Читать книгу Lecciones de economía española - José Colino Sueiras - Страница 28

A largo plazo, el crecimiento de la renta per cápita suele ir acompañado de determinadas transformaciones estructurales que favorecen su continuidad o hacen más equitativa su distribución entre la población. España tampoco ha sido en esto diferente a las demás economías durante el periodo que se está considerando.

Enlazando con lo ya señalado en el capítulo precedente, se destacan ahora cinco cambios de esa naturaleza. El primero de ellos es el cambio de la estructura productiva, en favor de la industria y los servicios y en detrimento de la agricultura (de «desagrarización» se habla en dicho capítulo). Esta transformación estructural incide positivamente sobre la renta per cápita de la economía: en las primeras fases de industrialización, debido a que la productividad del trabajo es mayor en la industria y los servicios que en la agricultura, por tratarse de actividades más intensivas en capital; y en etapas más avanzadas del desarrollo económico, porque aumenta el producto por trabajador en la agricultura, al favorecer el equipamiento y la modernización de esta.

El cuadro 1 muestra la profunda remoción que ha sufrido el empleo en los países desarrollados durante el último tercio del pasado siglo. Sobresale, con todo, el cambio en los más atrasados. En 1960, casi un 40 por 100 de los trabajadores españoles estaban ocupados aún en la agricultura; en 2018, solo alrededor de un 4 por 100; descenso en la ocupación agraria que se produce en favor de la industria y de los servicios. Aunque más tarde, también tiende a descender sensiblemente el peso de la industria en el empleo agregado.

Cuadro 1. Crecimiento y cambio en la ocupación de la población. Comparación internacional, 1960-20181 (distribución porcentual del empleo entre actividades productivas)

	Agricultura y pesca	Industria, energía y construcción	Servicios
	1960	1985	2018	1960	1985	2018	1960	1985	2018
Alemania	14,0	4,6	1,2	47,0	41,0	28,8	39,0	54,4	70,0
España	38,7	18,3	3,4	30,3	34,1	19,5	31,0	47,6	76,4
Francia	23,2	7,6	2,9	38,4	32,0	20,4	38,4	60,4	72,4
Grecia	57,1	28,9	12,1	17,4	27,4	15,3	25,5	43,7	72,6
Italia	32,6	13,6	3,9	33,9	35,9	26,3	33,5	50,5	69,8
Irlanda	37,2	16,3	4,8	23,7	29,0	17,7	39,1	54,7	77,5
Portugal	43,9	18,6	6,8	31,3	34,2	24,8	24,8	47,2	68,4
Reino Unido	4,7	2,3	1,1	47,7	34,8	18,4	47,6	62,9	80,5
UE-12	22,6	8,2	3,4	39,5	34,5	24,0	37,9	57,3	72,6
UE-28	nd	nd	4,3	nd	nd	24,0	nd	nd	71,7
Estados Unidos	8,4	3,1	1,7	33,4	26,9	18,9	58,2	70,0	79,4
Japón	39,5	8,4	3,7	28,5	34,6	26,8	32,0	57,0	69,5

Nota: (1) La no exacta coincidencia de las cifras referidas a España con las que figuran en otros cuadros del libro se debe a las fuentes internacionales aquí utilizadas.

Fuente: OCDE, Labour Force Statistics.

La segunda transformación estructural de relieve es la internacionalización de la economía española, a través de los flujos de comercio e inversión con el resto del mundo. Una transformación tanto más necesaria cuanto menor dimensión territorial y poblacional posee una nación, y cuanto mayor es la madurez y complejidad de su proceso productivo, porque menor es entonces su capacidad de autoabastecimiento y mayor la limitación que impone el mercado interior a la consecución de economías de escala y al desarrollo tecnológico.

La economía española partía en 1960 de un nivel sensiblemente inferior de exposición a la competencia exterior al de las economías europeas más avanzadas (aunque similar al de otras de mayor dimensión, como Japón), pero experimentó después un proceso de apertura más rápido, hasta alcanzar al final del decenio de 1990 el nivel de países como Alemania y Francia, que han formado parte de la Unión Europea desde el fundacional Tratado de Roma de 1957.

Esta apertura a la competencia externa, unida a una liberalización de los mercados interiores, ha ejercido un efecto favorable sobre el crecimiento, al propiciar una mayor especialización productiva y una mejora de la productividad. No en vano el crecimiento ha sido más rápido en las épocas que han seguido a la reducción de barreras proteccionistas.

Por otra parte, la expansión de las exportaciones españolas que esta apertura ha propiciado, no solo ha tenido un efecto beneficioso sobre la demanda final agregada, la producción, el empleo y el déficit externo: también ha aumentado el tamaño y la productividad de las empresas exportadoras, mejorando su capacidad competitiva.

Pero el progreso de la internacionalización de las empresas españolas ha sido aún más vigoroso desde la perspectiva de la inversión en el exterior, cuyo desarrollo ha tenido lugar más tarde, pero con una inusitada intensidad. Baste señalar que el stock de inversión de España en el resto del mundo representaba tan solo un valor equivalente al 3 por 100 del PIB en 1990 y hoy supera el 50 por 100, habiendo incluso aumentado ligeramente durante la crisis financiera iniciada en 2008. Con el despliegue de sus filiales en el exterior (más de 10.000) las grandes empresas españolas se han convertido en multinacionales.

El tercer cambio estructural seleccionado es la ampliación de los recursos públicos o, lo que es lo mismo, la mayor importancia de las Administraciones Públicas, que puede ser medida por el aumento de peso del gasto público en el PIB. Este es un hecho empírico común a otros países, que ha afectado muy positivamente a la distribución de la renta, aunque quizá a cambio de ralentizar el crecimiento. Pues, en efecto, si bien una parte del gasto público ha estimulado la productividad del sector privado, favoreciendo la acumulación de capital en sus diversas formas (infraestructuras de toda índole, tanto económicas –transporte, comunicaciones, energía, investigación y desarrollo– como sociales –educación y sanidad–), la vertiente de los recursos públicos que ha revelado un mayor dinamismo ha sido la de transferencias (pensiones, desempleo...), favorecedora del consumo, en lugar de la inversión, dado que los perceptores de subsidios poseen mayoritariamente bajos o moderados niveles de ingresos.

Una mejor combinación de efectos productivos y distributivos del gasto público se habría logrado con un mayor impulso de las infraestructuras sociales, en particular de la educación, dado que esta constituye una vía muy importante de distribución de renta, no reñida con la eficiencia.

La cuarta transformación estructural que debe reseñarse es la mayor equidad en la distribución de la renta, considerada en sus tres vertientes, funcional, personal y espacial, aunque lamentablemente este es un aspecto en el que no se registran importantes avances desde hace ya más de dos décadas, a pesar de no haberse logrado aún una completa convergencia con las principales economías europeas.

El aumento de la equidad es más claro desde la óptica de la distribución personal. Al igual que en la mayoría de los países europeos, el peso de la renta acumulada por el décimo (decila) de población con más riqueza ha descendido en España, reflejando una mejora de la distribución de la renta entre la población que, sin embargo, se ha concentrado mucho en el tiempo, en los decenios de 1970 y 1980, y de forma particular en este último. Esta mejora distributiva contrasta con el empeoramiento que tuvo lugar en los decenios anteriores como reflejo quizá, algo anacrónico en una etapa tan tardía, de la evidencia encontrada por Simon KUZNETS y Hollis CHENERY en sus primeros estudios empíricos: en los momentos iniciales de la industrialización la distribución se hace menos equitativa.

El avance en la equidad en la distribución de la renta ha favorecido el crecimiento económico, al asegurar la vertebración social y la estabilidad institucional de España, factores imprescindibles para una eficaz asignación de los recursos. Por esta misma razón, el aumento de la desigualdad que ha tenido lugar en los años de la crisis financiera internacional empaña, al tiempo que limita, la sobresaliente recuperación que vivió la economía española hasta 2019, reclamando medidas correctoras que los efectos de la pandemia hacen más urgentes.

La quinta transformación estructural de relieve, la más reciente, reside en el rápido y pronunciado incremento de la población inmigrante. En marcado contraste con otros países europeos, en España apenas había inmigrantes en 1990 (0,9 por 100 de la población total). Sin embargo, desde esta fecha, y particularmente desde 1995 hasta el comienzo de la crisis en 2008, su número se incrementó muy rápidamente, alcanzando al final del periodo un volumen equivalente al 14 por 100 de la población española, el nivel más alto de la Unión Europea, aunque algunos otros países tienen un mayor número de descendientes de inmigrantes.

La entrada de inmigrantes ha favorecido el aumento de la población en edad de trabajar y del empleo, impulsando el PIB al alza de forma muy sensible. Además, los beneficios fiscales de este importante cambio estructural parecen haber sido más elevados que los costes fiscales y sociales asociados (véase el capítulo 12). Adicionalmente, deben anotarse otros beneficios de orden social y cultural.