Читать книгу Instituciones, sociedad del conocimiento y mundo del trabajo - Gonzalo Varela Petito - Страница 29

En los años de la ISI, el sector público cumplió directa e indirectamente un papel fundamental, al crear la infraestructura institucional de ciencia y tecnología (CT) e intervenir en la formación de capital humano para apoyar la generación de capacidades tecnológicas locales (Bisang y Malet, 2000; Capdevielle, Casalet, y Cimoli, 2000; Crespi y Katz, 2000; Tigre, Cassiolato, De Souza Szapiro y Ferraz, 2000).

En ese entonces el conocimiento se asimilaba a un bien público, entendido como un activo no excluible y no rival en el consumo. Consecuentemente, se suponía que para que el conocimiento se difundiera y circulara dentro de la economía sería suficiente estimular su producción; es decir, intervenir incentivando el lado de la oferta. A partir de esa visión se implementó una política tecnológica cuyos rasgos comunes están resumidos en los tres puntos siguientes.

1. Patrón lineal y top-down de difusión del conocimiento. Durante la época de la industrialización por sustitución de importaciones prevalecieron los aspectos comerciales y cambiarios de las políticas, así que las políticas de (CT) desempeñaron más funciones facilitativas y de apoyo que normativas y orientadoras.

En esa fase, las políticas de ciencia y tecnología no surgieron de las necesidades del mismo sector productivo y fueron orientadas por el sector público y delineadas según las prioridades de desarrollo industrial identificadas estatalmente. En este contexto, los instrumentos de política estaban diseñados asumiendo que las innovaciones y el conocimiento codificado se transfirieran siguiendo una trayectoria lineal y unidireccional desde los centros de investigación y universidades; o sea, desde el lado de la oferta, hacia la estructura productiva (Yoguel, 2003).

2. Oferta institucional centralizada y selectiva. El conjunto de las políticas tecnológicas establecidas en América Latina en los años de la ISI, al enfocarse en el fomento del papel del Estado y del sector público en la generación de conocimiento, determinó que 80% del gasto en investigación y desarrollo (I&D) derivase de fondos públicos y que la mayoría de dichas actividades fuese realizada en las empresas públicas que se concentraban en los sectores de telecomunicaciones, transporte y energético, así como en los institutos tecnológicos de propiedad del Estado relacionados con los sectores agrícola, energético nuclear, minero, forestal y aeronáutico (Katz, 1987; CEPAL, 2002). Básicamente se establecieron políticas de oferta selectiva y de apoyo sectorial que fomentaron distintas conductas tecnológicas según el tipo de empresa y el origen del capital. Por ejemplo, en el caso de los grandes conglomerados locales, más que hacia el fomento de la creación de tecnologías locales, las políticas tecnológicas se orientaron hacia la búsqueda de vinculaciones con las empresas extranjeras. Este sistema se llevó a cabo utilizando en gran medida subsidios y aranceles como mecanismos para favorecer la generación, la adaptación y la transferencia al medio local de tecnología y conocimientos elaborados por empresas extranjeras (CEPAL, 2002).

En la región, como consecuencia de la conducta tecnológica del sector público, surgieron nuevas plantas y se desarrollaron nuevas ramas industriales, se introdujeron algunas mejoras en los productos y en los procesos productivos locales, se verificaron procesos intrarregionales de transferencia de tecnología y se logró impulsar el desarrollo del aparato industrial local (Katz, 1987; Stumpo, 1998). En referencia a este último punto cabe señalar que la modernización no se registró en todos los sectores, sino que quedó circunscrita a un pequeño conjunto de grandes conglomerados locales.

3. Predominancia del sector público y del mundo científico en gestión de las organizaciones. El presupuesto para la realización de las actividades de investigación y desarrollo in extenso (I&D) y de ciencia y tecnología in extenso (CT) de los organismos e institutos era asignado por el Estado según las prioridades de la agenda de gobierno. Al mismo tiempo, las estrategias y los intereses del mundo científico y de los investigadores jugaban un papel central en la determinación de los proyectos y de las prioridades de investigación. Por lo tanto, las actividades de investigación realizadas por los organismos de CT resultaban fuertemente determinadas por los intereses de los investigadores, y en la mayor parte de los casos, mostraban un débil vínculo con las exigencias del sector productivo.

En ese periodo, los organismos de CT no consideraban el autofinanciamiento como una fuente de financiamiento normal y corriente, ni lo valoraban como un instrumento importante para asegurar la sostenibilidad financiera interna de largo plazo. La gestión de las organizaciones de CT reflejaba el modelo de gestión del sector público, y por lo tanto el modelo de gestión aplicado era jerárquico y piramidal. Se asignaban las competencias según la jerarquía, y en la mayor parte de los casos los organismos de CT utilizaban criterios de evaluación y mecanismos de recompensa basados en la ancianidad. El hecho de que no se aplicasen mecanismos de evaluación basados en los resultados ayuda a explicar la poca flexibilidad y el escaso nivel de adaptabilidad de la infraestructura institucional de CT a las demandas del sector productivo.