Читать книгу La Argentina entre dos guerras, 1916-1938 - George V. Rauch - Страница 8

Según los historiadores radicales, Yrigoyen llegó a la presidencia decidido a mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Sin embargo, accedió al poder sin el más mínimo indicio de un programa para lograr este objetivo. En cambio, para atraer a la masa de trabajadores, las mimó y halagó. En el Congreso, los diputados radicales provinciales allanaron el camino para muchos de sus compañeros provinciales que, deslumbrados por el encanto de la Capital, llegaron a Buenos Aires. Para asegurar su lealtad, el gobierno se vio obligado a crear puestos de trabajo por cientos. El número de empleados municipales de la ciudad de Buenos Aires creció de 11.732 en 1914 a 14.097 en 1920 y a 14.801 al final de su mandato en 1922. Del mismo modo, los recién graduados de las escuelas normales o de las universidades de la ciudad podían contar con una “palabra” de los jefes políticos del partido radical para asegurarse un trabajo en cualquiera de los diversos ministerios gubernamentales. También empleó el sistema de clientelismo liberalmente para fortalecer al partido entre las clases medias urbanas.⁹

Para atraer votos de la clase trabajadora, Yrigoyen manipuló su imagen. Después de asumir la presidencia donó su salario, como lo había hecho antes. Sin duda, los radicales, tal como otros gobiernos anteriores, recurrieron al clientelismo para atraer a los votantes, pero demostraron poca motivación para promulgar legislación capaz de mejorar la suerte de la clase trabajadora. Los primeros gremios obreros en la Argentina se establecieron en la segunda mitad del siglo XIX, comenzando con los tipógrafos en 1867, los panaderos en 1886, los maquinistas de locomotoras y foguistas en 1887 y los carpinteros en 1889. Las organizaciones buscaban mejorar las condiciones de trabajo, así como sus salarios. Cuando la patronal trató de ignorar estas demandas, la clase trabajadora respondió con paros. Entre los primeros en declararse en huelga fueron los tipógrafos en 1874, seguidos por los panaderos en 1886, los ferroviarios en 1886 y los carpinteros en 1889. Estas acciones ocurrieron con mayor frecuencia durante las décadas siguientes. Hubo cuatro huelgas importantes en 1890, siete en 1892, nueve en 1894, diecinueve en 1895 y veintiséis en 1896. A principios del nuevo siglo, tales paros ocurrieron en números cada vez más crecientes: 231 en 1902 y 198 en 1910.¹⁰

Cuando Roca asumió la presidencia por segunda vez, las relaciones con Chile se hallaban en un punto crítico por una larga y molesta disputa fronteriza. Una vez que esta cuestión se resolvió con éxito en 1902, el presidente centró su atención en las cuestiones sociales, y percibió la necesidad de una legislación laboral adecuada que estableciera relaciones entre capital y trabajo, instituyera deberes y derechos recíprocos y mitigara abusos. En 1904, decididos a resolver los problemas sociales de manera humanitaria, Roca y los líderes de la generación del 80 enviaron al Congreso una propuesta de proyecto de ley nacional de derecho laboral. La legislación proyectada contenía no menos de 465 artículos que se ocupaban de una amplia gama de temas, tales como contratos laborales, accidentes de trabajo, duración de la jornada laboral, higiene y seguridad en el lugar de empleo, trabajo en el hogar, y la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. El Partido Socialista lo aprobó con entusiasmo pero, curiosamente, el proyecto produjo la seria oposición de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), la Unión General de Trabajadores y, como era de esperar, de la Unión Industrial.¹¹

En 1907 Alfredo B. Palacios, diputado socialista del distrito de la Boca, presentó un proyecto de ley que regulaba el trabajo de niños y mujeres. En ese mismo año el diputado Julio A. Roca, hijo del expresidente, propuso un aumento en el presupuesto del Ministerio del Interior para permitir la creación de una entidad para desarrollar una legislación laboral adecuada. A pesar de la oposición en el Senado, el proyecto fue aprobado, y un decreto presidencial de fecha 14 de marzo de ese año estableció el Departamento Nacional del Trabajo, que en el transcurso de los siguientes doce años promulgaría más de cincuenta leyes laborales, aunque algunas de sus disposiciones se aplicarían gradualmente. A través de los valientes esfuerzos tanto de anarquistas como de líderes laborales socialistas, la jornada laboral de ocho horas fue instituida por el uso el 1 de mayo de 1904, y oficialmente sancionada como ley 11.544 el 12 de septiembre de 1929. Se aprobaron leyes que establecían el descanso dominical (1905), que regulaban el trabajo de las mujeres y los menores (1907) y la ley 9.868 relacionada con accidentes de trabajo, promulgada el 29 de septiembre de 1915.¹²

Antes de su elección en 1916 Yrigoyen hizo uso de la maquinaria del partido radical para distribuir alimentos y otros favores entre los votantes potenciales. Rara vez se interesaba en cuestiones sociales ni tenía la previsión de idear ningún programa socioeconómico para mejorar la condición de la clase trabajadora. Dicha legislación laboral, que existía en los estatutos, era obra en gran parte de la “oligarquía” y líderes socialistas, como Alfredo B. Palacios y Nicolás Repetto.¹³