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9.2 Condiciones favorables por parte del Estado

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Si en el periodo silente el Estado estuvo totalmente ausente de los emprendimientos fílmicos, salvo en algunas intervenciones de carácter censor, las cosas van cambiando en los primeros años de la década de los treinta a medida que el negocio cinematográfico se va asentando. No es que los gobiernos de ese entonces desempeñen un rol decisivo, ni mucho menos, en el despegue de las industrias, y sería no solo un exceso sino un grave error atribuirles esa responsabilidad. Pero sí hay, más que medidas que respalden o afiancen las iniciativas de las empresas y productores, condiciones empresariales y laborales que facilitan esa dinámica sin mayores interferencias y en ese sentido la escasa o nula participación del Estado termina protegiendo aun por omisión la construcción de las industrias fílmicas. Incluso, a diferencia de lo que vemos en los tiempos actuales, inicialmente los productores ni pidieron ni pugnaron por favores estatales más allá de ayudas puntuales (no financieras) para el rodaje de ciertas películas.

En México la estabilidad política lograda después de años muy tormentosos, así como el despegue industrial, favorecieron una atención que en la década anterior hubiese sido altamente improbable. A este respecto, la investigadora Rosario Vidal Bonifaz (2010) señala “Cabe aquí la hipótesis de que dicha fase de experimentación genérica y de crecimiento industrial sin parangón en la historia fílmica mexicana hubiera sido imposible en una situación social inestable como la de la coyuntura política de los años veinte” (p. 167). El gobierno de Lázaro Cárdenas que se inicia en 1934 propicia, según palabras de la misma Rosario Vidal, “un nacionalismo cinematográfico de izquierda” (p. 175), apoyando o alentando películas que están a tono con las políticas reformistas que promueve Cárdenas; una de ellas Redes (1936) que dirigen Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel. Otro ejemplo está en la colaboración con tropa, material bélico y vestuario en el rodaje de Vámonos con Pancho Villa (1936), que dirigió Fernando de Fuentes. Sin embargo, y aunque hubo algunas medidas de protección y un marco de condiciones favorables para la producción, la Ley de la Industria Cinematográfica Mexicana se promulgó 14 años después, en 1949.

Aun así, no se le puede atribuir al gobierno de Cárdenas el despegue que el cine mexicano tendrá durante el sexenio que administra, pues ese despegue es básicamente obra de emprendimientos particulares que obtienen resultados económicos muy favorables y que permiten asentar una industria nacional con proyecciones continentales.

En Argentina, el Estado brilla por su ausencia; prácticamente no participa pero deja que las cosas caminen. Aunque hubo intentos de intervención censora entre 1935 y 1940, con la creación de un Instituto Cinematográfico del Estado (Peña, 2012, p. 83), la producción pudo desarrollarse sin mayores inconvenientes. Al menos, no hubo trabas en la dinámica de construcción de la industria local. También aquí hubo que esperar hasta 1947 para la creación la Ley de Protección al Cine.

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