Читать книгу El Derecho Internacional Público - Favio Farinella - Страница 56

Como se ha desarrollado en este artículo, el derecho a la comunicación entre los agentes diplomáticos y el gobierno del Estado acreditante es esencial para el cumplimiento de las tareas de la misión diplomática. Tanto las funciones de negociación como de protección, dependen en gran medida de la información que lícitamente los agentes diplomáticos puedan obtener sobre la situación en el Estado receptor y que puedan comunicarla a su Estado de origen.

Al respecto, sin duda los nuevos avances tecnológicos han facilitado una comunicación más directa e inmediata entre los Estados y sus misiones diplomáticas.

Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información y comunicación incrementan los riesgos de que se vulnere la confidencialidad de las comunicaciones y documentos diplomáticos y queden expuestos masivamente a la opinión pública como se ha visto.

Ante lo ocurrido con la difusión realizada por la página web Wikileaks, las reacciones de los gobiernos incluidos en los informes del Servicio Diplomático de EEUU ha sido dispar. Por un lado la justicia australiana ordenó investigar la revelación de documentos estadounidenses y apoyará eventualmente acciones judiciales de Washington contra el portal de internet fundado por el australiano Julian Assange,[197] mientras que otros han mantenido silencio o minimizado la situación.

En tal sentido, los Estados deberán reconsiderar y reforzar las medidas de seguridad de sus sistemas informáticos para evitar la filtración las comunicaciones y documentos confidenciales, como así también un manejo responsable y cuidadoso de las relaciones diplomáticas.

Sin dudas, la difusión masiva de información de carácter confidencial perjudica las relaciones entre los Estados y puede poner en riesgos la seguridad de la comunidad internacional, no obstante ello, el respeto por la legalidad y la soberanía de los Estados deben continuar siendo principios rectores de las relaciones internacionales. Asimismo, hay que tener en cuenta que debe realizarse un análisis serio de la información divulgada, ya que no toda está basada en investigaciones o en fuentes confiables o profesionales sino que mucha información proviene de comentarios o rumores, lo que hace que su exactitud no sea segura, aún más si provienen de medios periodísticos del Estado receptor, los cuales son en algunos casos fuertes opositores o críticos recurrentes de los gobiernos de dichos países, como ocurre con Bolivia, Argentina, Ecuador y otros Estados de la Región.

Esto se debe a que la desregulación de los medios de comunicación y la concentración de los mismos en pocos grupos han contribuido a la declinación del espacio público en tanto arena democrática. Las presiones tanto económicas como políticas han llevado a las redacciones a privilegiar las informaciones livianas (soft news) o dar importancia a comentarios en detrimento de las investigaciones sobre los asuntos públicos.[198]

Conforme lo expuesto, los Estados deberán reconsiderar la seguridad de los canales de información, principalmente la seguridad informática, pero asimismo deberán trabajar en la verificación de la información y de sus fuentes, especialmente en el Estado receptor, evitando los rumores y la información sin respaldo suficiente; por otra parte, la abundancia de información sin el suficiente procesamiento y filtración conspiran contra un real y efectivo servicio diplomático de los países acreditados en consonancia con la normativa internacional vigente.