Читать книгу Derecho financiero y tributario - Francisco M. Carrasco González - Страница 10

En relación a los gastos públicos como objeto del Derecho Financiero, es necesario resaltar lo siguiente: nuestra disciplina se ocupa de los gastos públicos únicamente en lo concerniente a los mecanismos o procedimientos formales que gobiernan la asignación, desembolso y control del empleo de los recursos públicos. La mayor parte del régimen sustantivo de los gastos públicos escapa, en cambio, a nuestro estudio y entra en la teoría del servicio público.

Pensemos, p. ej., en los servicios públicos de la sanidad, la enseñanza, la defensa, la Seguridad Social. El análisis de la regulación sustantiva de estos servicios entra de lleno en el ámbito de otras disciplinas. Generalmente en la parte especial del Derecho Administrativo, que es el ámbito adecuado para la teoría del servicio público.

Al Derecho Financiero interesa, en cambio, el estudio de las normas que regulan la asignación de los recursos públicos a esas atenciones, la decisión sobre cuánto gastar en Educación, en Defensa, en Sanidad, etc., así como las normas que rigen la efectiva realización de esas decisiones (la ejecución del gasto público) y, por último, el control de la correspondencia entre la asignación de recursos y su puesta en práctica. En resumen: los procesos jurídicos de asignación, ejecución y control del empleo de los recursos públicos.

Todos los procesos que acaban de ser aludidos giran en torno a una institución fundamental del Derecho Financiero: el Presupuesto (del Estado o de otros Entes públicos). El Presupuesto es la pieza básica que establece la asignación de los recursos públicos a las diversas necesidades colectivas, de acuerdo con las preferencias (políticas, en última instancia) de la representación popular al correspondiente nivel. La ejecución por la Administración correspondiente de dichas decisiones, así como el control de la misma, son las fases que de manera lógica se suceden en el ciclo.

De manera que de forma abreviada podemos identificar la ordenación jurídica del gasto público, en el aspecto que nos interesa, con el concepto de Derecho Presupuestario, comprendiendo bajo el mismo el conjunto de los principios y normas que rigen la institución a lo largo de todo el ciclo a que hemos hecho referencia.