polaco Heinz Txez en la cárcel de Tarragona. Según el ministro de Información Pío Cabanillas, un acto de justicia es fundamentalmente un acto de justicia».
Sin duda, daba la sensación de que la suerte ya estaba echada con antelación, sobre todo si seguimos las afirmaciones efectuadas por el periodista Manuel Campo Vidal (dato no confirmado), en la que insinuaba que la ejecución de Puig Antich fue pactada con anterioridad con la policía por el ministro de la Gobernación Carlos Arias Navarro, que cumplió siendo ya presidente del gobierno.
El día 5 de marzo se desarrollaron en relación con la ejecución diversos incidentes en diferentes facultades, en las calles de Barcelona y en la plaza Cataluña, mientras que en paralelo continuaba la recogida de telegramas de adhesión a la persona de monseñor Antonio Añoveros, obispo de Bilbao. Parecía que cuanto más pasaban los meses, la tensión política y social iba in crescendo, brotando continuamente nuevos focos de protesta, aunque sorprendentemente la primera chispa seria revolucionaria de este conflictivo 1974 vendría desde Portugal.
El 14 de marzo, el articulista y escritor Manuel Vázquez Montalbán hacía referencia a un libro del general portugués Antonio de Spinola en el que este recomendaba una solución política para el problema de las colonias portuguesas en África, avanzando la hora de la verdad del cambio político en Portugal. António Sebastião Ribeiro de Spínola y Francisco da Costa Gomes fueron sustituidos por el primer ministro Marcelo Caetano402.
Mientras tanto, en Madrid, otro artículo en torno al profesor Enrique Tierno Galván, futuro alcalde de Madrid y uno de los actores principales de la Transición Española, insinuaba su posible retorno digno a la Universidad, anunciando en la prensa que «El orden político es garantía de orden público y no al revés»403.
Abril de 1974 ha pasado a la historia como el mes donde triunfó la «Revolución de los Claveles» en Portugal, aunque también sucedieron otros acontecimientos de alto realce informativo como el fallecimiento del presidente francés Georges Pompidou, víctima del cáncer, llevando su enfermedad en secreto hasta el último momento.
El 25 de abril triunfó el golpe de estado en Portugal potenciado desde dentro del propio Ejército, deteniendo a los ministros de Interior, Defensa y Marina. A partir de aquel momento, comenzó el regreso de los exiliados portugueses expulsados por la dictadura, entre ellos, Mario Soares404, líder del socialismo portugués.
En España, con el empresario Juan Vilá Reyes en libertad, el caso Matesa seguía dando que hablar debido al rechazo de cincuenta de los 195 testigos de la defensa. Sin embargo, cada vez más los comentarios políticos publicados en la prensa con cierto trasfondo reivindicativo iban copando poco a poco las hojas de actualidad, presintiendo un cambio relativamente próximo. El periodista Ramón Pi se refería así a las fuerzas presenciales en la vida política. Según él, estas se podían dividir entre los favorecidos o tolerados por el régimen y los proscritos, y su clasificación era la siguiente: Las fuerzas históricas con los falangistas que, aunque la Falange no existía, si existían los falangistas del Frente de Juventudes, Círculos Doctrinales de José Antonio, miembros del FES, del Club 401, etc.; los católicos herederos de la CEDA que publicaban con las siglas D.C. evocando la Democracia Cristiana; los seguidores de Joaquín Ruiz Jiménez alrededor de la publicación Cuadernos para el Diálogo y cercanos a la socialdemocracia de Willy Brandt405; los monárquicos, diferenciados entre los juanistas y los juancarlistas; los carlistas o tradicionalistas, que desde el decreto de unificación en 1937 acabó también con los carlistas como tales, habiendo algunos que aceptaron las tesis juanistas, otros, los juancarlistas y los que quedaron fuera del sistema que crearon el Partido Carlista; y finalmente los tecnócratas capitaneados por Laureano López Rodó, Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio. En el otro extremo se hallaban los ilegales, los marginados: eran los comunistas, divididos en carrillistas y prosoviéticos; los grupos marxistas pro y filo., FRAP, MIL (anarquistas), etc.; los carlistas de tendencia socialista; los separatistas, ETA y en Cataluña los partidos que reclamaban el retorno del Estatuto de 1932406.
El 8 de mayo de 1974, seis profesionales de Televisión Española, la mayoría enlaces sindicales, fueron acusados de haber formado una célula comunista. Los caídos en desgracia eran: José Luis Calderón Martín, Ángel de la Cruz Bermejo, Francisco Abad Fuentes, Carmen Frías Arroyo, José Luis Gallego Cáceres y Gregorio Miguel González Linde. Estas detenciones, a un año vista de la muerte del dictador, son una clara evidencia de que el régimen nunca dejó de utilizar la amenaza y la represión como método de control estatal sobre la sociedad española.
Sin embargo, desde el otro lado de la barrera, muchos ciudadanos hacían lo que podían para intentar romper ese control informativo, filtrando noticias e ideas escondidas o disimuladas detrás de frases o expresiones que algunas veces carecían de fundamento. Uno de esos ejemplos lo vemos en las declaraciones efectuadas por el político e historiador Isidre Molas, cuando exponía en un artículo que «Los sistemas de control tradicional, como el parlamentarismo, se habían ido desgastando, pero había otros como la autogestión, el federalismo y la democracia directa». Con su queja sutil refiriéndose a la autorización de los escritos de Salvador Seguí, «el noi del sucre», dejaba entrever la censura todavía vigente407.
En las universidades catalanas la crispación estudiantil seguía latente debido al nuevo proyecto de selectividad que se quería poner en marcha, respondiendo los estudiantes con paros generalizados que automáticamente eran minimizados por el gobierno de la forma ya conocida, intentando dar una imagen de estabilidad fuera de la realidad. Por otro lado, a veces era sorprendente encontrar algunas manifestaciones que provenían del propio gobierno cuando utilizaba un lenguaje o unas palabras arriesgadas para la época; véanse como ejemplo las declaraciones efectuadas el 14 de mayo por el vicepresidente Antonio Barrera de Irimo cuando afirmaba que el cambio era necesario y la palabra democracia no era pecaminosa. La cuestión era poder interpretar el significado de esos conceptos sabiendo quien lo proponía.
El 25 de mayo, el ministro de la Gobernación, José García Hernández, presentó el proyecto de ley de Régimen Local en el Consejo Nacional. La novedad más destacable fue que, aunque los alcaldes de Madrid y Barcelona seguirían siendo elegidos por el jefe del Estado, a partir de entonces, y en los demás ayuntamientos, los concejales serían elegidos por el pueblo, que a su vez votarían al alcalde, siendo esto un pequeño avance en la representación ciudadana después de varias décadas. Como era de esperar, desde la oposición democrática se calificaron estos cambios simplemente como anecdóticos en un sistema decadente. Mientras tanto, el dato cultural se centró en el regreso a España de uno de nuestros grandes intelectuales, el novelista español Ramón J. Sender, exiliado en EE.UU.
Es de suponer que, en Cataluña, al igual que en el resto de España, la idea generalizada en la oposición, tanto de la derecha como de la izquierda, era que la vida del dictador se extinguiría a corto plazo. Por ese motivo, las reuniones y las coincidencias con representantes del poder, aprovechando generalmente encuentros culturales o económicos, se fueron incrementando, algunos tan llamativos como el encuentro organizado por el semanario Cambio 16 celebrado el 29 de mayo de 1974 en el Hotel Ritz, que fue bautizado por la prensa como: «la Bomba del Ritz». En ese lugar se reunieron políticos de la izquierda y derecha clandestina junto a miembros de la Asamblea, monárquicos y empresarios, algunos de ellos bastante conocidos, entre ellos: Joan Reventós, Agustí de Semir, Josep Solé Barberà, el Marqués de la Vega Inclán, Ramon Trías Fargas, Santiago Nadal, Josep Andreu Abelló, Lluís Carulla, Martí Más, Salvador Millet i Bel, Antoni de Moragas y Manuel Jiménez de Parga.
En aquellos días, la CCFPC distribuyó un folleto informativo en protesta por el proyecto de trasvase del rio Ebro, asunto polémico de incesante actualidad, que coincidió con la celebración de la X reunión de la CPAC, suspendida en octubre pasado408. Las conclusiones en este encuentro se basaron en constituir un punto de partida para reforzar el trabajo unitario en vista del progresivo deterioro del régimen franquista, mediante la extensión de la lucha popular. Por primera vez se hizo referencia a los constantes avances democráticos del pueblo portugués en el proceso de liquidación del salazarismo y del colonialismo, una situación que animaba y justificaba el trabajo incansable de las fuerzas de oposición. Después, tras una ronda de debates sobre la situación política en España, se llegó a la conclusión de que la única salida posible era la ruptura democrática frente a cualquier pretensión evolucionista, entendiendo que cualquier apertura otorgada desde el poder solo sería la conseguida por la presión popular. Partiendo de estos argumentos, se aconsejó intensificar la preparación de la II Sesión Plenaria de la Asamblea de Cataluña, adelantando algunas líneas generales de actuación, en las que destacó la descentralización geográfica y sectorial de la Asamblea, con el perfeccionamiento de las estructuras de coordinación y la constitución de nuevas asambleas comarcales, intercomarcales, sectoriales e intersectoriales, donde las luchas y reivindicaciones parciales y sectoriales serían prioritarias. De nuevo, la CPAC reivindicó nuevos y ambiciosos objetivos de lucha en favor de la amnistía general, en contra del sistema penitenciario represivo, de la pena de muerte, de la disolución de la BIS, por la libertad de Lluís María Xirinachs y el derecho al uso oficial del catalán, contra la corrupción, contra la abusiva subida de precios y el encarecimiento del coste de la vida con una administración democrática y autónoma, por la mejora de las condiciones del sistema educativo al servicio del pueblo y contra la selectividad409. Por supuesto, en el acto también hubo voces discrepantes por la deficiente labor de la Asamblea. Un miembro de Bandera Roja centró su crítica en tres temas preferenciales, argumentando el insuficiente protagonismo efectuado por la Asamblea en las iniciativas de movilización en el Proceso 1001, el asesinato de Puig Antich y el 1º de Mayo. El debate sobre el trasvase del rio Ebro y sobre el Plan Comarcal de Barcelona completó la exposición de propuestas de carácter medioambiental y urbanístico. Finalizando este encuentro, se leyó en acta la adhesión a esta permanente de nuevos partidos políticos: PSAN, FNC, PCE-I, BR, UDC, MSC, PSUC, ERC, PSOE y 18 delegaciones comarcales, reactivándose el proceso descentralizador.
El 1º de junio de 1974, Rodolfo Martín Villa fue nombrado gobernador civil de Barcelona, sustituyendo a Tomás Pelayo Ros. Por esas fechas, Jordi Pujol, que poco a poco iba saliendo del anonimato desde su puesto directivo en Banca Catalana, expuso mediante unas declaraciones, sus propuestas de futuro para Cataluña:
«Hay un doble juego —decía Pujol— que se ha intentado muchas veces pero que nunca ha salido bien, y es que Cataluña ha querido jugar de una parte con su afirmación, afirmación que debe ser muy vigorosa, acompañada de una proyección nuestra, catalana, hacia toda España. No es verdad que nosotros aspiramos solamente a ser presidentes de la Mancomunidad o de la Generalitat, podemos aspirar a ser presidentes del Consejo de Ministros de Madrid, o, al menos podríamos aspirar a ser no un ministro de Marina, pero sí un ministro de Fomento, de Hacienda o de Industria y, por qué no, primer ministro. Desde luego lo veo difícil si nosotros no queremos renunciar y no debemos renunciar a la defensa de nuestra identidad, pero hay el otro objetivo, que nosotros debemos tener una política de proyección a escala española y naturalmente esta será diferente pensada desde Barcelona que no desde Madrid. Nosotros tenemos unas líneas definidas para la actuación política en España, la línea europeísta que nos viene dada por la geopolítica. Cataluña es una marca hispánica que nació como frontera sur de los francos, no como último reducto de los visigodos.»410
Sin duda el sentido geográfico e histórico del futuro presidente de la Generalitat era clarividente. Su identificación más con el norte europeo que con el resto peninsular lo identifica a mí parecer de una forma desafortunada cuando justifica la diferenciación cultural desde una perspectiva superior e irreal buscando el distanciamiento entre Cataluña y el resto del Estado ligado al hecho diferencial de la cultura franca comparada con la visigoda.
Meses después del llamado «espíritu del 12 de Febrero», el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, visitó Barcelona a mediados de junio de 1974 anunciando en uno de sus discursos, en la línea de la ambigüedad, su punto de vista referente a la apertura teórica del régimen: «El tema asociativo —dijo— es una materia pragmática que debe ser promovida con equilibrio y autoridad», aunque fue el ministro José Utrera Molina el que indicó por donde iban a ir las líneas maestras de la apertura, ya que era al Movimiento el que le correspondía aportar el caudal vivificador411.
Por otro lado, es importante conocer qué se pensaba sobre la evolución política en nuestro país al otro lado de la frontera española. A ese respecto cabe mencionar las declaraciones efectuadas el 25 de junio por Juan de Borbón en las que justificaba que «Mi silencio no debe ser interpretado como falta de interés por los problemas de España. También para España se avecinan días cargados de graves problemas políticos y económicos»412.
La temporada estival de 1974 arrastró esta vez una serie de conflictos laborales y universitarios sin resolver. El 6 de julio de 1974 se convocó una huelga general que se extendió en el Baix Llobregat por las localidades de Cornellá, Sant Joan Despí, Martorell, Molins de Rei, Sant Felíu y Esplugues de Llobregat, a raíz de los conflictos de las empresas ELSA y Solvay.
El SCPAC, en el marco estratégico de apoyo a la lucha obrera, distribuyó un comunicado que, no por ser repetitivo, dejaba de tener impacto en la sociedad, exigiendo el derecho de huelga, las libertades sindicales y políticas en el contexto del derecho de asociación, de reunión, de expresión, y de un sindicato obrero. Sin embargo, aquel mes de julio fue en cierta manera diferente a los anteriores, pues coincidió que, por aquellas fechas, la salud del dictador comenzaba a dar señales de debilidad extrema. Esta situación fue utilizada por la oposición como medida de presión ante los previsibles cambios políticos que se avecinaban; véase como ejemplo que el título «Franco cerca de la muerte» fue el elegido por la Asamblea como cabecera en sus últimos comunicados por su impacto emocional. El SCPAC, en previsión de los nuevos acontecimientos, prefiguró los llamados «centros de poder popular» que en su momento podrían conectarse con la constitución de un hipotético gobierno provisional. Así, pues, todo indicaba que la vida del Caudillo se extinguía después de treinta y cinco años de dictadura y de mantener el país «atado y bien atado» como el último reducto del autoritarismo en Europa, sobre todo después de los recientes cambios democráticos en Portugal y Grecia.
Por otro lado, como ya era costumbre y aprovechando la temporada estival, se celebró al otro lado de la frontera el llamado «Aplec del Rosselló». El mensaje de la SCPAC dirigido a los participantes del evento se centró en el homenaje a la memoria del malogrado presidente de la Generalitat, Lluís Companys, con motivo de la inauguración de un monumento en Saint Cyprien en Flage, 34 años después de su fusilamiento. Con un caluroso saludo a los catalanes exiliados, la Asamblea anunció sus propuestas por la amnistía general para todos en su próximo retorno a España413.
Poco después, en otra concentración promovida por la Asamblea también realizada en el sur de Francia llamada el «Aplec de Toluges» el 28 de julio de 1974, se apreció la alta valoración que desde el exilio se tenía de la Asamblea por su apoyo a la amnistía general de presos y exiliados. A estos últimos se dirigió muy especialmente el SCPAC, exhortándoles a no cesar en su labor de convergencia entre todos los catalanes en el exilio, animándolos a expandir el mensaje que la Asamblea quería promover que era colaborar en la campaña por el Estatuto de 1932 y así en la «Crida al poble de Catalunya», según los acuerdos tomados en la III reunión Permanente414. La narración de los acontecimientos del 27 de julio de 1974 en el Rosellón se publicó en un documento del Bloc Catalá d’Estudians:
«La inauguración el 27 en Sant Cebriá, de cara al mar y mirando el Canigó, con la efigie de Companys en bronce, simbolizaba el sacrificio de un hombre y el sufrimiento de un pueblo. Las autoridades francesas dirigidas por el alcalde de la ciudad, Sr. Olibo, también con representación de la Prefectura de los Pirineos Orientales, Ayuntamiento de Perpiñán, Cámara de Comercio y de Industria, alcalde de Toluges y representantes de diferentes Comités y Asociaciones de Antiguos Combatientes. Del lado catalán, a parte del Sr. Valls de Gomis, representando a los voluntarios catalanes, destacó el Sr. Cornudella de la Comisión Preasamblearia de la Asamblea de Cataluña de los Pirineos Orientales junto con otros representantes de la Asamblea de Cataluña de Francia y Europa; el Sr. Batista i Roca, del Consell Nacional Catalá, Lluís Fortet de la Federación de Entidades Catalanas en el exilio y en la Emigración.»415
Josep Tarradellas, que fue invitado al acto, excusó su asistencia y envió un telegrama que fue leído en público. Los eventos preparados al efecto se desarrollaron en medio de numerosas banderas catalanas y francesas y con diversos mensajes de adhesión a la Asamblea, pidiendo Amnistía, Libertad, Estatut y Coordinación.
Es interesante puntualizar que las resoluciones aportadas en esta reunión fueron encaminadas en la urgente necesidad de proceder a la creación de un gobierno provisional y la necesidad de que las delegaciones de la Asamblea del interior y el exterior de Cataluña contactasen con el presidente de la Generalitat para constituir dicho gobierno. También se añadió un informe sobre el concepto de amnistía y su diferenciación del indulto, sobre a quienes había de afectar y, por qué la voluntad de pedirlo. Lo firmaron: Comissións pro-Asamblea de Andorra, Inglaterra, Beziers, Burdeos, Marsella, Montpellier, París, Perpiñán, Suiza y Tolosa.
El 1º de septiembre de 1974, tras el pequeño intervalo en que el Generalísimo había delegado las funciones de jefe de Estado en el príncipe Juan Carlos, se volvió a la normalidad institucional con el alta médica del general, que reasumió la Jefatura del Estado416. En esta nueva etapa, comenzó a notarse un cierto retraimiento de la política aperturista anunciada a bombo y platillo por el gobierno de Arias Navarro. Comentarios como los que hizo el alcalde de Madrid, Miguel Ángel García Lomas, anunciando el 24 del mismo mes que sería retrógrado volver a los partidos políticos, nos devolvía al lenguaje de siempre, una de cal, otra de arena y vuelta a empezar.
393. Tele/eXpres, 20-12-1973.
394. Movimiento Ibérico de Liberación (M.I.L.), nacido entre diciembre de 1971 y enero de 1972. Su militancia provenía de los Grupos Obreros Autónomos (GOA) que era una escisión de carácter más ácrata de las denominadas Plataformas. Estas fueron creadas por iniciativa de Manuel Murcia, perteneciente al grupo denominado «Qué Hacer», trabajador del metal, que procedía de la JOC, y del teórico José Antonio Díaz. El M.I.L. era un nuevo estilo de organización obrera contraria a lo que se consideraba la burocracia naciente sindical en las clandestinas CC.OO. y exaltadores de la espontaneidad de las asambleas de cada lugar de trabajo como forma de actuar. Sus publicaciones serían Nuestra clase y el Diccionario del militante obrero, cuya divisa «Dos pasos adelante y ninguno atrás» fue adoptada por el M.I.L. Los miembros de este grupo denominados Grupos Autónomos de Combate (GAC) eran los que atracaban bancos y facilitaban el dinero al grupo teórico que publicaba a través de Ediciones Mayo 37 sus publicaciones entre ellas Conspiración Internacional Anarquista (CIA) donde el Comisario Antonio Juan Creix era uno de sus personajes predilectos. En agosto de 1973 se produce en Francia una especie de congreso donde se enfrentan dos tendencias autodenominadas «organizacionales» y la de «afinatarios». A partir de ese momento se autodisuelve el MIL quedando solo el GAC. A partir del 15 septiembre de 1973 se van produciendo una serie de detenciones que culmina con la detención el 25 de Javier Garriga Paituví y Salvador Puig Antich donde este último dió muerte al subinspector de policía Francisco Anguas quedando él mismo gravemente herido. Puig Antich fue condenado a muerte junto al polaco Heinz Txez y al guardia civil Antonio Franco, por haber matado a su capitán en Huelva. Las ejecuciones se efectuaron el primero de marzo de 1974. Más tarde destacaron las manifestaciones efectuadas el 5 y 10 de marzo. Las detenciones efectuadas el 22 del mismo mes a 22 anarquistas pertenecientes algunos a la Organizaciò de Lluita Armada (OLLA) con una estrategia parecida al MIL, fue de lo mas destacable junto con la aparición el 3 de mayo de los Grupos de Acción Revolucionaria Internacional (GARI) que entre sus reivindicaciones protestaban por la ejecución de Puig Antich, en los datos encontrados en AHGCB, Caja n.º50, Jefatura Superior de Policía (nota informativa), «Desarticulación del grupo denominado OLLA, incautación del aparato de propaganda, armamento y material explosivo», 23-9-1974. La organización MIL se dispersó en dos vertientes capitaneados por los hermanos Jorge e Ignacio Solé Sugrañes, denominándose la primera Grupos Autónomos de Combate (GAC) y la otra parte no se definió, aunque utilizó intermitentemente el nombre de MIL. El GAC lo formaron entre otros: Jorge Solé Sugrañes, Raimundo Solé Sugrañes (el hermano más joven), Eva (novia de Garriga Paituvi). El otro grupo indefinido lo formaban: Ignacio Solé Sugrañes, Felipe Solé Sabaté (alias Barbas, Genet), Juan Jorge Viñolas Vidal, Georgina Nicolau Villa, Ramón Carrión Sánchez, Nuria Ballart Capdevila, Enrique Conde Martínez y los conocidos como «Gaudí, Play Boy y Gafas». Tras diferentes divergencias, este segundo grupo se escindió formando «Los Congresistas» y «OLLA», añadiéndose a estos segundos Pedro Bartres Ametller (alias Pere II), José Ventura Romero Tajes (alias «Gallego») y Roberto Safont Sisa (alias «Papa Hostias»), entre otros, en HUERTAS, Josep Mª, «MIL, l’organització que tingué màrtirs i sigles sens voler-ho», L’Avenç n.º 70, 1984, p. 17.
395. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 84.
396. BATISTA, Antoni, op. cit., p. 55.
397. Tele/eXpres, 3-1-1974.
398. Tele/eXpres, 4-1-1974.
399. Ministro de Trabajo (1941-57). Fundador de las JONS.
400. BARRERA DEL BARRIO, Carlos, Sin Mordaza. Veinte años de prensa en democracia, Madrid, Temas de Hoy, 1995, p. 23.
401. BATISTA, Antoni, op. cit., p. 125.
402. Marcelo Caetano, primer ministro de Portugal (1968-1974). António Sebastiao Ribeiro de Spinola, presidente de la República de Portugal (mayo-septiembre de 1974). Francisco da Costa Gomes, presidente de la República de Portugal (1974-1976).
403. Tele/eXpres, 14/27-3-1974.
404. Mario Soares, político socialista portugués, presidente de la República (1986-1996).
405. Willy Brandt (Herbert-Karl Frahm), político socialdemócrata alemán, canciller federal (1969-1974). Su dimisión en 1974 fue debida a una negligencia en un caso de espionaje.
406. Tele/eXpres, 13-4-1974.
407. Tele/eXpres, 6-4-1974.
408. AHCNOC, «Asamblea de Cataluña». «Acords de la X reunió de la CPAC.», Carpeta, 5/1974.
409. Desde el exterior, la Comissió de Perpinyà, dentro del Butlletí d’Informació, reprodujo el mismo mensaje distribuido en el interior con el añadido del Himne a l’Assemblea de Catalunya, en MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 85-86, 194.
410. Tele/eXpres, 8-6-1974.
411. Tele/eXpres, 15-6-1974.
412. Tele/eXpres, 25-6-1974.
413. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 88-91. Para más información ver también, CLAM (butlletí d´informacions catalanes) n.º 15 en septiembre de 1974, editado por «les amis de la culture catalane de Marsella» (Francia).
414. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 107.
415. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 196.
416. Tele/eXpres, 1-9-1974.
