Читать книгу La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Fidel Cadena Serrano - Страница 119

La STS de 7 de julio de 2016 (RJ 2016, 3786), examina un supuesto de instalación policial de un dispositivo GPS en un vehículo sin autorización judicial, antes de la reforma operada en la LECrim por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Con análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TEDH, hace una distinción significativa cuando la injerencia recae sobre cosas y no sobre personas, se distingue, pues, si el dispositivo GPS es aplicado directamente sobre objetos, para su localización, o para la localización de personas, ya que solo respecto a estas últimas puede verse afectado el derecho a la intimidad, y concluye que en ese concreto caso no se había vulnerado el derecho a la intimidad con tal intensidad que hubiese sido necesaria la previa autorización judicial.

Por lo demás, el derecho a la intimidad es disponible, de manera que el consentimiento eficaz del sujeto pasivo permitirá la inmisión en su derecho a la intimidad, siendo que aquel no precisa ser expreso; en un caso de utilización compartida de un ordenador: incorporación de fotografías o documentos digitales a un dispositivo de almacenamiento masivo por varios (STS de 19 de abril de 2017 [RJ 2017, 1702]).